El polémico decreto de Dependencia elimina el informe social y extingue la prestación si no se hace efectiva en tres meses

El nuevo decreto de Dependencia sigue generando críticas. El Gobierno de Canarias reculó tras las alegaciones del personal técnico y de los colegios profesionales y finalmente no caducarán las resoluciones si el Ejecutivo no responde a los seis meses. Sin embargo, hay otras cuestiones que se mantienen y que profesionales del ámbito reprochan como que se elimine el informe social y se sustituya por uno del entorno o que se abra la puerta a que profesionales ajenos a este servicio puedan realizar las valoraciones y los trámites que requieren de que a una persona se le conceda o no este derecho.

Además, si en tres meses la persona no hace uso de la prestación que se le ha concedido se extinguirá ese derecho. Se trata de una cuestión en la que pueden interferir múltiples variables como problemas con la empresa de ayuda a domicilio que se contrata o que esta no llegue al municipio del solicitante. “Hay solicitantes que nos dicen que la empresa tarda en empezar más de tres meses”, explica Yolanda Cívicos, del Comité de Empresa de Las Palmas, que incide en que hay veces que se topan con problemas que no dependen de los usuarios por lo que no entiende ese plazo.

Cívicos, que además es trabajadora social y valoradora, señala que “desde la Consejería se pretende (tras suprimir el triaje por la presión ejercida) eliminar el mayor número de prescripciones facultativas para optimizar al máximo los escasos recursos humanos existentes en la Consejería”. Sin embargo, entiende que “acortar los plazos administrativos de esta manera supondrá, entre otras cuestiones: falta de formación, doble procedimiento en el domicilio en el mismo tiempo, errores en las valoraciones que pueden dejar fuera del sistema al usuario al salir sin grado o con un grado inferior del que le corresponde y, por consiguiente, una propuesta PIA (Programa de Atención Individualizada) no acorde a las necesidades reales del solicitante”.

En concreto, el nuevo texto refleja que “con carácter general la valoración se llevará a cabo en el entorno habitual del interesado por profesionales con perfil sociosanitario de la Administración de la Comunidad de Canarias o de cualquier otra entidad u organismo público que, en virtud de los mecanismos de colaboración y cooperación interadministrativa, pudieran tener atribuida tal función, pudiéndose determinar, cuando así se estime conveniente por el órgano competente, que la valoración se lleve a cabo en un lugar distinto del entorno habitual del interesado”.

Cívicos considera que ese párrafo deja abierta la puerta a que personal que no es del servicio de Dependencia pueda realizar las valoraciones y los programas de atención individualizada. Se trata de una cuestión que cree que no aporta seguridad jurídica e igualdad, ni imparcialidad.

Otro de los puntos que generan polémica son los que hacen referencia a la Comisión Técnica de Valoración de la Dependencia, un órgano de nueva creación y que estará formado por un equipo multidisciplinar. Hay un apartado en el que se especifica que para dar cumplimiento de sus funciones, “realizará un examen periódico, por muestreo, de las valoraciones que realiza el equipo de valoración, elevando, si lo entendieran preciso, al órgano competente en materia de dependencia las propuestas de instrucciones o circulares que aseguren la uniformidad y calidad de las valoraciones”.

“Para garantizar la calidad, el principio de igualdad y la seguridad jurídica del proceso, Todas las valoraciones deberían ser revisadas. Pues de lo contrario, numerosas valoraciones podrían ser erróneas, ya que en Dependencia se tratan situaciones que difieren enormemente unas de las otras y en la manera en la que deben ser valoradas. No existen situaciones ”estándar“ que puedan ser revisadas por muestreo”, apunta Cívicos.

La profesional cree que esto se debe tener especialmente en cuenta “cuando en este proyecto de decreto se está dejando la puerta abierta a que otros profesionales ajenos a la Dirección General de Dependencia realicen valoraciones de grado, dictamen y PIA de los ciudadanos, que en adición a esto, no estén correctamente formadas y con los que no se garantice una comunicación y coordinación adecuadas”.

Cívicos señala que en este decreto, “no se estipulan los medios de comunicación y los requisitos de formación que se van a emplear para ello, dejando el procedimiento sin protección, abierto a un sinfín de errores que repercutirán en la vida de todos los dependientes canarios. No nos vale, que a ello responda que posteriormente, se estipularán dichos canales de comunicación y de formación, pues una vez aprobada la redacción de este decreto, se da vía libre jurídica a que estos profesionales ajenos, puedan realizar valoraciones sin las garantías de calidad adecuadas”, resume.

La trabajadora social insiste en que la formación que están recibiendo los nuevos técnicos que se incorporan al servicio de Dependencia es “deficitaria”, por ello, reprocha que esas valoraciones por parte de la nueva comisión técnica sean por “muestreo”, pues cree que todas las valoraciones deben ser revisadas. “No nos cabe duda que muchos canarios, puedan verse fuera del sistema o con un grado de dependencia que no les corresponde, siendo en el peor de los casos, y atendiendo a que el procedimiento está cada vez más corrompido por manos políticas, mucho menor”, apunta.