El presidente de la asociación empresarial que denunció las medidas del Gobierno abogaba hace un mes por actuar contra la COVID-19

“Planteamos que se actúe de manera rápida en aquellos municipios donde hay un mayor impacto de la COVID-19. Sea el que sea, le toque al que le toque”. Así lo expresó hace un mes Roberto Ucelay, presidente del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), quien añadió en sus declaraciones a RTVC que esto haría que el resto de los municipios de la isla del Teide no se vieran tan perjudicadas por la pandemia. Lo cierto es que esta petición puede parecer normal, dado el aumento de los contagios desde el pasado junio, si no fuera porque este grupo que preside Ucelay precisamente fue uno de los que solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la suspensión de presentar un Certificado COVID para poder acceder al interior de los locales de hostelería, así como a teatros o cines, en las islas en nivel 4 de alerta sanitaria (actualmente, solo Tenerife). Esta medida fue aprobada por el Gobierno de Canarias al considerar que los espacios interiores tienen mayor riesgo de propagación del virus al no contar con tanta ventilación.

Esta petición, que realizó junto a la Asociación Hostelería Unida Tenerife (HUT) y que dista de la recomendación realizada por Ucelay en la televisión autonómica hace un mes, fue escuchada este jueves por la Justicia, que suspendió cautelarmente esta medida. La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC en su sede de Santa Cruz de Tenerife consideró las medidas cautelares solicitadas por los dos colectivos formados por empresarios y apreció una posible lesión de derechos fundamentales en varias de las medidas contra la propagación de la COVID (concretamente, la 1.6; 3.2;3.7 y 3.13.2 del anexo de la resolución de 23 de julio de 2021 publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el pasado 26 de julio).

También el CEST y la HUT fueron los que pidieron la suspensión de otra de las medidas aprobadas por el Ejecutivo regional para frenar el creciente aumento de los casos en el Archipiélago: la limitación horaria de algunos establecimientos. El TSJC suspendió el cierre total de establecimientos entre las 00.00 y las 6.00. De esta manera, gracias a la insistencia de ambos grupos de empresarios de Tenerife, las medidas aprobadas por el Gobierno canario fueron sustituidas inmediatamente por las decisiones que adoptó el tribunal, dejando “sin instrumentos” al Ejecutivo “para atajar la quinta ola del coronavirus”, como afirmó la parlamentaria de Nueva Canarias Esther González este viernes.

Lo de llevar la contraria no es nuevo. Hace no mucho, en octubre del pasado año, el círculo de empresarios presidido por Ucelay convocó varias caravanas para exigir que tanto el Gobierno de España como el Ejecutivo autonómico pusieran en marcha, de forma inmediata, la realización de test a los viajeros que, procedentes de países terceros o de la Península, llegaran a las islas por aeropuertos y puertos. El grupo afirmaba en ese momento que el Ejecutivo presidido por Ángel Víctor Torres estaba “desoyendo” la demanda de los empresarios para contener la expansión de la COVID-19.