El Cabildo de Gran Canaria contará este año con casi 66 millones de euros para atender a personas en situación de dependencia que costearán conjuntamente la propia corporación, con 19.593.610 euros, y el Gobierno Autónomo, con 46.363.141,91 euros, sumando 9.389.542,91 euros más que en 2017.
Así lo ha anunciado este jueves tras firmar un nuevo convenio de cooperación para la prestación de servicios a las personas en situación de dependencia y discapacidad con la corporación insular la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido.
La cual lo ha calificado como “un convenio muy importante”, en especial porque, “por primera vez, es plurianual”, lo cual constituye “una gran novedad” que aporta “la garantía de contar con un marco jurídico para 4 años”. Circunstancia que “permite mejorar la planificación”, así como “trabajar de manera más segura” a las entidades que colaboran con las administraciones en la prestación de servicios a las personas beneficiarias de ellos, ha argumentado la consejera.
Valido, que ha suscrito el convenio con el consejero de Hacienda y Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Pedro Justo Brito, en funciones de presidente ante la ausencia del titular del cargo, Antonio Morales, ha destacado que esas mejoras en el modelo de financiación de la atención a la dependencia se suman al incremento de los recursos para construir nuevas infraestructuras de acogida a las personas que requieren su ayuda.
Un aumento destinado a financiar un plan de creación de nuevas plazas de atención a dependientes, tanto en residencias de estancia completa como en centros de día, que ha dicho que ya ha tenido frutos este mismo año.
Puesto que en este ejercicio la isla se dotará con 129 plazas residenciales y de estancia diurna más, hasta alcanzar las 4.381, ha detallado la consejera.
Por todo lo expuesto, el acuerdo ha sido valorado también por el Cabildo de Gran Canaria, en cuyo nombre Pedro Justo Brito ha afirmado que el suscrito es “un buen convenio, que favorece a Gran Canaria”.
Agregando que, además, la apuesta del Gobierno Autónomo por convertir ese convenio, que hasta ahora se negociaba año a año, en plurianual, posibilita que la isla pueda calcular y planificar el gasto que hará en los próximos cuatro años, en los que, en materia de dependencia, “el gasto real, en conjunto, se va a aproximar a los 280 millones de euros”, según ha avanzado.