Intersindical Canaria suspende de militancia a 18 afiliados del sector crítico
El máximo órgano de dirección de Intersindical Canaria (IC) ha abierto expediente disciplinario y ha decretado la suspensión cautelar de militancia de 18 afiliados que intentaron presentar una candidatura alternativa a la oficialista en las elecciones sindicales celebradas el pasado mes de junio en el área de Salud de Gran Canaria.
Los expedientados forman parte del sector crítico de la Federación de Salud y entre ellos se encuentran algunos de los denunciantes del desfalco en las arcas de esa sectorial, una causa que investiga la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional e instruye el Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que mantiene imputadas a seis personas. Algunos de los suspendidos ya han prestado declaración como testigos en ese procedimiento. Uno de ellos, Juan José Mendoza, un histórico de la organización, es miembro de la Comisión de Garantías, un órgano que está formado por cinco representantes y que se encarga, entre otras cuestiones, de atender cualquier reclamación o recurso de los afiliados, auditar y emitir informes de gestión.
La candidatura alternativa fue presentada por Miguel Ángel Morales, uno de los líderes del sector crítico y uno de los denunciantes del desvío de fondos de la cuenta de la Federación de Salud de Gran Canaria a cuentas particulares. Morales mantiene desde hace tres años un litigio con el sector oficialista del sindicato por el control de la Federación Salud de Gran Canaria. Este afiliado fue expulsado y sancionado en mayo de 2014 por promover un Congreso Extraordinario que fue convocado para denunciar el desfalco y en el que resultó elegido miembro del Secretariado Insular. El sector oficialista no reconoció este congreso y celebró otro un mes después, en el que fueron designados otros representantes.
Esta pugna acabó en los juzgados de lo Social, que dieron la razón a Morales y obligaron a restituirle en todos los cargos, al considerar que IC había vulnerado su derecho a la libertad sindical. Diez meses después de que la sentencia fuera declarada firme, y con dos autos posteriores que advertían al sindicato de la imposición de multas coercitivas de 300 euros al día por el incumplimiento, el demandante sigue reclamando la ejecución definitiva de esta resolución judicial. La dirección de IC mantiene una interpretación distinta. Defiende la legitimidad de los actos que concluyeron en la anulación del Congreso Extraordinario en el que fue elegido Morales y pide retrotraer las actuaciones hasta el Congreso de 2011.
Apenas un mes antes de que esa sentencia sobre la vulneración del derecho a la libertad sindical de Morales adquiriera firmeza, ambas partes se volvieron a enfrentar debido a las elecciones en el área de Salud de Gran Canaria. El 23 de mayo se presentaron dos candidaturas en nombre de la Federación de Salud de IC en la isla: la oficialista, encabezada por Marcos Baiget, y la alternativa, promovida por el propio Morales. La Mesa Electoral proclamó finalmente la primera plancha, desestimando el recurso interpuesto por los críticos, que también han llevado esta batalla a los tribunales.
En una resolución fechada el pasado 10 de abril, el Secretariado Confederal Nacional de IC, el máximo órgano de dirección del sindicato, tilda de actuación “profundamente antiestatutaria” la presentación de esa candidatura alternativa, puesto que, según explica, de la lista de 87 candidatos “solo 18” ostentaban la condición de afiliados y “ninguno estaba facultado ni legitimado” para poder hacerlo.
El Secretariado Confederal Nacional concluye en este escrito que esos 18 afiliados cometieron cuatro infracciones tipificadas como muy graves en el reglamento disciplinario del sindicato: infringir acuerdos o estatutos de la confederación, cometer actos de indisciplina, actuar en nombre del sindicato sin autorización del órgano competente y sin justificación razonable e integrarse en las listas de otros sindicatos o grupos en las elecciones sindicales. La dirección de la organización decreta la apertura de expediente disciplinario y la suspensión cautelar de militancia para todos ellos por haber “usurpado la legítima facultad de presentación de candidaturas”, produciendo “un grave perjuicio” al sindicato.
La resolución, contra la que cabe recurso, ha sido comunicada a la dirección de Recursos Humanos del Servicio Canario de Salud para que se paralice el descuento de la cuota sindical en las nóminas de los trabajadores expedientados.
