En la puerta de entrada se amontonan bolsas repletas de ropa usada de cama. Desde dentro se escucha una voz condescendiente. “Vamos a ver si te podemos pasar ya a planta”. Traspasado el umbral, un par de sanitarios desayunan en un pequeño office. A mano izquierda, se extiende un pasillo con camas a ambos lados, separadas por cortinas verdes. En total, 18. Todas ocupadas por pacientes en estado crítico: un politraumatizado, enfermos que requieren respiración asistida... Entre ellos, apenas un metro y medio de distancia. En el centro del pasillo los trabajadores monitorizan las constantes de los enfermos. Al fondo, un despacho con el responsable de guardia. La ventilación es escasa, también la luz natural.
Es la imagen que ofrece estos días la unidad de reanimación y del despertar del Hospital Insular de Gran Canaria, el de referencia para la ciudadanía de la zona sur de la isla. En circunstancias normales, en esta área se atiende a pacientes que acaban de ser sometidos a una intervención quirúrgica y se están despertando de la anestesia. Una media de seis a ocho de forma simultánea, según un profesional del servicio. Desde mediados de diciembre se ha convertido, sin embargo, en una extensión de la UCI (unidad de cuidados intensivos).
No es la primera vez que ocurre desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Está previsto en el plan de contingencia del hospital cuando la capacidad real de la unidad de críticos se desborda, cuando se ocupan las 32 camas de las que está dotada. Por su necesidad de aislamiento, un paciente grave con coronavirus siempre se ubica en uno de esos boxes acristalados de la UCI, que reúnen condiciones muy diferentes a las de la unidad de reanimación y del despertar: son amplios, están aislados, disponen de abundante luz natural y equipos de presión negativa para evitar la contaminación y garantizar la calidad del aire.
Los pacientes con COVID ya ocupaban a mediados de semana casi el 80% de la capacidad de la UCI, 25 de sus 32 camas. Con otras patologías había 33 personas. En total, 58 críticos. Médicos intensivistas como Luciano Santana ya han advertido de que desde hace meses la afluencia al servicio por otras enfermedades, al margen de la producida por el coronavirus SARS CoV-2, “es cada vez mayor” y que se trata de una situación “nunca antes vista”. “A este ritmo, nos vamos a quedar sin respiradores”, alerta una enfermera del servicio.
Este incremento de la presión asistencial, que coincide con el inicio de la sexta ola, ha obligado al complejo a activar, por primera vez desde que se iniciara la pandemia, el nivel 5 del plan de contingencia. Primero se llenaron las 32 camas de la UCI. Después, las 18 de las unidades de reanimación y del despertar, donde ha habido que aumentar el número de guardias para el equipo de anestesia. También hubo que habilitar cuatro camas en otra área, la reservada habitualmente para la cirugía mayor ambulatoria. Tampoco fue suficiente y, por ello, se cerraron quirófanos y se habilitaron como camas para pacientes críticos, una medida prevista en el nivel 5 de alerta. En consecuencia, las cirugías programadas se han suspendido. Solo se han mantenido las urgentes y oncológicas no demorables. Desde otros servicios señalan que han tenido que esperar hasta dos horas de madrugada para que un paciente que requería cuidados intensivos pudiera ingresar en la unidad.
Ante la incapacidad para contener esta situación con los recursos propios, la dirección del hospital ha tenido que acudir además a soluciones externas. El pasado lunes ya se autorizaban los dos primeros traslados a clínicas concertadas. También el otro hospital de referencia de Gran Canaria, el Doctor Juan Negrín, ha recibido pacientes críticos desde el Insular, según confirman fuentes oficiales del complejo.
Las dificultades son de espacio, pero también de personal. La dirección de Recursos Humanos busca profesionales de enfermería con formación y experiencia en la atención en cuidados intensivos. Aunque estén trabajando en Atención Primaria o en el sector privado. Incluso doblando turnos. A las que ya están, se les está pidiendo que hagan horas extra que serán compensadas con días libres. Ante estas carencias, el director del Servicio Canario de Salud (SCS) también dictó una resolución esta misma semana por el que amplía, con carácter excepcional, el periodo de disfrute de los días de vacaciones y asuntos particulares de 2021. Hasta ahora, los trabajadores tenían que coger esos días como máximo hasta el 31 de enero. Ahora estas licencias se extienden hasta el 28 de febrero (el 31 de marzo en el caso de La Palma) con la finalidad de que durante este repunte se puedan reforzar los servicios sobre los que se prevé una especial exigencia en la sexta ola de la pandemia.
Una pandemia que ha desnudado las carencias del hospital. Entre los trabajadores ha crecido la indignación en los últimos meses. La sensación, coinciden tres de los sanitarios consultados, es la de estar trabajando “en un hospital de guerra, de campaña”. Achacan la situación a una conjunción de factores. No solo a la falta de espacio y a los problemas estructurales que arrastra un centro que no ha acomodado sus instalaciones a la creciente demanda poblacional, provocada por el envejecimiento de la población. También a un problema de gestión, a una falta de planificación y organización, sobre todo de recursos humanos, y a la desidia mantenida durante años por las instituciones sanitarias. El problema, insisten, va mucho más allá de la COVID-19. La crisis sanitaria lo ha retratado.
“La imagen es de una improvisación constante”, manifiesta un sanitario. “Es que ya estamos en la sexta ola. Para la primera podría valer la excusa, pero llevamos casi dos años de pandemia y no se ha encontrado ninguna solución”, tercia otro. “Es una pelota que va engordando. Hay un descuido total, no hay cercanía con el profesional, que al final acaba teniendo una desafección y se va. Son problemas que se enquistan, que nadie solventa, llega otro y lo mismo. No es solo espacio, es un problema de gestión”, dice un tercero.
El ejemplo paradigmático es el servicio de urgencias. En los últimos cinco años se han marchado 36 médicos adjuntos. En sus instalaciones, la imagen se repite día tras día. Dos sanitarios conducen a una paciente de avanzada edad en silla de ruedas hacia uno de los boxes. Para llegar a la cama deben sortear y apartar otras dos camillas ubicadas en una doble fila. No hay distancia entre ellas. Están prácticamente pegadas. La única ventilación y luz natural que se cuela en esta sala es la que procede de los portones abiertos para facilitar la entrada de los pacientes que llegan en ambulancia al centro. Más adelante, otros usuarios aguardan en pasillos que se libere una cama en planta para poder ser trasladados o ser derivados a una clínica concertada. La media es de entre 50 y 70 pasillos al día, según los datos recabados a diario por los profesionales de urgencias.
Ya ha pasado más de un mes desde que la mayoría de los médicos adjuntos de las urgencias del Hospital Insular remitieran a diversos estamentos una carta que denunciaba las “pésimas condiciones laborales” del servicio y advertía de que la seguridad clínica de los pacientes, la dignidad en la atención y su intimidad estaban “gravemente comprometidas”. La reivindicación no era nueva. Los facultativos del centro llevan denunciando los colapsos desde hace años sin que las medidas parciales adoptadas -la apertura de una nueva sala hace tres años y la habilitación provisional de espacios destinados a otros fines durante los picos asistenciales- hayan logrado evitar que la estampa se suceda a diario.
Desde la dirección del centro afirman que se continúa trabajando “con los servicios implicados” en una solución. Las últimas propuestas han sido la liberación de una planta con 28 camas para albergar en ella a pacientes pendientes de traslado tras el alta en urgencias y también la derivación hacia el Hospital Juan Carlos I, el antiguo hospital militar, un centro que, según los trabajadores sanitarios, está infrautilizado y con plantas enteras en desuso.
El CULP y espacios vacíos
La respuesta institucional a las denuncias de los profesionales sanitarios apunta a un edificio, el que albergaba el Colegio Universitario de Las Palmas (CULP). Se trata de un inmueble que ha cedido el Cabildo de Gran Canaria al Servicio Canario de Salud para hacer crecer el hospital, para crear una extensión del actual complejo. El acuerdo se formalizó a finales de 2020. Durante el acto público que se celebró a sus puertas se presentó como la solución definitiva a los colapsos de las urgencias. Un año después, no se ha movido ni una piedra. Aún se está redactando el pliego para su demolición. Hay que derribarlo y construir un nuevo edificio. Los trabajadores estiman que este proceso se demore “cuatro o cinco años”, por lo que no se contempla como una opción que responda a las necesidades acuciantes de un complejo saturado casi permanentemente.
Dentro del hospital, hay profesionales que buscan alternativas viables y que se puedan acondicionar en mucho menor tiempo para aliviar la presión. Aparte de las que plantean que la solución está en el exterior, por ejemplo en el antiguo hospital militar, en foros profesionales se ha advertido en estas últimas semanas de que hay determinados espacios en el propio edificio del Insular que se encuentran inutilizados o infrautilizados. Aluden, en concreto a tres áreas, ubicadas en la tercera, cuarta y quinta planta, en las que, según sus cálculos, se podrían aprovechar en torno a dos mil metros cuadrados de superficie.
En la tercera planta hay un espacio cerrado que ocupa unos 800 metros cuadrados. Está situado en frente de despachos sindicales y de los laboratorios de Inmunología y Anatomía Patológica. Un cartel en la puerta impide la entrada. “Prohibido el acceso. Solo personal autorizado. Uso obligatorio de casco”, reza. Para hacerlo, hay que contactar con el ingeniero de guardia. En la planta superior, también sobre un área semicircular, hay otro espacio que en la actualidad se está utilizando como office para los celadores y que, según personal del centro, es aprovechable para labores asistenciales. Se trata de una estancia abandonada, con muebles y sofás desvencijados. El tercer espacio, de planta rectangular, se ubica en la quinta planta del edificio.
A preguntas de esta redacción, las fuentes oficiales del complejo han evitado pronunciarse sobre la viabilidad de utilizar estas áreas. De forma oficiosa, a los trabajadores se les ha trasladado que estos emplazamientos presentan problemas estructurales. Los profesionales advierten, sin embargo, de que en los niveles inferiores a esas zonas se abrió un nuevo espacio de Radiología y que esa planta también aloja los servicios de Medicina Nuclear, por lo que consideran que se trata de dificultades “solventables” con proyectos técnicos que lleven menos tiempo y complejidad que el derribo y construcción del nuevo edificio anexo en la parcela que ocupaba el antiguo CULP.