La vecina de Fuerteventura Josefa Hernández se ha preguntado este viernes si había que llegar a esta situación para que el ministro de Justicia “escuchara” su petición de indulto y si era necesaria la movilización de toda España para que “por una vez se hiciera Justicia a un pobre”.
La conocida como Abuela de Fuerteventura salió este jueves por la tarde del penal de Lanzarote después de que la Audiencia de Las Palmas revocara el auto de la juez que ordenó su ingreso en prisión para cumplir sus seis meses de condena por un delito contra la ordenación del territorio, consistente en haber ampliado sin permiso su casa, ubicada en el espacio protegido del Parque Rural de Betancuria.
La Audiencia se adelantaba así al indulto que Josefa solicitó el pasado abril y que este viernes le ha concedido el Consejo de Ministros, conforme había anunciado el presidente Mariano Rajoy.
La lucha de Josefa Hernández para denunciar la injusticia que, en su opinión, se estaba cometiendo con ella la ha hecho pasar por una huelga de hambre y varios ingresos hospitalarios, antes de terminar en la prisión de Tahíche, donde ha vivido los últimos tres días y medio. Recuperada la libertad, su cara refleja el cansancio de los últimos días, un agotamiento que tomó sentido tras llegar a su casa y poder abrazar de nuevo a los suyos.
En declaraciones a los periodistas, la conocida como abuela de Fuerteventura ha reconocido que ella pensaba que la condena “iba a durar más y no salir tan pronto”.
Tras reencontrarse con sus nietos, la matriarca de la familia Zerpa Hernández ha vuelto a llenarse de fuerza. “He dicho: aquí estoy yo, soy la que tengo que tirar del carro y voy a dar la cara, porque esto es lo que me ha tocado vivir”, recalca.
La libertad de la que goza Josefa desde este jueves está condicionada por la Audiencia Provincial a que no cometa delito alguno en los próximos cinco años y a que derribe lo construido ilegalmente en su vivienda en un plazo de seis meses. Josefa ha prometido que cumplirá la sentencia “desde que tenga un techo”.
El Gobierno canario le ofreció el pasado miércoles una vivienda de renta libre en Puerto del Rosario en la que realojarse temporalmente con los dos hijos y tres nietos que tiene a su cargo mientras se produce la demolición y reforzamiento de la vivienda.
Si los informes técnicos son favorables y demuestran que la vivienda reúne las condiciones de habitabilidad, la familia podría volver a vivir en la construcción que no está afectada por la sentencia dictada en 2012 por el Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario, el que la envió a prisión.
Su excarcelación tiene un sabor agridulce, ya que la abuela majorera se muestra ahora preocupada por la ubicación de la nueva vivienda en Puerto del Rosario, a unos 25 kilómetros del municipio donde residen los suyos, Betancuria.
También se pregunta cómo puede afectar el cambio a los tres nietos menores que tiene a su cargo la escolarización en un nuevo centro, alejados del que ha sido hasta ahora su entorno escolar.
“Me preocupa cómo puede afectar psicológicamente el traslado”, apunta Josefa, quien teme cómo pueden responder los pequeños al llegar a un entorno “donde no conocen a nadie y sin amigos”.
“A mí me da igual dónde sea, pero tengo que pensar en los niños, que están protegidos por los Servicios Sociales. Y, sobre todo, el de 13 años que recibe apoyo psicológico en su colegio”, añade.
Tras llegar anoche a su vivienda, Hernández tuvo que dar explicaciones de lo sucedido en los últimos días a su nieto de 13 años. A pesar de que la familia ha intentado mantener a los pequeños alejados del revuelo mediático, las redes sociales han impedido que el joven se mantuviera ajeno a la situación de su abuela.
Según la mujer, de 62 años, su nieto no paraba de repetirle: “Por favor abuela, si tienes que tirar la casa, tírala, y nos vamos debajo de un puente, pero que no te lleven más a Tahíche”.
Josefa Hernández fue condenada en marzo de 2012 por el Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario a pagar una multa de 720 euros, demoler la parte de la vivienda que está construida de forma ilegal y a ingresar en prisión durante un plazo de seis meses.
Para Josefa, “lo más justo” sería no tener que demoler la casa, ya que en la zona hay otras viviendas. “Pero si soy la cabeza de turco, tendré que aceptarlo”, asegura.