Una ONG da leche, cacao y cereales a 42 familias para asegurar que sus hijos desayunan pese al cierre de comedores escolares

Cuarenta y dos familias con niños a su cargo y en situación de pobreza severa reciben desde el 1 de julio en Las Palmas de Gran Canaria un reparto extra de víveres procedentes del Banco de Alimentos para aliviar la situación que ha provocado la suspensión por parte del Gobierno canario de los comedores escolares de verano en los colegios públicos. Se trata de familias asistidas de forma regular por la Asociación Vecinal y Solidaria de Arenales (Avesar), cuyo coordinador, José Antonio Cardoso Silva, adelantó el reparto de víveres cuando las familias constataron que no habría alternativa a los comedores de verano y empezaron a acudir a su sede en busca de amparo. “Tenemos que intentar asegurar a esos niños el desayuno, además del almuerzo”, dice Cardoso.

Avesar es una de las asociaciones acreditadas en Las Palmas de Gran Canaria para realizar la distribución de víveres procedentes del Banco de Alimentos, cuyos inspectores supervisan cómo se lleva a cabo ese reparto para garantizar que llega a quienes lo necesitan. En el caso de Avesar, los destinatarios son los miembros de más de doscientas familias, 42 de ellas con menores a su cargo y 27 con mujeres que son víctimas de violencia de género. Todas ellas han sido derivadas por trabajadores sociales de instituciones públicas, incluido el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, o bien por otras ONG, como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), por encontrarse en situación de pobreza severa y grave riesgo de exclusión social.

Desde el lunes 1 de julio, Cardoso empezó a constatar que muchas de esas familias con menores, cuyos hijos tienen desayuno y almuerzo asegurado y gratuito en el colegio durante el curso, tropezaban con el cierre sin alternativa de los comedores escolares de verano en Las Palmas de Gran Canaria. Este cierre es consecuencia de la decisión del Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo (CC), de desentenderse de esta gestión y endosar a los ayuntamientos los comedores de verano. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, el cambio abrió una disputa competencial entre ambas administraciones, pero el Ayuntamiento, que dirige Augusto Hidalgo (PSOE), no dispuso ninguna medida de alivio inmediato para las familias afectadas, como sí han hecho los alcaldes socialistas de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna.

Entre las familias asistidas por Avesar, este choque competencial se ha traducido en la inexistencia de dos comidas diarias seguras para sus hijos. Y en frustración, desorientación y desamparo para personas que ya arrastraban graves dificultades para atender necesidades tan elementales como comer o vestir. Según el relato de Cardoso, los afectados primero se dirigieron al colegio Aguadulce, para ver si sus hijos podían integrarse en el campus de verano que organiza allí el Ayuntamiento. El campus no tiene comedor, pero de todas formas “lo que les dijeron es que el cupo estaba lleno y que llamaran a un teléfono del Ayuntamiento, donde nadie atiende las llamadas”.

En vista del panorama, Avesar se movilizó para anticipar entregas extras de alimentos a las familias que han acudido en busca de amparo. “Lo que más nos piden son alimentos para el desayuno”. Y la asociación reparte lo que tiene: leche, cacao, cereales, galletas, gofio y batidos de chocolate. Todos los víveres proceden del Banco de Alimentos. Parte de ellos han sido aportados por los ciudadanos en las puertas de los supermercados en las ´operaciones kilo que organiza el propio Banco de Alimentos. Pero el grueso de la mercancía son alimentos de primeras marcas envasados con el logotipo de la Comunidad Europea, que los financia a través del programa de ayuda alimentaria para personas desfavorecidas.

Los menores afectados a los que se refiere Cardoso Silva viven en hogares golpeados por niveles severos de pobreza y riesgo de exclusión social por causas variadas. En algunos casos, por el desempleo, trabajos muy precarios o la percepción de rentas o ayudas institucionales insuficientes para atender todas las necesidades de la familia, empezando por la nutrición. En otros, por problemas graves de salud o incapacidad laboral de los cabezas de familia. El tercer gran grupo lo integran retornados de Venezuela por la grave crisis que vive aquel país y migrantes sin papeles de diversas procedencias. “Personas que tardan tres años en conseguir papeles y que durante ese tiempo no pueden trabajar ni hacer nada de nada”, enfatiza Cardoso Silva.

Para todos ellos, Avesar es mucho más que el lugar donde se alivian sus necesidades básicas de alimentación. La asociación se esfuerza por implicar a los propios usuarios en tareas comunitarias, incluyendo la organización del pequeño local que hace las veces de sede, almacén y punto de encuentro. Varios de ellos se ocupan de la logística de organizar los víveres llegados del Banco de Alimentos, para garantizar que nada se pierde por caducidad. Otros acuden al centro como si fueran al encuentro de una gran familia donde la charla y el intercambio de información constituyen una terapia que les aleja del sentimiento de exclusión, de la pérdida de autoestima y, sobre todo, del gran riesgo de caer en una depresión derivada de sus problemas. “Por eso nos esforzamos por sacarles de sus casas”, resalta Cardoso.

Todos han llegado hasta allí derivados por trabajadores sociales o por otros colectivos solidarios. Este es un requisito indispensable para que, conforme a las normas del Banco de Alimentos, puedan beneficiarse del reparto de los víveres. Algunos han llegado derivados por trabajadores sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Esto constituye una gran paradoja, pues el consistorio, según el relato de Cardoso Silva, suprimió a la asociación la ayuda de que disponía para contratar el servicio de transportes necesario para el traslado mensual de los palés de víveres desde el Banco de Alimentos hasta la sede de Avesar. Desde que esto sucedió, es la obra social de CaixaBank la que subvenciona estos portes.

La segunda gran paradoja tiene que ver con el propio mini local que aloja a Avesar. Durante dos años, el coste de su alquiler fue sufragado por un gran empresario de la capital, Antonio de Padua Rodríguez, que quiso mantener este dato en el anonimato hasta que falleció hace unos meses. Ahora, Avesar se expone al riesgo de un desalojo y lleva meses solicitando al Ayuntamiento capitalino un local alternativo. De momento, esta petición no ha sido atendida.

Pero la paradoja más dramática tiene que ver con los escritos de derivación sin los cuales ninguna familia puede recibir víveres del Banco de Alimentos. Usuarios de Avesar aseguran que los servicios sociales del Ayuntamiento tardan una media de cinco meses en darles cita y que, cuando las otorgan, algunos trabajadores sociales se niegan a firmar estas derivaciones. Cardoso Silva piensa que parte de esas negativas son inducidas por prejuicios de concejales de Podemos que rechazan el reparto solidario de alimentos como herramienta de asistencia social.

En estas condiciones, muchas veces son otras ONG o los asistentes sociales de los centros de salud los que acceden a firmar estas derivaciones, para ahorrar angustia a personas que ya viven dramas personales muy intensos.