La directora de la Gerencia Municipal de Cultura y Deportes Santa Lucía de Tirajana SA, María Fernández, deberá responder a las preguntas de la oposición sobre su trayectoria política para acceder al puesto que obtuvo por libre designación en febrero de este año. Durante su comparencia del pasado 29 de abril la también secretaria ejecutiva del Área Metropolitana de Coalición Canaria (CC) expuso su proyecto al frente del órgano público que gestiona, entre otros, el Ateneo, el Teatro Víctor Jara o pabellones deportivos, y no respondió a las preguntas de la oposición. La Agrupación de Vecinos de Santa Lucía de Tirajana (AV-SLT), que había solicitado la comparecencia, criticó entonces lo que consideró “un monólogo” y acudió a los tribunales porque estimaba que el alcalde, Santiago Rodríguez (La Fortaleza-Coalición Canaria), había vulnerado sus derechos fundamentales al impedirle intervenir. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha estimado, como medida cautelar, que la oposición pueda preguntar en las comparencias de los plenos hasta que se dicte la sentencia que determine si la actuación del alcalde fue ajustada o no a derecho.
En concreto, el juez ha concluido que se debe aplicar la medida cautelar porque “en el tiempo que transcurra hasta el dictado de la sentencia se sucederán los plenos y las comparecencias”, por lo tanto, considera que “privar a los miembros de la oposición de intervenir en las mismas en la forma propuesta provocaría un perjuicio irreparable”. Además, estima que la administración no resultará perjudicada por someterse a un control, ya que debe regirse por principios de legalidad y transparencia.
La Agrupación de Vecinos de Santa Lucía de Tirajana ha explicado que pretendía preguntar a Fernández, tras su comparecencia, más detalles acerca del proyecto que había presentado en el proceso de selección para el puesto y, sobre su trayectoria profesional, quería que le corroborase si su única experiencia en la administración pública fue como cargo de confianza. Se refiere a los dos años y siete meses como asesora en el Gabinete de la Vicepresidencia del Gobierno regional durante el mandato de Fernando Clavijo (2015-2019).
Las bases para seleccionar a la persona que sustituiría a Francisco Suárez López al frente de la empresa pública, que conlleva un sueldo de 42.983,22 euros brutos anuales, reunían requisitos que se ajustaban a la experiencia profesional de María Fernández, tales como una Licenciatura en Derecho o la ya citada experiencia de al menos dos años en un cargo público, cuando en puestos de responsabilidad similar en otras administraciones se exigen como mínimo 5 años.
A ello se suma la polémica en la fase final del proceso, en la que se valoraban a los tres candidatos finalistas con una entrevista y en base a su proyecto de actuaciones, en el que cada postulante debía ofrecer sus ideas para la mejora de la eficiencia y eficacia de la empresa pública.
Las otras dos personas postulantes fueron descartadas por no contar con experiencia en el área de Cultura o Deportes, requisitos que en la valoración a Fernández se omitieron. Así se reflejaba en la publicación del Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas del 19 de marzo sobre la sesión de deliberación celebrada un mes antes, en cuya Comisión de Valoración formaba parte el concejal Pedro Sánchez Vega, miembro del partido La Fortaleza, asociado local de CC.
En dicho documento se detalló especialmente por qué una de las candidatas, Sonia Santana, había sido excluida: se especificaba que durante la entrevista se había negado a abandonar su actividad profesional y esto podría suponer un incumplimiento de la Ley de incompatibilidades, según el órgano de selección. Desvelar este punto supuso para Santana una sensación de desprotección y confesó a este periódico haberse sentido “desacretida y atacada”.
Sin embargo, el órgano de selección no hizo referencia en el mismo documento si durante la entrevista con Fernández se valoró su candidatura al Congreso de los Diputados, pues podrá acceder a su acta en el Congreso en julio de 2022, en el escaño que Pedro Quevedo (Nueva Canarias) mantendrá hasta esa fecha. Este acuerdo se estableció cuando ambos partidos concurrieron conjuntamente a las elecciones de noviembre de 2019 en la circunscripción oriental del Archipiélago.
Esto fue motivo de crítica hacia la candidata por parte del portavoz socialista en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, Julio Ojeda, durante la comparecencia de Santana. A su juicio, no era entendible que se seleccionara para el puesto a alguien que en algo más de un año podrá acceder a su acta como diputada tramitando una excedencia del puesto en el que ha sido designada, en lugar de un funcionario.
Por su parte, Manuel Hernández, portavoz de la AV-SLT, tildó la elección como un “traje preparado a su medida”, y ha recordado ahora que otra de las preguntas que tenía previsto hacer a Fernández era si ya se había reunido con los empleados del Ateneo. En este sentido, querían que explicase si planeaba recurrir la aportación financiera del Ayuntamiento aumentando las tarifas que pagan los usuarios. Además, le hubiese gustado saber si Fernández pretende reestructurar la plantilla y si implicará despidos.
Según una nota de AV, esta no es la primera vez que el alcalde impide a esta formación preguntar en una sesión plenaria del 25 de marzo, fecha para la que había solicitado la comparecencia de Francisco Suárez López, exdirector de la empresa pública. El alcalde dio paso a la intervención de Suárez “en relación a las actuaciones realizadas con relación al expediente de contratación seguido para la contratación de Juan Santana como asesor de comunicación de la Gerencia Municipal de Cultura y Deportes”. Santiago Hernández aclaró antes de dar paso que “en las comparecencias no hay debate, ni votación”.
Juan Santana, que fue durante casi dos décadas jefe de prensa del Partido Popular de Canarias, y mano derecha del exministro José Manuel Soria en materia de comunicación, firmó el 11 de septiembre de 2020 un contrato por importe de 15.850 euros con la Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía, S.A., por el que se le encomendaban tareas como la elaboración de notas de prensa o la gestión de redes sociales.
El Ayuntamiento anuló el contrato tras descubrir que Santana había declarado falsamente estar en posesión de una licenciatura de Ciencias de la Información, uno de los requisitos que se recogían en las bases para la contratación del servicio requerido. Y le obligaba a devolver unos 6.800 euros que ya había cobrado, una vez descontada la retención del IRPF.
En este sentido, el portavoz de AV-STL quería preguntar al exdirector de la entidad que contrató a Santana: “Quién le propuso para el puesto, si anteriormente se había realizado este tipo de contrataciones y por qué se decidió pagar por este servicio cuando el Consistorio cuenta ya en nómina con un periodista”. Ahora, tras el fallo judicial, AV-SLT dice que podrá hacer “esas preguntas incómodas, y el resto de la oposición también”.