Tras el demoledor informe del Colegio Oficial Interinsular de Arquitectos de Canarias contra el proyecto de Ley del Suelo impulsada por el Gobierno presidido por Fernando Clavijo, ahora ha sido otro colectivo profesional, el de biólogos, el que se ha mostrado crítico con el diagnóstico realizado por el Ejecutivo y el resultado del mismo plasmado en el texto aprobado el pasado lunes en el Consejo de Gobierno y que inicia ahora su tramitación parlamentaria.
El Colegio Oficial de Biólogos de Canarias (COBCAN) valora la voluntad del Ejecutivo para “arreglar cuestiones que en el pasado fueron tabús” y para reunirse con los distintos colectivos profesionales, pero no ve satisfecha en este proyecto su aspiración de mejorar la regulación y protección de los espacios naturales. “Todavía no se ha apreciado qué ventajas tiene incluir a los espacios naturales protegidos en la Ley de Suelo de Canarias, una regulación que es eminentemente urbanística y en la que se solapan figuras de protección propias de la regulación del territorio e impropias de la conservación, y que no satisface las demandas sobre la atención a la biodiversidad que necesita el Archipiélago”, expone en el escrito que refleja su postura oficial sobre el proyecto estrella de Clavijo para esta legislatura.
El COBCAN aboga por desarrollar la legislación básica del Estado en materia de conservación de la biodiversidad y por una regulación “clara de los hábitats y especies que prime sobre la regulación urbanística”. Los biólogos recuerdan que la regulación de los planes de ordenación de los recursos naturales en el Archipiélago es “opaca e irrisoria”, a pesar de que la legislación de los recursos naturales “está por encima de la regulación urbanística”.
Este colegio comparte en gran parte las alegaciones presentadas al texto de la futura ley por la Fundación César Manrique, sobre todo en lo relativo al “nulo diagnóstico” del anteproyecto de Ley del Suelo, “como ya había ocurrido con otras leyes similares en la Comunidad Autónoma”.
El colegio pide a Clavijo abordar “cuestiones pendientes” en la legislación ambiental para avanzar en los derechos individuales y en el interés público de la conservación, cuestiones que, en su opinión, “han quedado aparcadas por los sucesivos ejecutivos canarios”.
En su escrito remarcan que el Convenio de Diversidad Biológica, ratificado por España el 16 de noviembre, establece “la importancia de la diversidad biológica para la evolución y para el mantenimiento de los sistemas necesarios para la vida en la biosfera” y afirma que “la conservación de la biodiversidad biológica es de interés común para toda la humanidad, con la preocupación por la considerable reducción de la diversidad biológica como consecuencia de determinadas actividades humanas”.
El colegio apuesta por desarrollar la legislación relativa a la diversidad biológica (Ley de Biodiversidad canaria), dotar de recursos a las políticas de conservación de hábitats y especies en peligro de desaparición y abordar las estrategias y planes “de los que sean partícipes en igualdad de condiciones todas las islas”.
Para los biólogos canarios existe “un buen listado de cuestiones pendientes de afrontar”, entre las que mencionan la financiación a los cabildos y ayuntamientos para la gestión de los recursos naturales; la Red Natura 2000; las especies exóticas invasoras; los planes de gestión de especies amenazadas, principalmente las costeras; las estrategias de gestión de especies del Catálogo Español de Especies Exóticos Invasoras; disponer de modelos alternativos a las playas artificiales que sean más ecológicos; la regulación de la pesca y de la vida silvestre en el mar, y los modelos alternativos de vehículos en las administraciones públicas.
También reclaman un mayor conocimiento de los distintos componentes de la biodiversidad en Canarias aplicando las técnicas de la biología de la conservación, “disciplina de síntesis que se ocupa de analizar las causas de la pérdida de la biodiversidad en todos sus niveles (genética, específica, poblacional y ecosistémica) y establece las medidas para minimizarla”.
“Curiosamente, Canarias, punto caliente de la diversidad silvestre mundial, sigue estando, sin embargo, ausente de esas políticas, por lo que no deja de sorprendernos que se pidan mil millones de euros a la Unión Europea para mejorar la biodiversidad y ésta no aparezca en la gestión”, reza el escrito.
Para los biólogos, el anteproyecto de la Ley del Suelo es “una mera declaración de intenciones, en ocasiones alejada de la realidad ecológica, quizá útil para un debate teórico, pero escasamente pragmática”. Por ello reclaman que este tipo de decisiones se valore desde un punto de vista multidisciplinar, con “el conocimiento científico sobre la situación del suelo que sostiene nuestra biodiversidad” y con un diagnóstico que acompañe las acciones que se proponen.
“Además, podemos añadir que la relación de puestos de trabajo (RPT) es un signo claro del corporativismo de nuestras administraciones públicas, altamente burocratizadas y ejemplo de anclaje en estructuras antiguas que propician decisiones poco sopesadas y nada convenientes para nuestra evolución como sociedad. Éste es el paradigma en una sociedad que, muy al contrario, necesita políticas de formación para la generación de un empleo verde que ofrezca futuro a nuestros jóvenes”, concluye el Colegio Oficial de Biólogos.