El consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, ha denunciado que las partidas del próximo Presupuesto General del Estado (PGE) destinadas al área educativa disminuyen en 600 millones de euros, si se comparan con las cuentas socialistas de 2011.
Pérez calificó los presupuestos elaborados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, en una rueda de prensa celebrada este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria, como “los de la desigualdad de oportunidades” y manifestó que “consagran la creencia de que hay una educación para ricos y otra para pobres”.
El consejero afirmó que la consignación del Gobierno central para financiar la competencia educativa en Canarias asciende a 1.127 millones de euros, lo que representa una dotación por habitante que se sitúa en 98 euros por debajo de lo que envía a la media de comunidades autónomas.“Lo que es lo mismo, cada año, por no tener la media de lo que se está trasladando desde el Gobierno central a las comunidades para financiar la educación, Canarias deja de ingresar más de 240 millones de euros”.
Por otro lado, Pérez apuntó que las subvenciones derivadas de la cooperación de la Administración central con la autonómica en materia educativa se elevaron en 2011 a 67,5 millones de euros. Una cantidad que sirvió para financiar una serie convenios en el Archipiélago, algunos de ellos plurianuales, dedicados a la construcción de centros escolares, a instalar nuevas tecnologías en los colegios y a libros de texto y material didáctico, entre otros, cuyas partidas han quedado reducidas a “ni un céntimo”.
“Si se suman los 240 millones a los 67,5 millones de euros, tendrán una cantidad aproximada del desfase que Canarias sufre en materia educativa con los Presupuestos Generales del Estado y no hay compensación alguna”, sentenció.
La Consejería desconoce de momento cómo se repartirán los 1.127 millones de euros destinados en principio a la competencia canaria, porque se encuentran “sin nominalizar, no hay convenios firmados ni importes individualizados, por lo que no se sabe cómo se van a repartir”.
Preguntado al respecto, Pérez precisa que una de las nuevas partidas incluidas en las actuales cuentas se destina a la implantación de la FP Básica en Canarias y asciende previsiblemente a los 6,7 millones de euros. Sin embargo, añade que “es una cantidad que llega a título de préstamo” para poner en marcha una nueva modalidad educativa. “El resto se financia con dinero autonómico”, manifiesta.
Recorte educativo
Durante su intervención, se centró en comparar las cuentas elaboradas por el último Gobierno socialista y las de Rajoy. Al respecto, reivindicó que las consignas presupuestarias en materia de Educación han disminuido un 25% en el Estado desde 2011.
Asimismo, precisó que en “plena crisis”, el Ministerio de Educación recibió 2.843 millones de euros, mientras que en la denominada “recuperación” percibe 2.273 millones. De manera que en cuatro años los PGE han dejado de ingresar 2.800 millones de euros en el área.
A esto hay que añadirle, continúa, una disminución de 7.000 millones de euros del sistema educativo derivados de los recortes puestos en marcha por el Partido Popular (PP). Una cifra con la que “podemos entender por qué afirma el Ministro de Hacienda que entre el 1 de enero de 2012 y el mismo día de 2014 hayan desaparecido 24.000 plazas de profesores de la enseñanza no universitaria y 6.000 plazas de la universitaria”.
El consejero lamentó que las partidas que más bajan de los PGE de 2015 son aquellas destinadas a la igualdad de oportunidades, como el presupuesto de Educación Infantil y Primaria que se 263 millones en 2011, a 148 el próximo año. Además de la congelación de becas “manteniendo los criterios leoninos e injustos que el Ministerio ha impuesto desde hace dos años”; la reducción de los fondos para la formación del profesorado de 52 a 3 millones y de la disminución de lo consignado en la partida 322.c de universidades en un 70%.
Por contraste, suben las cantidades destinadas a financiar la puesta en marcha de la nueva ley educativa, con unos 148,6 millones de euros, cuando la puesta en marcha de la anterior ley se elevó a 6.000 millones, recordó. Por otro lado, de las partidas actuales, 90.9 millones de euros, es decir el 62%, se presupuesta en concepto de préstamos a las comunidades autónomas, apostilló.