La diputada Pilar Grande, afectada por la estafa millonaria en Telde
Pilar Grande, diputada del PSOE por la provincia de Las Palmas en el Congreso de los Diputados, es una de las afectadas por la estafa millonaria en la venta de inmuebles y coches de lujo en Gran Canaria. La parlamentaria pagó unos 54.000 euros a la empresa de Teresa Velázquez, la muñidora de la trama, para la adquisición de unos bungalows en el sur de Gran Canaria que supuestamente iban a ser subastados en los juzgados tras la quiebra de la empresa propietaria, radicada en Holanda.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Telde, en colaboración con el equipo de delitos patrimoniales y el grupo de blanqueo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, investiga una trama que ha afectado, según los últimos datos, a más de 80 personas. La cantidad defraudada rondaría los tres millones de euros. En la causa permanecen imputados, además de Velázquez (la única que está en la cárcel), su marido, su hermano, su abogado, una funcionaria de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, la propia empresa, Canarias de Gestión de Embargos, y uno de los denunciantes originarios.
En el caso de la estafa a Pilar Grande confluyen varios de los patrones que utilizaba Velázquez para dar apariencia de legalidad a sus operaciones. La empresa Canarias de Gestión de Embargos le fue pidiendo una serie de anticipos para poder pujar en supuestas subastas judiciales y quedarse con las viviendas embargadas. A la diputada le vendieron que se trataba de los remates finales del lote y que, por ello, los precios eran muy bajos.
“La empresa estaba conformada, te dejaba contratos, facturas… Incluso había abogados que nos asesoraban”, explica Grande, que dice sentirse “triste” por haber sido víctima de “una absoluta mentira” en la que habría invertido una parte de sus ahorros.
Grande asegura haber recibido llamadas de “una señora que se identificaba como trabajadora de los tribunales” que le informaba sobre el estado de la operación y le justificaba la lentitud del procedimiento por la carga de trabajo que se acumulaba en los juzgados. Sin embargo, todo era una farsa. Ni existían los inmuebles ni había subastas. La empresaria se quedaba con el dinero que sus clientes le habían pagado en concepto de adelanto. “Era una red perfectamente armada”, asevera la diputada, que añade que, “en el último momento”, también le ofrecieron un coche de lujo.
La principal imputada en la causa reconoció los hechos el pasado 31 de octubre en un careo de una hora y media con su marido y asumió toda la responsabilidad de lo sucedido. A la empresaria se le imputan los delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, ya que no ha declarado lo percibido.
Ni la lista de perjudicados ni la cuantía están cerradas y la UDEF trata ahora de cuantificar el dinero que ya se ha gastado la empresaria del total defraudado. De momento, el juzgado ha bloqueado 120.000 euros de sus cuentas corrientes y le ha embargado dos coches de lujo valorados entre los 40.000 y los 50.000 euros.
