Cambio de tornas en los procesos judiciales abiertos contra la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canaria por el impago de las subvenciones de hasta 12.000 euros que prometió a los jóvenes que firmaron su hipoteca en el marco del Plan de Vivienda 2009-2012.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha desestimado el recurso interpuesto por Héctor García, uno de los afectados, al considerar que el Ejecutivo regional ha acreditado que no disponía de fondos presupuestarios para abonar la ayuda al joven en el periodo en el que lo solicitó. La subvención era el señuelo que atrapó a unos 1.700 canarios que suscribieron un contrato cuya letra pequeña fijaba que la concesión de la ayuda de hasta 12.000 euros estaba sujeta a disponibilidad presupuestaria.
La magistrada Esperanza Ramírez, que firma esta última sentencia fechada el 12 de marzo, es la misma que dictó en noviembre otra resolución en la que daba la razón a un joven hipotecado y condenaba a la Administración a abonar la subvención y las costas procesales.
La diferencia entre ambos pronunciamientos la marca un documento que han incorporado los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias al expediente administrativo, un certificado del jefe de servicio de Promoción Privada que dice que el 6 de agosto de 2009, fecha en la que Héctor García presentó la solicitud, la partida presupuestaria destinada a tal fin había quedado reducida a 325 euros, lo que imposibilitaba los pagos.
Según este certificado añadido al expediente en base al artículo 55 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo, el último abono de las subvenciones de la Hipoteca Joven en el año 2009 se produjo el 4 de agosto, apenas dos días antes de que García cursara una petición que fue denegada seis meses después por silencio administrativo, dando origen a la demanda que ahora ha sido desestimada sin derecho a recurso.
Para la juez, la inclusión de este documento “hace que no pueda concluirse, como se ha hecho en otros pleitos, que no existe prueba que justifique la decisión administrativa”.
En el juicio celebrado en diciembre, Héctor García, que es abogado de profesión, apeló al principio de confianza legítima, según el cual “la autoridad pública no pueda adoptar medidas que resulten contrarias a la esperanza inducida”. Así, recuerda que la Consejería de Vivienda siguió publicitando este producto y las ayudas cuando ya no había dinero para pagarlas y, además, con unos términos “que no eran condicionales”.
También recalcó que Inés Rojas entonó el pasado año el mea culpa y prometió pagar las subvenciones prometidas. Sin embargo, para la Abogacía del Estado, estas declaraciones de la consejera no suponen un reconocimiento de las pretensiones del demandante.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca Joven sigue esperando a que se publique la orden para el pago de las ayudas. Para este ejercicio, Vivienda sólo ha destinado una partida de 3 millones de euros, una cantidad que, según los cálculos de la plataforma, sólo daría para pagar a 300 de los 1.700 afectados.