El nuevo Catálogo de Especies Protegidas de Canarias establece cuatro grados de protección para las especies del Archipiélago -en peligro de extinción, vulnerables, de interés para los ecosistemas canarios y de protección especial- y contempla la participación ciudadana para la modificación de dicho texto.
Así se desprende de las 15 enmiendas presentadas por CC y PP a la Proposición de Ley para este nuevo catálogo que tramita el Parlamento de Canarias bajo la polémica de colectivos ecologistas y científicos que han insistido en que no se les ha consultado y que han considerado que dicha normativa debería ser fruto de un debate social consensuado.
El promotor de la iniciativa, el diputado nacionalista José Miguel González, ha justificado el paso dado por su partido en que la Ley de Patrimonio de la Biodiversidad divide en dos categorías a las especies: En peligro de extinción y vulnerable. “Teníamos que crear otras categorías distintas al del Estado que proteja a las especies de importancia para el ecosistema canario y de interés general porque no había razones objetivas para encuadrarlas en una de estas categorías y quedaban en el aire. Ahora hay cuatro categorías”, aseguró el presidente de CC en el Parlamento.
Indicó que con las enmiendas se subsana el hecho de que se protejan no sólo los espacios o hábitats naturales donde se supone están la flora y fauna a proteger, sino que también incluirá a las especies fuera de estos hábitats. Es para salvaguardar estas especies que se ha creado las especies de interés general.
Otra de las enmiendas presentadas aboga por contar con la participación de los ciudadanos que con un informe científico pueda proponer la inclusión o exclusión de alguna especie en dicho catálogo. “Resuelto el problema que es tener el catálogo actualizado de manera que ninguna especie se quede sin protección y con los criterios objetivos estamos de acuerdo en que la modificaciones -que ahora sí se pueden establecer por decreto- cualquier persona con un estudio técnico puede proponer nuevas especies en el catalogo”, explicó el parlamentario. También aseveró que para sacar las especies del Catálogo deberá pasar por el Parlamento de Canarias y la aprobación definitiva.
En cuanto a los espacios protegidos y la puesta en marcha de proyectos que dañen el patrimonio natural, las enmiendas recogen normativa europea. Es decir, hay que demostrar que es de interés general, que no se puede hacer en otro lugar, así como establecer medidas compensatorias para poder ejecutar el proyecto.
“Está en la Directiva hábitat y en la Ley Española que vienen a decir que se ha de demostrar que no se puede hacer en otro sitio, que sea de interés general y que haya medidas compensatorias. Con esto obligamos a que haya que hacerlo, antes no, con este nuevo catálogo hay que tener en cuenta estas condiciones y va en favor de las especies. Es una garantía. Son artículos garantistas y que no se actúe sin medidas compensatorios”, defendió José Miguel González.
Asimismo, en las enmiendas aparece una listado de especies en el que habla de régimen transitorio. “Tenemos un problema competencial con especies marinas, por ejemplo, queremos que como mínimo tenga esta protección. Decimos que si usted lo pone como especie a proteger, nosotros damos mayor protección”, aseveró el político.
Marco jurídico
González insistió en la necesidad de contar con un marco jurídico que permita sancionar o castigar a quienes vayan contra el patrimonio natural canario. “Si no hay efectos jurídicos, no vale para nada un catálogo”. Justificó la Proposición de Ley en que así se “marca una figura de régimen sancionador y tipificación de falta. No se puede hacer por decreto sino por ley”.
“De alguna manera están tratando de legislar para proteger y poder sancionar o limitar acciones en las especies protegidas. La visión puramente científica y la gestión es que no permite su protección, pero con la gestión se puede establecer un régimen jurídico”, concluyó el diputado tinerfeño.