Llegar a la puerta del edificio de La Ilusión es llegar a un lugar donde se alberga esperanza y familiaridad. Hace un año y medio 12 familias de diferentes zonas de Gran Canaria lograron encontrar en El Valle de Los Nueve, en el municipio grancanario de Telde, la confianza y seguridad que habían perdido meses o años atrás cuando se vieron en la calle, con una mano delante y otra detrás, sin saber a dónde ir. La principal preocupación eran los menores. 16 niños y niñas que han visto a sus padres luchar por tener un sitio donde vivir. Y lo consiguieron. Pero, ahora, la situación se ha torcido y la inseguridad se ha vuelto a adueñar de estas 36 personas. La Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) pretende ejecutar un desahucio y dejarlos en la calle para cumplir con su objetivo de vender el inmueble.
La comunidad de La Ilusión escribió la primera página de su libro en el mes de junio de 2017. En una asamblea del Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria que tuvo lugar en San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria familias desahuciadas, mujeres maltratadas con hijos y madres solteras vieron la luz. El propietario del edificio, que había sido embargado, ofreció las llaves del inmueble a esas personas con la condición de que lo cuidaran y lo convirtieran en el lugar donde formar su hogar. Antes era un sitio donde se iba a robar o a consumir drogas.
Cuando las vecinas recuerdan el momento en el que que llegaron a su nueva casa no pueden ocultar la alegría. “Teníamos las llaves y cada uno iba abriendo la puerta que le tocaba, una locura. A partir de ahí empezamos a trabajar y sacar basura para convertirlo en lo que hoy es”, explican a este periódico. Por eso lo llaman La Ilusión. Tuvieron que poner cableado nuevo; arreglar las humedades; conseguir piezas para los baños de segunda mano; limpiar el garaje; construirse cada uno las cocinas como podían. “Aquí no había nada, esto estaba pelado”, aseguran, mientras muestran con orgullo las imágenes de lo que era y lo que es.
Han intentado, en varias ocasiones, poner un contador de luz, pero no se los permiten, al igual que de agua. Cuando llegaron pusieron todo el cableado nuevo y, gracias a la luz de obra, pueden disfrutar de electricidad. Para el agua vienen unas cubas de agua cada dos o tres semanas que les llenan los bidones. “Al principio teníamos que venir con garrafas”, recuerda una de las habitantes.
Cada casa una historia, pero se consideran una familia. Tienen edades comprendidas entre los 25 y 55 años y se ayudan unos a otros, no hay conflictos entre ellos y se han consolidado en el barrio sin ningún tipo de problemas. Frente al edificio un colegio. Ahí estudian la mayoría de sus hijos. Un centro escolar que se recuperó la vida que le faltaba con la incorporación de estos más de 10 niños. “El colegio estaba a punto de cerrar y nosotros matriculamos a nuestros hijos y se ha mantenido”, afirma una de las vecinas entre lágrimas.
El pasado 30 de noviembre, un señor, acompañado de la Policía, llegó al edificio para entregarles una notificación que se remitía a los “ocupantes de la vivienda”. El pasado lunes enviaron unos escritos Juzgado Mercantil Nº2 de Las Palmas de Gran Canaria para identificarse y explicar en calidad de qué se encuentran en el edificio. Hasta el momento, no saben cuál será su futuro ni si el desahucio tiene una fecha prevista. “¿Cómo pasamos las navidades nosotros ahora?”, se preguntaban.
Han intentado llegar a un acuerdo para pagar un alquiler social y seguir habitando las viviendas, pero no lo consiguen. “Hemos hablado con la Sareb y ellos no quieren nada, solo vender”, asevera una de las residentes. “Quieren dinero y nosotros queremos un techo, no pedimos nada más”. La intención de este grupo de vecinos no es otra sino buscar una solución que no pase por quedarse tirados en la calle. “A mi me da igual coger mis cosas e irme debajo de un puente, pero con mi hija no me voy a la calle hasta que me den una casa y no de gratis. Yo la voy a pagar”, afirma con contundencia.
Ahora buscan una respuesta. Que paren el desahucio. Que aunque aún no tiene fecha prevista, es algo que no les deja dormir, hasta que el Gobierno de Canarias o el Ayuntamiento de Telde les busque una solución.
Estas 12 familias precaristas, que no oKupas, ya que no entraron en las viviendas por la fuerza, sino con un juego de llaves y con la autorización de su antiguo dueño, aseguran que van a seguir luchando por lo que les pertenece, una vivienda donde poder formar un hogar. Con la ayuda del Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, a quien “tienen mucho que agradecer”, según manifiestan, no van a parar por su futuro y el de sus hijos.