El portavoz del Partido Socialista (PSOE) en Justicia y senador por Gran Canaria, Arcadio Díaz Tejera, ha registrado en la Cámara Alta una moción a través de la cual pide al Ejecutivo central que reconsidere el incremento de las tasas judiciales dado el “rechazo generalizado”.
Dicha iniciativa se debatirá en la sesión plenaria del próximo miércoles 6 de junio. Díaz Tejera recuerda en un comunicado que el Gobierno central ha justificado la modificación de las tasas judiciales alegando la conveniencia de reducir la litigiosidad y apuntando que, de esta manera, aquellos que recurran en segunda instancia, contribuirán a financiar la justicia gratuita. Además, añade que la Administración sostiene que el proceso judicial será más eficiente si se disminuyen los asuntos a tratar disuadiendo a los ciudadanos de recurrir en segunda instancia a través de la imposición de la tasa.
El parlamentario socialista critica la “injusticia de la adopción de este criterio, precisamente, en este momento en el que se ha incrementado la ligitiosidad en lo social como consecuencia de la crisis económica”. Advierte de que “el resultado será que si se confirman las previsiones, los trabajadores que quieran recurrir una sentencia en el orden social, tendrán que pagar una tasa de 500 ó 750 euros”.
Con esta iniciativa, el Grupo Socialista pide al Senado que apruebe una declaración en la que se subraya la igualdad de los ciudadanos ante la ley y reclama al Gobierno una serie de medidas contra la revisión de las tasas judiciales.
En la citada declaración se manifiesta que, como asentaron por unanimidad las fuerzas políticas en 1986, “el que, además de la justicia se manifiesten también la libertad y la igualdad, y el que todas ellas sean, como quiere la Constitución, reales y efectivas depende de que todos los ciudadanos puedan obtener justicia cualquiera que sea su situación económica o su posición social”. En el segundo punto, se apunta que “resulta injusto e inoportuno limitar, por la vía del precio, la ligitiosidad en el orden social en un momento tan dramático como el presente desde el punto de vista del empleo”.
Además, los socialistas propondrán al resto de la Cámara tres medidas a adoptar por el actual Ejecutivo. En primer lugar, que reconsidere, dado el rechazo generalizado, la pertinencia de la aprobación del Anteproyecto de Ley por el que se revisan las tasas judiciales. Por otro lado, que renuncie a su declarada intención disuasoria frente al ejercicio de los ciudadanos de sus derechos constitucionales como la tutela judicial efectiva. Por último, el Grupo Socialista reclama al Gobierno central que renuncie a la financiación de la justicia gratuita mediante cualquier tipo de tasa y explica que los derechos de los ciudadanos recogidos en la Constitución deben tener garantizada su financiación mediante una adecuada política impositiva.