El Gobierno de Canarias rectifica. La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín (Coalición Canaria), firmó este jueves una orden para reasignar siete contratos predoctorales de la convocatoria Tesis 2024. Las bases de este concurso, aprobadas en agosto del año pasado, no contemplaban una lista de reserva, de manera que la administración había dejado sin cubrir las renuncias de aspirantes y, por tanto, no había otorgado todas las subvenciones previstas en el procedimiento, que eran 85.
El caso llegó hasta el Parlamento de Canarias tras la denuncia pública de la Asociación de Jóvenes por la Investigación de Tenerife (JINTE). Su presidente, Sergio Rivero, puso esta convocatoria como ejemplo de la “precariedad” de este tipo de contratos en el Archipiélago. La administración había desestimado 147 solicitudes, 139 por “la inexistencia de dotación presupuestaria suficiente” y, además, había rechazado cubrir las renuncias.
Entre los excluidos destacaba el caso de Alicia Rodríguez, una joven bióloga de la Universidad de La Laguna (ULL) que se quedó a una sola centésima de la última candidata que logró la subvención en su categoría, la de Ciencias, y que, además, denunciaba que la comisión evaluadora le había arrebatado dos puntos al no reconocerle un mérito, lo que la hubiera situado como la tercera en su grupo y, en consecuencia, como beneficiaria.
Ante el revuelo generado, una diputada de CC dijo en aquella comisión que el Gobierno de Canarias estaba buscando una “alternativa legal” para tratar de resolver el entuerto.
La orden dictada este pasado jueves por la consejera acepta las renuncias presentadas y concede nuevas subvenciones “hasta completar el máximo de las 85 ayudas” previstas para financiar la contratación predoctoral de personal investigador dentro de un programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus. Una de ellas es para Rodríguez.
La consejera ha adoptado esta decisión a propuesta del director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI). Esta convocatoria está dotada con 8,46 millones de euros a repartir entre los aspirantes durante cuatro años. Cada uno de ellos recibirá durante este periodo cerca de 100.000 euros en total. La subvención asciende a 22.728,28 euros en cada una de las dos primeras anualidades, a 24.434,58 en la tercera, y a 29.673,65 en la cuarta. Cualquier coste de contratación que exceda de esas cantidades deberá ser sufragado por las entidades beneficiarias, las universidades.
Estas ayudas a la investigación se convocaron en septiembre de 2023. En principio, para 80 subvenciones, aunque posteriormente se amplió a 85 y se incrementó la dotación presupuestaria en cerca de medio millón de euros. Tal y como recordó el representante de JINTE en el Parlamento de Canarias, hasta 2022 se ofertaban 60 contratos al año, pero el Gobierno regional se había comprometido a ampliar esa cifra a 62 en 2023 y a 100 en 2024. Sin embargo, el año pasado no se convocaron y en este último las subvenciones se quedaron en 85. Es decir, prácticamente la mitad de los anunciados.
Esas 85 ayudas se adjudicaron el pasado mes de abril. A ellas renunciaron siete aspirantes, tres de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y cuatro de La Laguna (ULL). Además, el 29 de mayo la consejera de Ciencia e Innovación estimó el recurso de reposición que había presentado uno de los candidatos, de manera que, ante la “liberación de crédito disponible” como consecuencia de las renuncias, le concedió la subvención. Pero quedaban otras seis vacantes que, ahora sí, acaba de cubrir el Gobierno con esta orden.
La Asociación de Jóvenes Investigadores por Tenerife (JINTE) ha celebrado en sus redes sociales la rectificación del Gobierno de Canarias. “Dijeron que no se podía, en JINTE lo luchamos y lo logramos. La lucha sirve, la lucha sigue”, han escrito.
Para este colectivo, “los despropósitos de esta convocatoria demuestran la necesidad de revisar las bases de este programa para eliminar sus aspectos más nocivos”. JINTE emplaza al Gobierno a dialogar y a aumentar los contratos a financiar para 2025.