Un nuevo contratiempo ha obligado al Servicio Canario de Salud (SCS) a modificar el proyecto de demolición del antiguo Colegio Universitario de Las Palmas (CULP) y, por tanto, a retrasar aún más el inicio de las obras de ampliación del Hospital Insular de Gran Canaria, la prometida y ansiada “solución definitiva” a los continuos episodios de colapso asistencial que sufre el complejo desde hace años y que se evidencian en las urgencias.
En esta ocasión, ha sido la localización en el sótano del viejo edificio de una instalación eléctrica que no había sido detectada hasta la fecha, un centro de transformación soterrado que exige ejecutar actuaciones no contempladas en el proyecto de obra presentado en mayo y aprobado por el servicio de Infraestructuras del SCS en agosto.
La Consejería de Sanidad publicó el anuncio de licitación el pasado 21 de noviembre y dio de plazo hasta el 14 de diciembre a las empresas interesadas para presentar las ofertas. El presupuesto total asciende a 2,3 millones de euros (incluyendo la retención adicional del 10% prevista en la Ley de la Hacienda Pública Canaria) y el plazo máximo de ejecución es de seis meses. El proyecto es susceptible de ser cofinanciado en un 85% por la Unión Europea.
Sin embargo, el mismo día en que expiraba el plazo de presentación de las ofertas, el servicio de Infraestructuras del SCS emitió un informe que advertía de la presencia de esa instalación eléctrica hasta entonces desconocida en el sótano del edificio. Un centro de transformación recibe energía de alta o media tensión y la convierte en energía de media o baja tensión para que pueda ser utilizada por los usuarios. Se había detectado el 1 de diciembre en una primera visita organizada para enseñar las instalaciones a los empresarios interesados. En la segunda, realizada el día 12, los técnicos comprobaron que esta central estaba conectada “en anillo” tanto con el edificio principal del hospital como con el inmueble industrial. Dos líneas de media tensión de Endesa que discurren bajo la acera, el asfalto y la zona ajardinada alimentan a ese centro, por lo que los profesionales precisan en su informe que será necesario que la compañía eléctrica marque su ubicación antes de ejecutar las obras de demolición del antiguo edificio.
El servicio de Infraestructuras destacaba el “buen estado” del centro transformador y, por ello, recomendaba, mantenerlo, al igual que las líneas de media tensión.
A raíz de ese informe, el consejero de Sanidad, el socialista Blas Trujillo, firmó una orden para dar marcha atrás en la aprobación de los pliegos, retrotraer las actuaciones al momento anterior a la aprobación del proyecto de obra y suspender el plazo de presentación de las ofertas hasta replantear y definir “con precisión” el objeto del contrato.
En esa orden, el consejero precisa que antes de iniciar las obras de demolición del edificio hay que realizar actuaciones que no estaban contempladas en el proyecto técnico aprobado en agosto, como sacar una línea de baja tensión para alimentar el cuadro de obra o tomar las medidas oportunas para proteger la envolvente del centro de transformación y para evitar que las aguas de las lluvias puedan penetrar en su interior una vez derribado el edificio.
Sin modificación presupuestaria
Fuentes oficiales de la Consejería de Sanidad han asegurado a este periódico que esas actuaciones no implican un “cambio sustancial” del proyecto ni de los pliegos y, por tanto, “tampoco del presupuesto aprobado” para la demolición. La previsión es que “a finales de enero” esté publicada la nueva licitación. De cumplirse este objetivo, el retraso por este último contratiempo sería de algo más de dos meses, una demora que se suma a las sufridas desde que, hace ya más de dos años, se escenificará a sus puertas el acuerdo de cesión del edificio, propiedad del Cabildo de Gran Canaria, al Gobierno regional.
En aquella comparecencia, el consejero Blas Trujillo expresó su deseo de que el nuevo edificio pudiera estar concluido antes de que acabara la legislatura. A poco más de cuatro meses de la celebración de las elecciones autonómicas, los sucesivos retrasos (primero en la cesión efectiva del edificio, materializada en abril del año pasado, y después por la aparición de materiales no previstos y deterioros por caídas) han hecho imposible el propósito de concluir el mandato con el antiguo CULP derribado de forma definitiva.
Ya en abril de 2019 se hablaba del CULP (construido en 1972 y utilizado hasta 2017 por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para impartir docencia) como la solución a los problemas de espacio del Hospital Insular. En esa fecha, el entonces presidente Fernando Clavijo (CC) respondía a la denuncia que habían presentado los médicos adjuntos de urgencias del Hospital Insular contra el “inaguantable colapso” del servicio primero sugiriendo que la responsabilidad era de los propios profesionales y, posteriormente y tras retractarse, haciendo referencia a la cesión de ese edificio para desbloquear el colapso. Desde hace años, y con sucesivos gobiernos, los sanitarios se han manifestado y han elaborado numerosos escritos para reclamar una asistencia más digna en las urgencias y el fin de los pasillos como lugares donde se hacinan los pacientes en camillas.
La demolición del CULP es el primer paso del proyecto previsto. Después deberá ejecutarse el plan funcional, la construcción en una parcela de 10.000 metros cuadrados de un edificio de cinco plantas que ampliará las instalaciones del hospital con un nuevo servicio de urgencias o de una unidad de hospitalización de media estancia de 40 camas para poder ubicar a los pacientes que ya han recibido el alta médica pero precisan atención sociosanitaria y no disponen de plaza en residencias o sus familias no pueden hacerse cargo de ellos. También se instalarán en el nuevo inmueble una unidad de apoyo a la investigación, el nuevo servicio de farmacia, la ampliación de las consultas externas, la cirugía mayor ambulatoria, laboratorios clínicos, el área de inmunología o un espacio de vestuarios y otro de logística.