Una madre pide ayuda para que su hijo sordo tenga un intérprete de signos en la cárcel

Lydia Pérez y su marido han iniciado una lucha para intentar que su hijo tenga accesibilidad dentro del centro penitenciario.

Eloy Vera

Puerto del Rosario —

Elías nació hace 26 años con una sordera que le produce una discapacidad del 56%. En el momento de su nacimiento, Fuerteventura vivía muy alejada de la realidad que viven las personas con discapacidad auditiva. Su madre, Lydia Pérez, cuenta cómo el chico aprendió en el colegio, con ayuda de logopedas, “un lenguaje de signos muy básico” que le ha impedido comunicarse de mayor con total libertad. “No había asociaciones, ni siquiera conocía otras madres con las que compartir experiencias y reclamar mejoras”, lamenta

En mayo de 2013 el joven entró en prisión acusado de un delito con arma blanca. Luego fue puesto en libertad a la espera de juicio y en 2016 volvió a la cárcel para hacer frente a una condena de diez años. A pesar de tener un intérprete de lengua de signos en el momento del juicio, Lydia insiste en que su sordera y el desconocimiento de la lengua de signos limitó su defensa. “Creo que no estaba entendiendo todo lo que le decían”, dice. 

Su madre recuerda, años después, cómo la llegada de Elías a prisión fue muy dura. A pesar de llevar un implante coclear, no podía comunicarse con facilidad con los funcionarios y el resto de presos. “Él no sabía de qué iba aquello. Dónde quedaba nada, ni siquiera el economato. Entraba en algo nuevo y encima con la falta de audición. Un funcionario me llegó a decir que el miedo era si algún día hubiera que evacuar el centro y él no se enterara y eso me preocupa”, comenta.

Sin locutorio

Aún continúa teniendo limitaciones que le impiden ser igual al resto de reclusos. Dificultades para seguir el funcionamiento de los talleres que se imparten en el centro, problemas a la hora de comunicarse con la trabajadora social y el médico e, incluso, a la hora de recibir visitas en el locutorio. No puede usar el telefonillo porque es incapaz de oír la conversación. Mientras otros internos pueden tener más visitas al mes, él sólo puede ver a la familia en el vis a vis y eso está permitido una vez al mes.

Tampoco puede usar el teléfono de prisión para llamar a la familia cuando necesita que le lleven algo a prisión. Según Lydia: “Cuando quiere algo tiene que comunicarse con nosotros y tiene que ser a través de carta, pero a veces tarda en llegar a mi casa hasta 15 días y eso es muchísimo tiempo si necesita algo urgente”.

Ahora Lydia y su marido han iniciado una lucha para intentar que su hijo tenga accesibilidad dentro del centro penitenciario. A través de la consejera de Podemos en el Cabildo de Fuerteventura, Silvia Peixoto, entraron en contacto con la Fundación Canaria para el Sordo (Funcasor) cuya misión es mejorar la calidad de vida de las personas sordas y de sus familiares.

La directora técnica de Funcasor, Verónica Rodríguez, cree que la mejor herramienta para que Elías tenga accesibilidad en prisión es a través de la figura del intérprete de lengua signos o de un mediador comunicativo, dos o tres veces a la semana. “Es lo más factible para que él pueda aprovechar el recurso aprendiendo la lengua de signos y a la vez el intérprete sea el puente de comunicación en los talleres que ofrece el centro”, explica

El día a día de Elías en la prisión de Tahíche está rodeado de barreras de comunicación. Verónica insiste en que la mejor forma para la reintegración de este tipo de personas es que se pueda relacionar con los compañeros, aprender algún oficio o asistir a un taller y subraya: “La comunicación es la base de todo y si la tiene limitada estos años luego va a tener una difícil reinserción en el futuro”.

Además, advierte de que los problemas de comunicación con toda la comunidad del centro, día tras día, pueden ocasionar daños a nivel psicológico. Después de tanto tiempo así, “dudo que tenga a día de hoy una buena salud mental”, apunta esta profesional.

Funcasor ha presupuestado el proyecto de asistencia de un intérprete de mayo a diciembre, pero lo ideal sería contar con una financiación durante todo el tiempo que Elías permanezca ingresado en prisión. En el mes de octubre solicitaron ayuda al Cabildo. Allí les derivaron al Ayuntamiento de Antigua, municipio donde reside la familia del joven. Tramitaron la solicitud, pero la respuesta sigue sin llegar. Desde Funcasor reclaman que las administraciones “se pongan las pilas” con este tipo de situaciones y recuerdan que son ciudadanos que ya de por sí sufren un aislamiento que se agrava cuando entran en una prisión.

En el futuro, la familia y Funcasor se plantean otra línea a trabajar con la dirección del centro penitenciario. Se trataría de poder contar con un intérprete al que recurrir en momentos puntuales para dar respuesta a situaciones concretas como las visitas al médico, los encuentros con la trabajadora social o, llegado el caso, si necesitara asistencia psicológica. Se persigue evitar que esté expuesto a una incomunicación completa.

Dos años sin revisar el implante coclear

La última vez que Elías acudió a una revisión del implante coclear fue antes de entrar por segunda vez en prisión en 2016. La directora técnica de Funcasor, Verónica Rodríguez, insiste en que un implante coclear necesita una programación, una estimulación y una rehabilitación logopédica que no se tiene en la cárcel y puede ocasionar que el implante no funcione correctamente.

Para hacer esa programación y la valoración de cómo va el implante coclear tiene que acudir a la Unidad de Hipoacusia del Hospital Insular de Gran Canaria. La familia y Funcasor están viendo con el centro penitenciario cómo hacer para que el joven acuda a revisión y poder realizarle los ajustes y la estimulación del aparato.

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