Organizaciones y colectivos de extranjeros y profesionales médicos, entre otros, han criticado este viernes los efectos del decreto por el que hace un año se retiró la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, que han sido expulsados del sistema de salud en Canarias, denuncian.
Una diabética cubana de 55 años sin insulina por no poder costearla, una embarazada rumana de 31 que solo ha logrado que controlen su gestación tras mucho pedirlo, y a cambio de pagar facturas, o un saharaui de 37 obligado a solicitar medicamentos que le envían de campos de refugiados son algunos de los perjudicados por la medida, según esos colectivos.
Organizaciones como Médicos del Mundo, Amnistía Internacional, Cáritas Diocesana de Canarias o Comisión Española de Ayuda al Refugiado que, en un comunicado conjunto difundido por el primer aniversario de la entrada en vigor del decreto, que se cumple este domingo, han querido denunciar sus “nefastas consecuencias”.
Puesto que la aplicación de esa norma, promovida por el Gobierno español, “dejó sin cobertura sanitaria normalizada a 48.652 personas” de origen foráneo residentes en el archipiélago sin que las medidas especiales preparadas por el Servicio Canario de Salud hayan aliviado su situación, pese a lo que se había anunciado.
Esas medidas, aseguran, “no funcionan, pues solo 42 personas han podido obtener la tarjeta especial” de acceso a la sanidad en Canarias que se prometió como solución a los inmigrantes irregulares que precisaran atención y no pudieran pagarla, “debido a las dificultades burocráticas que entraña el conseguir la documentación del país de origen solicitada” para que les sea concedida.
Más de un centenar de clandestinos
Los firmantes del manifiesto especifican que han documentado de forma detallada cerca de un centenar de casos de inmigrantes excluidos del sistema sanitario a lo largo de este año entre Tenerife y Gran Canaria.
Si bien desde la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias, su secretario general, Teodoro Bondyale, ha opinado en declaraciones que el número de perjudicados en las islas es bastante más amplio, aunque también difícil de cuantificar porque la norma “ha convertido en clandestinos a muchos extranjeros que prefieren no hacer pública su situación por miedo”.
Bondyale ha sostenido que “lo que antes era un derecho se ha convertido en una gracia caritativa, que se concede o no dependiendo del médico o del sanitario de turno”, y que ello ha llevado a que incluso mucha gente haya optado por recabar asistencia por otros medios, pidiendo ayuda a compatriotas u organizaciones sociales y “actuando en silencio para evitar más problemas si se quejan”.
Las situaciones problemáticas más habituales detectadas por las organizaciones firmantes del comunicado de denuncia de los efectos del decreto son, en todo caso, según detallan, personas con patologías crónicas a las que interrumpen sus tratamientos y enfermos a los que se exige firmar compromisos de pago previos a la atención médica, así como niños a los que se les niega asistencia.
Como ejemplos de los casos que denuncian, relatan los de una hondureña de 39 años que dio a luz al entrar en vigor el decreto, y a quien “le dijeron que no tenía derecho alguno” al pedir que le hicieran un seguimiento tras el parto, o el de un menor de cubano al que han dicho que solo pueden atenderle en urgencias.
“Flexibilizar la documentación”
Desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se ha respondido a estas críticas asegurando que el Ejecutivo “ha tomado todas las medidas necesarias para mitigar, dentro de sus competencias, el impacto” del decreto.
Sanidad subraya en una respuesta escrita a preguntas de Efe que “entre esas medidas destaca la orden de la Consejera para prestar asistencia sanitaria a los extranjeros sin recursos”, que matiza que “está en proceso de modificación, con el objeto de flexibilizar la documentación a presentar en aquellos casos que sea complicado obtener la documentación en el país de origen”.
Y agrega, en relación a los casos de menores, urgencias, embarazadas y personas sin recursos, que podrán solicitar asistencia acogiéndose al llamado programa especial de salud pública.