La protesta por la sanción al bombero que habló con la prensa en el incendio de Gran Canaria llega al Congreso

Europa Press

Madrid —

La Asociación de Trabajadores de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (ATBRIF) han llevado este jueves al Congreso sus protestas por la “inexplicable” sanción de dos días de empleo y sueldo a su compañero Pablo González por hacer unas declaraciones a un medio de comunicación.

El propio Pablo y el vicepresidente de la asociación, Juan Carlos González Vidal se han reunido en la Cámara baja con varios diputados pertenecientes al grupo confederal de Unidas Podemos a quienes han pedido ayuda por esta situación.

Según ha explicado González Vidal a los medios, los trabajadores de las BRIF tienen una cláusula en su convenio por la que no puede hablar con medios de comunicación. Sin embargo, no se ha aplicado ninguna ocasión anterior. De hecho, explica que desde 2014 los bomberos forestales se manifiestan para obtener mejores condiciones de trabajo y hablan con periodistas. Pablo es el primero en ser sancionado.

Para el vicepresidente de ATBRIF, esta sanción es “inexplicable” porque las declaraciones realizadas por su compañero “no comprometían” el trabajo de sus compañeros, ni tampoco la actividad del Gobierno.

Actitud “indigna” del Gobierno

En este sentido, explica que hace unas semanas tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, del que depende esta brigada, han felicitado la labor de los bomberos e incluso se mostraron dispuestos a reunirse con representantes sindicales para mejorar las condiciones de estos profesionales.

Para el diputado de IU, Enrique Santiago, “no es casualidad” que Pablo sea el único sancionado hasta ahora. A su juicio, esta decisión está relacionada con que el brigadista sea presidente de la ATBRIF.

“Es un caso de represión a los trabajadores”, ha declarado Santiago, quien ha considerado “indigno” la actitud del Gobierno socialista en este caso.

Así, el diputado ha llamado al equipo de Sánchez a “hacer lo necesario para que se retire la sanción a una persona que trabaja para la seguridad de los españoles. ”Son héroes con contratos precarios“, ha recordado Santiago, antes de recordar que los BRIF tienen contratos ”fijos discontinuos“ para ”ahorrar costes laborales“ y cobran 1.000 euros al mes por combatir incendios. Para el representante de IU, estos hombres están, además, ”desaprovechados“, ya que pueden realizar labores de ”prevención y protección civil que no hacen“.

Tal y como ha comentado González Vida, esta es la única reunión que, por el momento, han mantenido con un grupo parlamentario en el Congreso.

Tragsa: sanción mínima del nuevo régimen sancionador

La empresa pública Tragsa informó el pasado lunes a Europa Press de que la sanción es “la mínima” que dispone el nuevo régimen sancionador recogido en el nuevo convenio laboral por el que se rigen las BRIF y que --recuerdan-- “se aprobó por consenso” y rige desde el mes de julio.

De este modo, estas fuentes explican que hacer declaraciones anteriormente no estaba considerado infracción y ahora, sin embargo, para el nuevo estatuto se trata de una infracción “grave”, al considerar que estas informaciones, procedan de alguien que está dentro o fuera de su jornada laboral pueden poner en riesgo las tareas de mitigación del incendio y la seguridad de las propias BRIF.

Desde Tragsa admiten que quizá el trabajador no estaba familiarizado con el nuevo estatuto y, por tanto, le han impuesto la sanción mínima, de dos días, lejos de los 15 días a los que ascendería la máxima “según las nuevas reglas”.

Así, la empresa pública cree que no ha habido mala fe desde el brigadista que hizo las declaraciones, sino una equivocación pero entienden que las normas no se pueden vulnerar.

En este caso, la sanción se debe a una infracción de la disposición adicional tercera del nuevo anexo 7 de las BRIF que “obliga a guardar secreto profesional respecto a todas las informaciones relativas al servicio de extinción de incendios forestales que se conozcan con motivo del desempeño de su actividad profesional”. Tragsa también apunta que la sanción se comunicó a las organizaciones sindicales de los brigadistas siguiendo los procedimiento y que éstas no pusieron reparos.