La Guardia Civil ha desarticulado una trama dedicada a la usurpación de propiedades inmuebles para su posterior venta, tras detener a 17 personas, la mayoría en la provincia de Las Palmas; entre las que figuran notarios, abogados, gestores inmobiliarios y funcionarios del Catastro.
Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, los 17 detenidos (11 hombres y 6 mujeres) fueron arrestados en Gran Canaria Lanzarote, Fuerteventura, Palma de Mallorca y Ávila entre los pasados mese de febrero y marzo, y han sido puestos en libertad y pasado a disposición judicial del Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que ha coordinador la operación.
A los investigados en esta trama se les atribuye delitos de falsedad documental, integración en grupo criminal, blanqueo de capitales, coacciones, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, infidelidad en la custodia de documentos y cohecho, según la nota, que precisa que las propiedades afectadas están valoradas en más de 13 millones de euros.
La desarticulación de esta trama, denominada Atino, se ha llevado a cabo por la policía judicial de la Guardia Civil, tras denunciar en 2015 una persona un intento de usurpación de una propiedad ubicada en Fuerteventura mediante la alteración de los datos catastrales, al conocer la operación Lindes que se saldó con la detención de tres funcionarios del Catastro en Las Palmas de Gran Canaria.
A raíz de la denuncia, el Equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) comenzó una investigación en la que detectaron irregularidades en cambios de titularidad de propiedades que efectuaba un funcionario del Catastro de la provincia de Las Palmas, quien colaboraba supuestamente con una gestoría dirigida por un funcionario en excedencia de este departamento.
Además, descubrieron dos ramificaciones de la trama en Lanzarote y Fuerteventura que actuaban de forma autónoma.
Arrebatan las propiedades inmuebles a los dueños para venderlas a terceros
Según la Guardia Civil, la red redactaba documentos de compra-ventas privadas y notariales fraudulentos, al objeto de arrebatar las propiedades inmuebles (fincas rústicas en su mayor parte y también urbanas) a sus propietarios para incorporarlos al patrimonio de los integrantes o venderlos a terceros.
De esta manera, para la selección de las propiedades, la Benemérita ha estimado que el grupo manejaba información privilegiada obtenida ilícitamente de bases de datos catastrales.
Entre los perjudicados localizados se encuentran 23 colectivos tanto instituciones como asociaciones (familiares o del ámbito privado) y 21 particulares o personas individuales, no descartando la Guardia Civil que hayan más perjudicados dado a lo dilatado en el tiempo de la actividad delictiva, al menos desde el año 2005.
Esta operación se ha desarticulado en cuatro fases, desde la primera operación iniciada el pasado 14 de febrero en Fuerteventura, en la que se detuvo a cuatro personas supuestamente implicadas, y la cuarta y última llevada a cabo el 28 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria.
Primera fase de la operación en Fuerteventura
En esa primera fase, en base a las pesquisas realizadas, el 14 de febrero de este año se inició la fase de explotación de la Operación Atino en Fuerteventura, donde se realizaron un total de seis registros; dos de ellos en viviendas, otros dos en oficinas inmobiliarias y otras dos en almacenes relacionados con los detenidos.
En este caso, se detuvieron cuatro integrantes de la trama (uno en el municipio de La Oliva y los tres restantes en el municipio de Puerto del Rosario) como presuntos autores de los delitos de estafa, falsedad documental, integración en grupo criminal, blanqueo de capitales y coacciones, interviniéndose documentación probatoria, material informático, dinero en metálico (4.000 euros en divisas de curso extranjero) y dos vehículos.
Segunda fase: Catastro de Las Palmas y la gestoría
Asimismo, siguiendo con la operación, durante la mañana del 22 de febrero, la Guardia Civil registró la oficina del Área de Rústica del Catastro de Las Palmas, procediendo en este caso a la detención de un funcionario del Catastro en activo.
En paralelo, se procedió al registro de una gestoría ubicada en la misma calle que llevó a la detención de dos trabajadores (uno de ellos funcionario del Catastro en excedencia y el otro abogado) como presuntos autores de los delitos de estafa, falsedad documental, integración en grupo criminal, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, infidelidad en la custodia de documentos y cohecho.
En ambos registros se intervino diversa documentación probatoria, material informático y tres vehículos.
Tercera fase: Lanzarote
La tercera fase de la operación tuvo lugar el pasado 1 de marzo, cuando se detuvo a cinco de los presuntos implicados, uno en la localidad de Costa Teguise (Lanzarote), y los otros cuatro en la de Las Palmas de Gran Canaria, todas ellas directamente relacionadas con este tipo de irregularidades en la isla de Lanzarote por los delitos de estafa, falsedad documental, integración en grupo criminal y blanqueo de capitales.
Detenciones en Mallorca y Ávila
En la cuarta y última fase, la investigación se extendió a Palma de Mallorca durante el mes de marzo con la detención el día 15 de una persona en dicha localidad, por los delitos de estafa, falsedad documental, integración en grupo criminal, relacionada con la rama de Fuerteventura, pero que había cambiado previamente su residencia.
Igualmente, el 21 de marzo se procedió a la detención del primer notario implicado en la trama, en la Provincia de Ávila, el cual había ejercido previamente su labor en la isla de Fuerteventura.
De manera inmediata, el pasado 23 de marzo, la Guardia Civil detuvo al segundo notario implicado en la trama en la isla de Lanzarote y finalmente el pasado 28 de marzo se realizó la tercera detención en la localidad de Las Palmas de Gran Canaria.
A los referidos se les imputa la presunta autoría de los delitos de estafa, falsedad documental, integración en grupo criminal, mientras que todos los detenidos han sido puestos en libertad a disposición de la Autoridad Judicial.
La Guardia Civil destaca en la nota que ha contado con la colaboración de la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda para desarticular esta red criminal.