Los agentes de movilidad de Las Palmas de Gran Canaria no tramitarán más multas de tráfico a partir de ahora. No lo harán tras una orden emitida este lunes a los miembros de este cuerpo firmada por el comisario jefe principal de la Policía Local, Carlos Saavedra Brichis, “siguiendo instrucciones de la Concejalía competente”.
La decisión se toma solo unos días después de que el propio alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo (PSOE), asegurara públicamente que el Ayuntamiento “defenderá que los agentes de movilidad puedan sancionar”. Unas declaraciones que hizo tras conocerse recientemente otra sentencia que anulaba una multa interpuesta por un miembro de este cuerpo.
En la orden remitida este lunes a los agentes de movilidad, el comisario jefe aclara que partir de ahora solo podrán realizar las tareas que se les asignen en dirección de tráfico. Además, se añade que “no efectuarán denuncias de tráfico”.
Solo si estos agentes observasen alguna infracción solicitarán apoyo de los mandos de tráfico, “para efectuar denuncia voluntaria”, es decir, como un ciudadano de a pie que llama a la Policía para denunciar, teniendo que demostrar con pruebas que se está cometiendo dicha infracción que alegan.
Hasta la fecha, la denuncia de una agente de movilidad tenía el mismo valor que la de un agente de la autoridad, que da fe del suceso o la infracción, y de por sí su palabra vale más que lo que alegue el denunciado, obligado a demostrar lo contrario con pruebas. Ahora, el agente de movilidad que denuncie de forma voluntaria tendrá que acreditar la misma con pruebas.
La orden de este lunes está sustentada en una nueva sentencia, esta vez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se declara la incompetencia de los agentes de movilidad para formular denuncias de tráfico. No es la primera, ya que han salido otras sentencias que anulan multas interpuestas por este cuerpo.
El pasado mes de enero, la Justicia declaraba nula una multa de 200 euros por estacionar en una plaza para personas con movilidad reducida porque la había puesto un agente de movilidad. En mayo del año pasado anulaba por el mismo motivo otra sanción de 200 euros impuesta a una conductora que utilizó el teléfono móvil al volante.
La polémica por las competencias de los agentes de movilidad no es la única que afecta al cuerpo de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. La gestión en tráfico también ha sido cuestionada especialmente después de que
otra sentencia concluyera que el Ayuntamiento no tiene la titularidad de la GC-23 que conecta Guanarteme con Lomo Blanco y que los policías locales no tiene competencias para multar en esta vía.
El cuerpo además ha estado afectado por otros problemas de gestión. Entre ellos, el hecho de que se quedara sin prácticas de tiro reglamentaria por una deuda de dos años del Ayuntamiento con el club que le facilitaba las instalaciones. Así mismo, el cuerpo se ha venido quejando de la falta de material y vehículos, algo que sí ha empezado a solucionar el Consistorio y de falta de comunicación con los mandos.
El sentir es que el comisario jefe trabaja sin equipo. De hecho, su plaza fue recurrida por la segunda escala de mandos. A ello se le suma la marcha de la directora de Seguridad y Emergencias después de que la Justicia anulara su nombramiento.