La Fiscalía ha solicitado imponer 9 años de cárcel para un hombre acusado de maltratos familiares habituales a su mujer y a sus cuatro hijos y de abusos sexuales a sus dos hijos pequeños en su vivienda en el municipio de Firgas, al norte de Gran Canaria.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas acogerá el próximo miércoles (10.30 horas) el juicio contra G.A.N.S., de 49 años de edad, acusado de un presunto delito de malos tratos habituales y dos delitos continuados de abusos sexuales, según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público.
En su escrito, la Fiscalía recuerda que el varón contrajo matrimonio con su mujer en el año 1985 y desde los inicios de la convivencia y hasta mediados del año 2002, el procesado, “con total y absoluto desprecio para con la salud e integridad física y psíquica de su esposa y de los cuatro hijos fruto del matrimonio (nacidos entre los años 1988 y 1995), y atentando contra la paz familiar, ejerció todo tipo de violencia” contra todos ellos generando con ello una “situación insoportable para la convivencia” en el hogar.
Así, la Fiscalía sostiene que el procesado “ha humillado en innumerables ocasiones a su mujer incluso delante de sus hijos; la ha agredido físicamente desde que al año y medio de casados le diera el primer bofetón, causándole excoriaciones, hematomas, eritemas, erosiones y contracturas en diversas zonas del cuerpo”, por los que tuvo que ser atendida por el Servicio Canario de Salud.
“Un clima de terror”
Además, a pesar de que G.A.N.S. contaba con dinero suficiente, fruto de los diversos trabajos que ha realizado a lo largo del tiempo, no entregaba a su esposa las cantidades necesarias para el sustento de los hijos, hasta el punto de que la mujer se vio obligada a enviar en numerosas ocasiones a sus hijos mayores al colegio sin desayunar para lograr que sus hermanos menores pudieran tomar un vaso de leche caliente, así como tuvo que solicitar ayudas del párroco de la localidad.
Asimismo, la acusación subraya que el procesado ha golpeado a sus cuatro hijos -especialmente a los dos mayores- “con la mano, con tablas, con zapatillas y con el cinturón sin causa justificada alguna y por cualquier motivo”. Con todos estos actos, el procesado logró crear en domicilio familiar un “clima de terror en todos los miembros de la familia que hacía imposible un desarrollo normal de los actos ordinarios de la vida”.
No denunció por vergüenza
A pesar de la gravedad de tales hechos, su mujer no denunció la mayor parte de los mismos, “unas veces por vergüenza y otras para intentar proteger a sus hijos” -que quería mantener al margen de cuanto sucedía-, y en ocasiones en las que interpuso denuncias las mismas ser archivaron porque ella no se presentaba en el juzgado, ya que el procesado “la convencía prometiéndole que cambiaría su comportamiento”.
Así sucedió con la denuncia interpuesta el 31 de marzo de 1993 ante la Guardia Civil del puesto de Arucas, en la que manifestaba que el ahora procesado la había empujado contra la pared y le rodeó el cuello con el brazo intentando asfixiarla, señala en su escrito la Fiscalía.
Igualmente, y en ese mismo “ambiente de desestructuración” creado por el acusado, en el período de tiempo transcurrido desde el año 2000 hasta mediados del años 2002, G.A.N.S., “con intención de satisfacer sus más reprobables instintos sexuales y consciente” de que su esposa no estaba en casa realizaba diversas prácticas sexuales con su hija pequeña, que tenía entonces la franja de edad desde los cuatro a los seis años de edad.
Su madre no llegó a sospechar nada y la niña no se atrevió nunca a decírselo a su madre porque su padre le había advertido con pegarle si lo hacía, añade el Ministerio Público.
Del mismo modo, según Fiscalía, “animado por iguales intenciones, tan lascivas como deleznables”, y durante la misma época, el procesado realizaba prácticas sexuales con otro de sus hijos, cuando éste tenía de seis a ocho años de edad.
Tratamiento psicológico
Ante tales hechos, el Juzgado de Instrucción número 1 de Arucas dictó un auto el 10 de mayo de 2007 de orden de protección en la que se acordó prohibir al procesado acercarse a su esposa y a sus dos hijos pequeños, a su domicilio o lugares que frecuentan a una distancia de un kilómetro y comunicarse con los mismos por cualquier medio posible durante la tramitación de la causa.
Como consecuencia de los referidos hechos tanto la mujer como sus cuatro hijos han precisado tratamiento psicológico que se ha prolongado durante años, al menos hasta el año 2007.
Por todo ello, la Fiscalía reclama imponer tres años de prisión a G.A.N.S. por el presunto delito de maltrato habitual, al igual que tres años de cárcel por cada uno de los dos delitos continuados de abusos sexuales cometidos, así como inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, cuartela y guarda durante seis años e inhabilitación especial para el ejercicio del sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Asimismo, reclama imponer al acusado la prohibición de aproximarse a una distancia de 200 metros al domicilio de la mujer o de sus dos hijos menores de edad o de aproximarse ellos a dicha distancia o comunicarse con ellos en cualquier modo durante cinco años.
Además de las citadas penas, el Ministerio Público reclama que el procesado indemnice a la mujer y a cada uno de sus cuatro hijos con 5.000 euros por los malos tratos inferidos y que indemnice a sus hijos víctimas de abusos sexuales en la cantidad de 10.000 euros a cada uno de ellos.