MASCARILLAS CANARIAS

El Gobierno de Canarias sigue “persiguiendo” la devolución del dinero de las mascarillas que nunca llegaron a las Islas

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo persigue la devolución de los cuatro millones que costaron las mascarillas que nunca se recibieron al inicio de la pandemia, lo que ha hecho que la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas investigue al Servicio Canario de Salud (SCS) por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Blas Trujillo ha comparecido a petición propia para hablar en comisión parlamentaria de la investigación que realiza la Fiscalía tanto a la empresa de compraventa de vehículos, RR7 United SL, por presunta estafa, como a la Consejería de Sanidad, que siguió contratando con ella a pesar de que no le suministró el millón de mascarillas que había cobrado por adelantado.

El consejero, en su intervención, ha insistido en que el Gobierno trata de recuperar estos cuatro millones de euros, que ahora con pues, ha remarcado “no puede quedar en situación de impunidad”.

La Fiscalía trata de esclarecer si la Administración no verificó si la empresa RR7 United cumplía con los más elementales requisitos de solvencia, si investigaron el objeto de la misma, ya que no estaba vinculado al sector sanitario, y por qué no puso en conocimiento del Ministerio Público lo ocurrido con ese contrato para la compra de un millón de mascarillas. Trujillo ha insistido en que la Fiscalía cuenta con “la máxima colaboración de la Consejería” y ha criticado al denunciante de este caso por “disparar a todo lo que se mueva”.

En concreto, el denunciante puso en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía y el Tribunal de Cuentas supuestas irregularidades detectadas en un total de 59 resoluciones emitidas a través de la Dirección General de Recursos Económicos del SCS entre 2020 y 2021, para la adquisición de material sanitario para la lucha contra la COVID-19 por valor total de 32 millones de euros. Según el consejero de Sanidad, “no hay ni un solo momento en el que la administración no haya actuado para que se suministraran las mascarillas” o para notificar, hasta en diez ocasiones, a los incumplidores el embargo.

Ha aclarado que este contrato de las mascarillas ha sido el único que ha tenido una incidencia, el resto se han ejecutado de forma correcta, por lo que ha pedido a la oposición que no utilice este caso “para lograr una caza mayor” porque, ha continuado, “no van a cazar”.

El consejero ha relatado todo lo sucedido y ha enmarcado esta contratación en un momento en el que había “escasez total” de mascarillas en España y Canarias competía con el resto del mundo para conseguir este tipo de bienes escasos y necesarios.

Se trataban de mascarillas ffp3 para personal sanitario, ha precisado Trujillo, quien ha indicado que al inicio de la pandemia, cuando se contrató este material, el stock de la comunidad estaba por debajo de las 6 semanas, cuando el Ministerio había establecido 8 e, incluso, algunos días bajó a 1,23 semanas.

“Había una absoluta necesidad de provisión de mascarillas para personal sanitario”, ha aseverado, al tiempo que ha agregado que la empresa RR7 United SL las vendía por cuatro millones cuando otras firmas pedían hasta 7,5 millones.

A su juicio, el precio era adecuado y el modelo de mascarilla era “top”, por lo que se decidió el contrato del suministro el 25 mayo y en agosto se pagó el 5o% y el octubre el resto, aunque Sanidad nunca recibió este material sanitario.

Ante el retraso, Sanidad realizó notificaciones a la empresa para que procediera al suministro y el 15 de enero recibió una carta del intermediario en la que aseguraba que no iba a poder realizar el suministro en las condiciones pactadas. Por ello, ha continuado, se inició el expediente de resolución del contrato ante lo que la empresa dijo que había llegado las mascarillas a Gran Canaria pero aduanas las había destruido al alegar que no estaban homologadas y sin que Sanidad lo pudiera comprobar.

En este contexto, se resuelve el contrato y se pide la devolución de los cuatro millones de euros más intereses y la empresa responde que tiene un producto del mismo nivel y que lo podían servir en tiempo récord. Sin embargo, después de una semana de espera vuelve a incumplir y, según el Gobierno, desde entonces, se han producido diez intentos de embargo por parte de la Agencia Tributaria los cuales han sido infructuosos.