Más de veinticinco empresas repartidas por diversos países, numerosos pisos, locales comerciales, dos embarcaciones y vehículos de alta gama fue el resultado de las operaciones de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico que durante años llevó a cabo una banda que operaba entre Las Palmas de Gran Canaria, Madrid y Marbella.
El Tribunal Supremo (TS) acaba de ratificar la imposición de penas que suman 38 años de cárcel y 193 millones de multas a este grupo integrado por 8 personas que desde 1998 a 2004 se dedicó a las labores de blanqueo. Por el camino quedaron eximidos de culpa tres individuos que en principio estaban implicados.
El Supremo retira la multa a un abogado y un agente inmobiliario de la capital grancanaria por valor de 13,5 millones a cada uno de ellos al no haberse podido confirmar la totalidad del dinero que ganaron con estas operaciones ilícitas y se les rebaja la pena de cárcel de 5 y 4 años y ocho meses, a cuatro en cada caso.
De resto se ratifica la sentencia emitida por la Audiencia Nacional el pasado año por blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, del que se considera principal responsable y cabecilla de la banda a Rafael María Bornia Bordón por haber obtenido “importantes ingresos” con la venta de droga.
Las penas de cárcel suman siete años y medio y el desembolso de 70 millones de euros. Se considera probado que para canalizar estas cantidades de dinero, sacándolas al extranjero o introduciéndolas en el mercado, ocultando el origen y su auténtica propiedad, creó una infraestructura que le permitió a lo largo de varios años vivir con alto nivel de vida hasta que fue detenido en 2004.
Bornia Bordón llegó a reunir un importante patrimonio y realizó inversiones inmobiliarias principalmente en Madrid, aunque también en Marbella y Canarias. Igualmente sacó dinero al extranjero a países como Georgia o Costa Rica. Para ello contó con la colaboración de su pareja sentimental, Natalia Pombriego, condenada con cinco años de cárcel y multa de 40 millones, que figuraba como socia mayoritaria de sus sociedades relacionadas casi siempre con el negocio inmobiliario.
Igualmente contó con la colaboración del ciudadano libanés, residente en Las Palmas de Gran Canaria, Pierre Abdouy Moussa que canalizaba estos ingresos a través de entidades constituidas en Panamá y Belice. Todo ello simulando que se trataban de pagos de suministro de pescados y maricos que salían del país y que en ocasiones eran retornados para invertirlos en compras inmobiliarias.
Abdouy era quien se ocupaba de pagar los gastos a otras personas de la trama, como un industrial residente en Marbella que permitió que su empresa sirviera para dirigir las inversiones hacia diversas entidades y puso a su nombre otras sociedades de Bornia. También se ocupaba de facilitar a algunos integrantes de la banda vehículos de alta gama para su uso habitual.
Por ello, se le impone una pena de cárcel de siete años y el pago de 50 millones. En parte de estas labores se contó con la colaboración del abogado de la capital grancanaria, Antonio Domingo Ortiz y el agente inmobiliario de esta misma ciudad, José Luis González Dorestes, que se encargaban de buscar propiedades para blanquear el dinero.
A otros de los acusados se le condena por haber ocultado el origen de los fondos que manejaba esta banda y constituir diversas sociedades en Madrid a nombre de la pareja sentimental de Bornia. En 1997 este último huyó de la capital grancanaria para evitar ser detenido por un delito de tráfico de drogas.
En el registro de su domicilio de la calle Ansite se encontraron casi 142.000 euros en efectivo. Finalmente, fue capturado en 2004 y la Audiencia Provincial de Las Palmas lo condenó a 12 años de prisión.
Tras su huida constituyó en Madrid hasta once sociedades cuyos beneficios se invertían en el sector inmobiliario, moviéndose cifras de hasta 7,5 millones de euros, y adquiriendo viviendas o gran cantidad de parcelas. Entre 2000 y 2001 la pareja se trasladó a Marbella y sus propiedades en la capital madrileña pasaron a ser administradas por un canario.
La lista de empresas creadas a lo largo de este tiempo es innumerable y estaban repartidas por Líbano, Georgia o Panamá entre otros enclaves. En ocasiones utilizaban a personas en una difícil situación económica con el fin de que abrieran cuentas o realizaran otro tipo de operaciones. Entre las propiedades se encontraban también varios chalets situados en San Agustín, una nave en Agüimes, seis pisos en La Palma, otros dos en Telde con garaje y uno más en Vecindario y una embarcación matriculada en Gibraltar.
El juzgado ordena el comiso de hasta 25 empresas con sus correspondientes saldos, siete viviendas, 33 locales comerciales, dos embarcaciones y otros tantos vehículos de alta gama, aún sin localizar.