El Gobierno de Canarias ha anunciado este martes que “se está preparando” un concurso para cubrir las plazas de médicos y enfermeros en las ambulancias medicalizadas del Servicio de Urgencias de Canarias (SUC). Se trata de puestos que desde hace más de dos décadas han ocupado profesionales sanitarios que usan recursos, reciben instrucciones y están sujetos a las necesidades de la sociedad pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad (GSC), dependiente de las consejerías de Sanidad y Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno regional, pero que, sin embargo, están contratados por la empresa concesionaria, con la que mantienen un vínculo mercantil. Es decir, son lo que comúnmente se denomina falsos autónomos.
El gabinete de prensa de la empresa pública ha asegurado a Canarias Ahora que ya se han iniciado los trámites para este concurso, en el que no estará incluido el personal que forma parte de los hospitales. Sin embargo, no ha especificado una fecha concreta para la licitación. Desde GSC defienden que la situación denunciada desde hace años por los trabajadores de la isla de Gran Canaria, la de los falsos autónomos, “no es nueva”, y que el personal que desempeña su labor en este tipo de ambulancias “siempre ha sido contratado aparte”.
El pasado 28 de enero esta entidad publicó el concurso sanitario terrestre sin incluir a los médicos y enfermeros que prestan el servicio en las ambulancias medicalizadas (de soporte vital avanzado). De esta manera se perpetúa una fórmula de contratación, la del falso autónomo, que aplica el Servicio de Urgencias Canario (SUC) desde 1998 en este sector. Sin embargo, GSC sostiene que la decisión de excluir esas plazas del concurso es algo habitual por “las peculiaridades del servicio y del personal”.
Las plazas para estos trabajadores “nunca se han incluido en el concurso sanitario terrestre porque siempre han ido en concursos independientes” han especificado desde el gabinete de prensa de la empresa pública.
Lo cierto es que esas plazas nunca se han sacado a licitación en el sur de Gran Canaria, en las bases de Telde y Maspalomas. La empresa pública responsable del transporte sanitario externalizó el servicio en 1998 y, desde entonces, se lo ha adjudicado a cuatro empresas que han sido las encargadas de suministrar los recursos humanos (médicos y enfermeros) para este tipo de ambulancias, las medicalizadas, que son las que atienden las urgencias de mayor gravedad.
Y ello a pesar de que, desde hace años, los trabajadores reclaman regularizar esta situación y pasar a formar parte del personal laboral de la empresa pública a través de un concurso, tal y como se estipuló a finales del pasado siglo, cuando se establecieron las bases del actual sistema de transporte sanitario urgente en las Islas.
En los juzgados de Gran Canaria continúan tramitándose en estos momentos cinco procedimientos judiciales contra la empresa pública GSC y las sucesivas contratas del servicio (Manuel Guerra, Aeromédica, San Roque y Atlantic Emergency). Unos pleitos que se iniciaron a raíz de las demandas presentadas por los trabajadores que entienden que su vínculo con esas adjudicatarias debe ser laboral y no mercantil, lo que acarrearía una mejora en sus condiciones de trabajo, ya que les evitaría el pago de las cuotas de autónomo y les otorga los derechos propias de los trabajadores por cuenta ajena: el derecho a un subsidio por desempleo en caso de rescisión del contrato, determinados complementos salariales, dietas, finiquito, vacaciones retribuidas...
Una sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en abril del año pasado ya dejó abierta la puerta al reconocimiento de los derechos laborales de los falsos autónomos de las ambulancias medicalizadas del sur de Gran Canaria, al estimar la demanda interpuesta por una enfermera subcontratada por el Gobierno regional que cobraba por debajo de los baremos fijados en el convenio colectivo del sector de transporte de enfermos y accidentados.
Ese procedimiento judicial, el más avanzado de cuantos se tramitan en relación con esta polémica, se residencia ahora en el Tribunal Supremo, que estudia el recurso presentado por la anterior concesionaria del servicio, Clínicas San Roque, con quien GSC rescindió el contrato como consecuencia de los incumplimientos en el servicio.
Recurso de Aeromédica
La empresa pública GSC ha declinado realizar cualquier tipo de valoración sobre la decisión de una de las empresas que aspiran a licitar en el concurso para la prestación del transporte sanitario terrestre en la isla de Gran Canaria, Aeromédica, de recurrir el procedimiento. Esta sociedad considera que los pliegos fijan un precio muy bajo para cubrir los gastos del servicio en las condiciones requeridas en las bases.