La decisión de la jueza titular de Instrucción 27 de Madrid, María de los Ángeles Velázquez, de sentar en el banquillo al periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, e imponerle una fianza de 422.500 euros por sus informaciones relativas al exjuez corrupto Salvador Alba, ha sido fuertemente contestada por la profesión periodística a través de sus organizaciones más representativas. Al primer comunicado de amparo y defensa del periodista, acordado por la Asociación de la Prensa de Las Palmas, a la que pertenece, siguió de inmediato el de su homóloga de Tenerife con severas advertencias al riesgo que corre el ejercicio de la profesión periodística con este tipo de decisiones.
Este lunes se sumaron de inmediato a esta defensa del periodista y rechazo a la decisión judicial la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) y la Asociación de Periodistas de Investigación (API), de la que también forma parte el afectado. En un comunicado conjunto, ambas entidades sostuvieron que esta resolución judicial, tomada en contra del criterio del Ministerio Fiscal, “genera una profunda preocupación por el riesgo que supone para la libertad de información la falta de ponderación entre el derecho a informar libremente y el amparo a una acusación por delitos de revelación de secretos, odio y acoso, así como que una jueza pueda imponer una fianza tan elevada, en contra del criterio de la Fiscalía” y, de esta manera, “asfixiar económicamente a un medio y a un periodista que han desarrollado de forma legítima y veraz su labor periodística, tal y como marca la Constitución Española”.
Efectivamente, antes de que la jueza decretara la apertura de juicio oral, la fiscal encargada de esta causa emitió un informe contra el auto que puso fin a la instrucción en el que, tras analizar todas las informaciones objeto de la querella, concluyó que todas ellas “tenían relevancia pública y que ”los datos publicados refuerzan su veracidad, sirviendo a la credibilidad de la información transmitida y los datos publicados son los estrictamente indispensables para cumplir la finalidad perseguida de justificar la veracidad de aquellas. En definitiva, no se publica ningún dato no relacionado con la noticia y los datos publicados cumplen con el juicio de necesidad en cuanto se circunscriben estrictamente a lo que se considera “noticiable” sin que excedan de lo que pueda tener relevancia informativa ni puedan calificarse de irrelevantes, gratuitos o innecesarios“.
Para la fiscal, la conducta del periodista “constituyó el ejercicio legítimo de su derecho fundamental a la libertad de información, no lesionando en ningún caso el derecho a la intimidad del querellante [el delincuente en prisión Salvador Alba] y su familia”.
Para la FAPE y la API, “en un proceso como el que nos ocupa, en el que la juez asume los postulados de Alba contra Sosa por supuestos delitos de revelación de secretos, odio y acoso, la imposición de una elevada fianza para 'asegurar las presuntas responsabilidades pecuniarias' supone de facto un claro ataque a la libertad de información”.
Al pronunciamiento de las asociaciones de la prensa y de la API se sumó este lunes Reporteros Sin Fronteras, que coincidió en mostrar su preocupación por los efectos de esta decisión de la jueza Velázquez sobre el derecho a la información libre.
Además de las asociaciones y federaciones de periodistas, también mostró su respaldo al periodista y criticó la decisión judicial la Red de Colegios Profesionales de Periodistas, que consideró “desproporcionada y severamente preocupante para la libertad de expresión la petición de 23 años de cárcel para el periodista (...) por presuntos delitos de odio, acoso y revelación de secretos. A su entender, ”tanto la petición de pena como la fianza son desmedidas y constituyen una preocupante amenaza e intimidación para la libertad de expresión“.
Carlos Sosa lleva ejerciendo el periodismo desde 1982, año en el que formó parte del equipo fundador de Canarias7. En 2000, en compañía de otros periodistas, fundó el primer periódico digital de Canarias, Canarias Ahora, que en 2013 se convirtió en la edición local de elDiario.es.