Sandra (nombre ficticio) tiene 23 años y trabaja haciendo estudios patrimoniales. Hace un tiempo decidió acudir a terapia por motivos de agresión sexual, y lo hizo tocando la puerta de la sanidad pública. Cuenta que todo pasó de manera “brusca” y que necesitaba una atención lo antes posible. No se podía permitir un psicólogo privado por falta de recursos, así que acudió al médico de cabecera. Allí la “calificaron” tras lo ocurrido. Le dijeron que su caso no era urgente, que tenía que esperar cinco meses para la cita. “A mí se me cayó el mundo. Sentí que me estaban condenando”, añade.
Sandra buscó alternativas y encontró respuesta en otro centro de salud. Explicó lo que acababa de pasar y los profesionales sí decretaron esta vez su derivación a la unidad de salud mental por la vía rápida. Pero en este sector hablar de casos “urgentes” o “apremiantes” es complicado. Los psicólogos del SCS (Servicio Canario de Salud) pueden encontrarse con múltiples hojas de nombres antes de concretar cualquier fecha y hora. No es una cuestión de papeleo, es un asunto de carga laboral. Después de todo, a Sandra le dieron la cita para un mes más tarde. “Sentí lo mismo”, lamenta.
Llegó la consulta. Luego fue a una sexóloga y a otra cita en el hospital. En esta última comenzó a hablar, pero a la media hora fue interrumpida por la especialista por falta de tiempo. Se había acabado la sesión y no habían pasado ni 40 minutos. “Lo entendí, pero no es una atención que esté beneficiando. Algunos de mis amigos van a psicólogos privados y pueden hacerlo una vez a la semana o dos veces al mes y estar ahí una hora. Yo tengo que apuntar cosas en la libreta para expresarlas cada dos meses en media hora”, agrega. “En ese momento que te cortan el relato es duro. Pero no podemos culpar a los sanitarios tampoco. Si tienen que atender a 50 personas al día…”.
No va mal encaminada. Acorde a los datos oficiales que ha facilitado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a este periódico, las Islas registran un total de 127 psicólogos públicos, una media de 6 por cada 100.000 habitantes. A nivel estatal la cifra tampoco mejora, por lo que tanto el Archipiélago como España se encuentran muy lejos de la media europea (18).
Antes de la pandemia, se calcula que más de 670.000 canarios sufrían algún tipo de trastorno mental. El confinamiento estricto de marzo y abril no ha hecho más que agravar esa situación. Según un estudio realizado por investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM), del Instituto de Salud Carlos III, entre otros, el 65% de los españoles tenía síntomas de ansiedad o cuadros depresivos, la mayoría leves, por las restricciones. Desde enero hasta octubre, Canarias ha aumentado en un 9% su plantilla de psicólogos, pero los profesionales se sienten ahogados y consideran que debe darse un impulso que fortalezca el servicio.
“Conozco el caso de un niño que necesita una atención urgente y mi compañera no le puede dar cita hasta abril”, asegura una especialista que prefiere no dar su nombre. “Sí he tenido presión asistencial en mi unidad, sobre todo a partir de septiembre, pero ya desde el verano… Y refuerzo de plantillas va a ser que no”, lamenta otra. “Yo tengo la sensación de que todavía no acabamos de apreciar el efecto real en las consultas. Ahora mismo es verdad que no vemos más gente de la que veíamos antes, pero mi impresión es que después de estas situaciones pasan unos meses hasta que podemos ver de verdad el impacto en listas de espera y presión asistencial. ¿El refuerzo? Ni lo ha habido ni lo va a haber”, analiza una tercera.
La pandemia ha engordado las grietas del sistema canario de salud mental. El Gobierno regional aprobó en 2019 un plan específico para marcar la hoja de ruta sobre esta materia y “promover el bienestar emocional en las distintas etapas del ciclo vital”, así como “prevenir la incidencia del trastorno mental en la población general y en los grupos de riesgo”. El documento, de casi 500 páginas, hace una radiografía muy amplia de todo esto y detalla el número de profesionales que trabajaban en cada Unidad de Salud Mental (USM) en 2016. En un centro de La Laguna, por ejemplo, solo ejercían dos psicólogos y otros tantos psiquiatras. En Santa Cruz de Tenerife hay dos unidades, con tres psicólogos y cinco psiquiatras por un lado, y cuatro de cada por otro. La decana del Colegio Oficial de Psicología de Tenerife, Carmen Linares, sostiene que así no se puede seguir.
“Por cada psicólogo en Canarias hay cerca de 17.000 personas. Es indignante. ¿Cómo podemos dar una respuesta así? La pandemia ha puesto el dedo sobre la llaga. Una persona viene al servicio y le llaman para seis meses”, resume. “Estamos teniendo mucha demanda y el panorama pinta feo. Tenemos que pensar que se nos ha privado de la libertad durante esta crisis. Eso tiene unas consecuencias. Y no nos dan oportunidades a nosotros porque la vía más rápida es un psicofármaco”.
En la última Encuesta Nacional de Salud de España, 110 canarios (de 1.836 preguntados) reconocieron haber tomado estimulantes o antidepresivos en las últimas dos semanas. El porcentaje se eleva a un 6%, algo por encima de la media nacional (5,59) y otras comunidades como Madrid (4,45) o Cataluña (4,98). Según cifras del Ministerio de Sanidad, España es junto a Portugal el país que más ansiolíticos, sedantes e hipnóticos consume. Linares sugiere que medicar a las personas con trastornos mentales no debería ser la primera vía, y que el refuerzo debe acentuarse en Atención Primaria. “De esa forma podemos ofrecer estrategias para que los pacientes se manejen con esos síntomas y los cuadros no se cronifiquen”, insiste. Canarias planteó una “Estrategia para el impulso de la Atención Primaria” en 2019 y coordinó la contratación de 617 profesionales para los próximos tres años. De todos ellos, solo cinco psicólogos.
El Diputado del Común, Rafael Yanes, ha pedido más psicólogos. La Federación de Salud Mental de Canarias también. La Asociación Canaria de Neuropsiquiatría y Salud Mental más de lo mismo. El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, anunció que el Plan de Salud Mental recibirá 2.725.480 euros en 2021, un 0,08% del gasto destinado al SCS. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicó que se iban a convocar 1.001 plazas de médico interno residente (MIR), enfermería y farmacia. Ni rastro de psicólogos. “Estamos acostumbradas a este trabajo desde la precariedad, lo vamos arrastrando”, concluye una psicóloga clínica.
Claudia (nombre ficticio) tiene 24 años y está estudiando un curso de inglés. Asegura que lleva desde los 16 tratándose y que le han organizado citas que pueden tardar en llegar entre tres y cuatro meses. “Se nos hace un mundo”, afirma. “Tardaron mucho en darme una fecha, se confundieron y me mandaron de un lado para otro... Son muy pocos especialistas para todos los que somos”. Ha señalado que presentó una denuncia por esto. “Mi psicóloga me dijo que era muy buena idea. Así quizá se dan cuenta del problema”.
Los pacientes de estos centros, que sufren los llamados trastorno mental grave, han “vivido” en el psiquiátrico desde que comenzó la pandemia. Algunos profesionales del SCS cuentan a esta redacción que muchos de los ingresados apenas están disfrutando de libertades lejos de cuatro paredes. Antes, dicen, solían salir a la calle unas horas. Ahora se pasan los días dentro y solo reciben una visita a la semana (y siempre de la misma persona). “Las medidas son muy restrictivas”, subrayan.
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