Decenas de abogados de Las Palmas de Gran Canaria se han concentrado en sus respectivos Colegios para protestar contra las tasas judiciales impuestas por el Ministerio de Justicia desde hace un año. El decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, Joaquín Espinosa, ha denunciado este miércoles que la Ley ha confirmado sus “peores augurios”, y ha añadido que “es discriminatoria y negativa para el ciudadano, porque el derecho a la defensa se está infringiendo”.
Espinosa señaló, antes de leer un manifiesto, que los pleitos han disminuido un 40%, lo que a su juicio significa que “no es que la gente no quiera pleitear, es que no tiene dinero para hacerlo”. Un porcentaje que afecta principalmente a los procedimientos de lo Contencioso Administrativo y de lo Civil. “Lo curioso de esto es que nos han puesto a los ciudadanos unas tasas y el Gobierno pleitea gratis” manifestó.
Considera que no se ha cumplido el objetivo por el que se crearon las tasas y apunta al afán recaudatorio del Gobierno central, que supuestamente iba a destinar los ingresos a mejorar el turno de oficio y, sin embargo, hasta la fecha “no se ha gastado un duro” en el mismo, denunció. En este punto, recordó que hasta el pasado septiembre se esperaba una recaudación de 306 millones por la medida, pero la cifra solo llegó a los 103 millones, cuyo destino “desconocemos”.
La rebaja de las tasas llevada a cabo hace unos meses “no ha servido para nada”, asegura el decano, que recordó que el ministro Alberto Ruiz Gallardón sigue siendo persona non grata para todos los Colegios de Abogados de Canarias.
Espinosa lamenta que en la actualidad los grupos de ciudadanos que atienden los abogados se dividen en tres: las personas que son ricas o las empresas importantes; los que acuden a los representantes del turno de oficio y “todo ese grupo grande que quedan en medio que no pueden pleitear y usar sus derechos porque las tasas son muy caras”.
Las tasas también han hecho que los despachos se resientan, según reconoció el decano, que afirmó que “los abogados canarios están pasando dificultades”, aunque precisó que la norma no es la única responsable, sino también porque “estamos viviendo una época complicada para todo el mundo”.
Por otro lado, recordó que la existencia de recursos a la Ley ante el Tribunal Constitucional por parte de los Gobiernos de Canarias, Andalucía, Cataluña y distintos partidos políticos.
Preguntado por la Ley de Seguridad Ciudadana, Espinosa dijo tener la impresión de que “es lo mismo que se quiere hacer con los colegios profesionales, lo que quieren es controlar a las personas”, algo que “no tiene sentido en esta época”. “Se están atacando derechos fundamentales” que deberán ser resueltos por el Tribunal Constitucional, concluyó.