La Asociación de Afectados del vuelo JK5022 ha ganado la primera de las batallas jurídicas en el ámbito de lo civil que tiene abiertas con el abogado canario Alberto Hawach, exletrado del colectivo de víctimas del fatal accidente de un avión de Spanair que debía cubrir la ruta Madrid-Gran Canaria en agosto de 2008, y que se saldó con 154 muertos en la pista de Barajas.
El juez de Primera Instancia 12 de Las Palmas de Gran Canaria ha desestimado la demanda por reclamación de cantidades interpuesta en abril de 2012 por Hawach Vega contra la Asociación presidida por Pilar Vera, al no quedar acreditado en el juicio oral ni el encargo de un informe jurídico por parte del colectivo de afectados ni la entrega del mismo por parte del abogado.
El representante legal de la Asociación hasta julio de 2009 reclama 7.500 euros, más intereses y el correspondiente impuesto canario (IGIC), por un informe sobre estrategias procesales en los tribunales de los Estados Unidos en el ámbito de la responsabilidad civil, presuntamente encargado y realizado en abril de 2009.
El juez Miguel Palomino Cerro, en una sentencia dictada dos días después del juicio oral, el 29 de mayo pasado, no solo desestima la demanda del abogado y le condena a pagar las costas procesales, sino que cuestiona el hecho de que un letrado pretenda cobrar por un informe jurídico aparte de sus honorarios, que se sustancian en otra demanda presentada en Madrid.
La sentencia a la que ha tenido acceso CANARIAS AHORA tilda de “chocante e inusual” el conflicto, al no tener constancia el juez de documento alguno que acredite el encargo y la entrega de un informe para valorar las posibilidades de acciones civiles en Estados Unidos por el accidente, y la sorpresa del magistrado “por la peculiaridad de que un letrado pretenda la cobranza, al margen de sus honorarios, de la elaboración de un informe cuyo objeto no es diferente del fin o los fines para cuya consecución fueron contratados sus servicios”.
Duda el juez de que la asociación le encargase a su exletrado la elaboración del informe por el que reclama 7.500 euros, pero da por hecho que nunca fue entregado, en el caso de que se hubiese pactado verbalmente, por lo que supondría un incumplimiento contractual.
Y ante el “inusual proceder, amén de contraproducente para los intereses de su cliente”, por encomendar la recogida por escrito de sus estrategias procesales, el magistrado desestima la demanda ante la cual cabe recurso en la Audiencia.
El conflicto entre Alberto Hawach y la Asociación de Afectados del vuelo JK5022 no se ciñe a esos 7.500 euros más IGIC e intereses por las futuras estrategias civiles en Estados Unidos. En el proceso penal iniciado por el Juzgado de Instrucción 11 de Madrid, el letrado canario le ha reclamado a la Asociación otros 245.000 euros, rebajados a 35.000 euros por el propio Colegio de Abogados de la capital de España.