La declaración que prestó Miguel Ángel Ramírez ante Salvador Alba el pasado 23 de marzo, pactada días antes en una reunión en el despacho del juez, ha sido anulada de la investigación al empresario por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
La actual instructura, Carla Vallejo, dictó el pasado miércoles un auto en el que desglosa de esta causa y archiva el acta de la declaración y la documentación aportada posteriormente por el presidente de Seguridad Integral Canaria sobre sus relaciones comerciales con la pareja de la primera instructora, la jueza Victoria Rosell.
En el auto, adelantado por Canarias 7, la magistrada incide en que la declaración de Ramírez no versó ni tuvo por objeto interrogarle sobre los delitos que se le imputan, sino sobre los negocios de la pareja de Rosell, el periodista Carlos Sosa, con otra empresa del investigado.
Vallejo remarca que estas diligencias “no estaban llamadas a servir de prueba plena” a la investigación, sino más bien a “contaminar la causa con cuestiones ajenas” y “buscar artificiosamente una nulidad poniendo en riesgo el buen curso del proceso”.
El auto recuerda que Ramírez y Alba se reunieron en el despacho del entonces juez instructor para fijar los términos de la declaración del empresario en sede judicial, un testimonio con el que se pretendía cuestionar la actuación en la causa de Rosell, entonces diputada de Podemos por la provincia de Las Palmas.
Vallejo considera que la incorporación de estas diligencias a la causa debe ser tildada de, “al menos, notablemente irregular” y sostiene que mantener la declaración y la documentación aportada por el empresario supondría “una afectación a la privacidad de los datos personales de personas que no están siendo investigadas”.
En el auto, la jueza requiere a las partes personadas que entreguen en la secretaría las copias que tengan de esas actuaciones para desglosarlas y archivarlas.
Sin embargo, la jueza rechaza la nulidad de actuaciones solicitada por Ramírez en relación al auto de fijación de fianza, una petición que su defensa fundaba en la “falta de imparcialidad” del juez Alba, que sustituyó a Rosell al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria durante seis meses, de noviembre de 2015 a mayo de 2016. Para Vallejo, esta actuación no causó “una verdadera y concreta indefensión a las partes”.