Todas las personas que a partir de este viernes, 18 de diciembre, viajen a Canarias desde cualquier lugar de España, excepto los menores de seis años, deberán contar con un test de COVID-19 con resultado negativo realizado en las 72 horas previas a su llegada a las islas, según una orden del Gobierno de Canarias.
Las personas que no se hagan la prueba antes de su llegada tendrán que aislarse y hacérsela en las islas en las 72 horas siguientes, o en caso contrario permanecer aislados en su residencia durante 14 días, según establece la orden, en la que se precisa que se admiten tres pruebas: PCR, TMA y test de antígenos.
La orden de la Consejería de Sanidad, publicada este martes en el Boletín Oficial de Canarias, estará en vigor desde el 18 de diciembre y hasta el 10 de enero, aunque puede ser prorrogada.
El Gobierno de Canarias justifica estas medidas, para las que hay algunas excepciones tasadas, en que casi todo el territorio nacional está en riesgo epidemiológico alto o muy alto, mientras que el archipiélago se sitúa en rango medio aunque con tendencia ascendente.
La estimación es que más de 60.000 personas se desplazarán a las islas durante el periodo navideño desde el resto de España como retorno a su residencia habitual o familiar.
En estas circunstancias, el cribado de viajeros mediante el sometimiento a una prueba diagnóstica de infección activa (PDIA), o alternativamente su aislamiento, es “una medida adecuada y proporcional” para el cuidado de la salud pública de la población canaria, según el ejecutivo regional.
Para la aplicación de estos cribados, el Servicio Canario de la Salud pone a disposición de los pasajeros una red de laboratorios con implantación nacional con los que ha alcanzado acuerdos para que puedan realizarse las pruebas, aunque cada pasajero puede acudir al laboratorio que estime oportuno.
También se facilita un correo electrónico al que, ya sea el laboratorio o el interesado, se deberán remitir los resultados analíticos antes de la llegada a Canarias.
Coste de las pruebas
El Servicio Canario de la Salud asumirá el coste de las pruebas diagnósticas en el caso de los residentes canarios que se realicen las pruebas en los centros concertados.
En el resto de los casos, el coste lo asumirá el viajero, aunque en los centros concertados habrá “un precio especial”.
Si “excepcionalmente” un pasajero no se hubiera realizado la prueba “se deberá aislar en su residencia y realizarse una PDIA en las 72 horas siguientes a su llegada” y mantenerse en esa situación “hasta la obtención y remisión de prueba diagnóstica negativa o, en su caso, el alta epidemiológica”.
“Quienes no se realicen la PDIA en la forma señalada en los apartados anteriores” deberán guardar aislamiento en su residencia durante 14 días, “sin perjuicio de las medidas sancionadoras que hubiere lugar”, indica el Gobierno de Canarias, que se remite al régimen sancionador fijado en el Decreto ley 14/2020 sobre incumplimiento de las medidas de prevención y contención frente a la COVID-19 en la comunidad autónoma.
Excepciones
De estas medidas quedan excluidos los pasajeros en tránsito o los que tengan una reserva en un establecimiento turístico en los que ya se exige desde principios de noviembre una prueba diagnóstica.
Asimismo, se establecen excepciones tasadas cuando la urgencia del desplazamiento impida la realización de la prueba diagnóstica, entre ellas en el caso de sanitarios, transportistas, pacientes que viajen por razones médicas imperativas, representantes públicos, trabajadores de buques y aeronaves o periodistas.
Esta medida se suma al cierre perimetral de la Comunidad Autónoma establecido el 9 de diciembre en un decreto en el que se autorizaba el control sanitario de viajeros internacionales con test de antígenos negativos, y no solo PCR.