La llegada de varias pateras a Lanzarote en los últimos días ha puesto en evidencia la falta de planificación y, una vez más, la utilización de la inmigración por parte de los partidos políticos como arma de confrontación. A pesar de que Canarias fue referente en la gestión de la llegada de cayucos en el año 2006, cuando recibió el número más alto de migrantes registrado jamás, no declaró entonces la situación de emergencia humanitaria, una figura a la que sí ha apelado esta semana el Cabildo de la isla, gobernado por CC, al no disponer en ese momento de lugares en condiciones donde alojar a los menores. Según ha sostenido la Corporación insular, el objetivo es el de poder alojar a los más de cien menores extranjeros no acompañados llegados a la Isla en el albergue de La Santa, de titularidad pública, pero que se encuentra en manos de una empresa concesionaria.
Lejos de quedar en un acuerdo entre ambas partes para el uso de las instalaciones, la declaración de emergencia fue anunciada por el Cabildo insular y rápidamente se provocó el correspondiente revuelo mediático. El primer Cabildo en responder a esta declaración fue el de Tenerife, liderado por Carlos Alonso (CC), que se ofreció a acoger a menores en esta isla. Esta corporación insular fue un paso más allá empezando a definir esta situación como crisis migratoria en un comunicado.
Desde CEAR entienden que la declaración de emergencia humanitaria por parte del Cabildo de Lanzarote se ha realizado para garantizar el bienestar y los derechos de los menores y, en este sentido, subrayan que es bienvenida ya que además visibiliza una realidad complicada. No obstante, ese gesto también puede generar confusión al transmitir una percepción de que se trata de una situación extraordinaria. Su coordinador en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, subraya que se debe evitar que el asunto genere alarma social e insiste en que no nos encontramos ante una crisis migratoria y que las Islas tienen capacidad de acogida.
Es cierto que en las últimas semanas se ha incrementado el número de pateras que han arribado a Lanzarote, pero las cuotas están muy lejos de las de hace diez años. Mientras que a 30 de septiembre de 2018 las cifras oficiales facilitadas por la Delegación del Gobierno hablaban de 659 personas que habían llegado en patera a las costas de Canarias, en los primeros días de octubre se ha incrementado con las embarcaciones que han alcanzado Lanzarote, que rondarían las 800 personas. En cualquier caso, se trata de datos muy alejados del año 2006, por ejemplo, cuando llegaron a España mayoritariamente desde Canarias 31.678 personas en 515 pateras o cayucos.
El foco se ha centrado en las últimas semanas en la llegada de menores. En total, según los datos del Cabildo de Lanzarote, en lo que va de año ha acogido bajo su tutela a 185 menores provenientes de 32 pateras y actualmente se encuentran bajo protección de la corporación insular 158 menores. No obstante, la mayor parte de ellos siguen a la espera de que se les practiquen las pruebas óseas para comprobar su edad. El Gobierno de Canarias señala que, en total, esta comunidad autónoma tiene acogidos a 309 menores. Unos datos que también difieren mucho de los del año 2008, por ejemplo, cuando Canarias tenía acogidos a más de 1.200 menores extranjeros. El entonces presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero (CC), no declaró la situación de emergencia humanitaria, aunque sí advirtió de que las Islas estaban “desbordadas” y pidió ayuda al Estado y a Europa.
En el año 2009, la entonces consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas (también de CC) reclamaba al Estado la necesidad de habilitar nuevos espacios para acoger a menores extranjeros no acompañados y también pidió un acuerdo con los representantes de todas las comunidades autónomas a fin de concretar un acuerdo que permitiera trasladar menores a otras partes del territorio español. Entre las peticiones de la política nacionalista también se encontraba la de utilizar el cuartel de Las Canteras, en el municipio de La Laguna.
Paradójicamente, el actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), que entonces era alcalde de La Laguna, se negó en aquel momento a acoger a menores en ese cuartel. “Y no lo hacemos porque no seamos solidarios, lo cual hemos sido en más de una ocasión, sino porque es nuestro deber velar por la seguridad ciudadana, en este caso de un barrio muy próximo a la ciudad”, explicaba.
Clavijo fundamentaba su idea de no acoger a estos menores en ese cuartel en que se encuentra muy próximo a numerosas viviendas y consideraba que podría generar inseguridad ciudadana y en que la presencia de migrantes no permitiría vivir en paz a los vecinos, dijo en declaraciones a El Día. “Si en Las Canteras se produjera una fuga, la ciudad no dispone de los medios policiales para afrontar la situación, lo que podría producir una situación muy conflictiva”, remarcó.
El último enfado del presidente del Gobierno de Canarias con el del Ejecutivo estatal, Pedro Sánchez (PSOE), ha sido precisamente por la inmigración. Clavijo alega que el líder de los socialistas declinó reunirse con él en Lanzarote, isla a la que asistió para acudir a un acto en homenaje a Saramago. Sin embargo, no tenía ninguna reunión oficial programada con el presidente canario para tratar este asunto.
Más coordinación y previsión
El coordinador de CEAR en Canarias Juan Carlos Lorenzo insiste en que no se debe apreciar la inmigración como algo negativo. Por el contrario, los estudios han demostrado su factor positivo en los territorios donde se ha apostado por la integración de estas personas, que enriquecen a la sociedad y además ayudan a mantener el sistema de pensiones, no solo por los impuestos directos sino también por los indirectos. Es un hecho que las pirámides poblacionales se están invirtiendo y que es la inmigración la que va a aportar más al estado de bienestar.
Considera que se debe hacer un trabajo coordinado por parte de las administraciones públicas y también por parte de los agentes intervinientes. Así mismo, es necesario incidir en la previsión. Señala que estos episodios deben servir para enseñar a tener más cautela y ser proactivos. El mensaje que se transmita a la ciudadanía debe además apelar a la responsabilidad.