La rehabilitación sanitaria también suspende en Canarias
La sobrecarga asistencial en los hospitales públicos canarios no es problema exclusivo de las áreas de Urgencias. Los trabajadores insisten en que los colapsos son generalizados y afectan a todos los servicios de los complejos. Los de rehabilitación son de los más castigados. La severa e histórica carencia de fisioterapeutas en el sistema público, aún no resuelta a pesar de las reiteradas reivindicaciones del colegio profesional, continúa provocando episodios caóticos que merman la calidad de la atención prestada a los pacientes. Fuentes internas del Hospital Insular de Gran Canaria relatan que, en fechas recientes, el servicio de Rehabilitación ha sido incapaz de tratar por falta de recursos a una media de 40 personas al día, pacientes agudos que están ingresados en el centro y que requieren sesiones diarias de fisioterapia. “Algunos se van de alta sin haber recibido tratamiento”, explica un trabajador. En otros casos, la primera sesión se puede demorar hasta las dos semanas.
Mientras, el Servicio Canario de Salud (SCS) gasta, según datos obtenidos a través del Portal de Transparencia, más de nueve millones de euros al año en derivar pacientes a las clínicas privadas para que se sometan a tratamientos de rehabilitación, una cifra que ha sido catalogada de “auténtico escándalo” por parte de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública. En los últimos cuatro años, el montante global asciende a 41 millones de euros, de los cuales 25 se han destinado a centros privados de Gran Canaria y 13, a clínicas de Tenerife. La mayor parte de esa facturación, entre el 60 y el 70% del total, según las fuentes consultadas, se residencia en un solo grupo hospitalario, ICOT, que se ha convertido en el gigante de la rehabilitación en el Archipiélago.
El Parlamento de Canarias aprobó el pasado mes de marzo por unanimidad una Proposición No de Ley promovida por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias que, en su exposición de motivos, advertía, entre otras cuestiones, de las quejas de los usuarios, “más frecuentes de las recomendables”, sobre la calidad asistencial prestada en los centros privados en comparación con los servicios propios del SCS, al tiempo que exigía un mayor control de los conciertos de rehabilitación, “facilitando la participación de los profesionales en la elaboración de los pliegos y control de su cumplimiento, simplificando el proceso de denuncia o reclamación y endureciendo las sanciones por incumplimiento”.
El panorama que dibujan los profesionales del sector público de Rehabilitación (Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Logopedia) en Canarias es desalentador. Ni siquiera la reciente Oferta Pública de Empleo (OPE) convocada por el SCS colma las expectativas de los trabajadores, que no solo ven exiguas las plazas sacadas a concurso (61 para toda las Islas en el caso de fisioterapia), sino que además precisan que la Consejería destina la mayor parte de ellas a consolidar contratos temporales ya existentes, por lo que el incremento de plantilla, advierten, será muy limitado.
Mientras, continúan las carencias. Trabajadores del servicio de Rehabilitación del Hospital de La Candelaria denuncian que las listas de espera no han parado de crecer en el complejo mientras “se derivan más pacientes a la concertada de los que son tratados” en el centro con medios propios. “Simplemente con que se pusieran a funcionar los servicios al 100%, a lo mejor no habría que concertar más de un 10%”, señalan las mismas fuentes en referencia al cierre del servicio por las tardes. En el Insular, el centro con mayor lista de espera para consulta de rehabilitación (4.387 personas, más de la mitad del total), solo hay un profesional en horario de tarde, con contrato de sustitución.
Las quejas también se vinculan al tipo de paciente tratado. Sostienen los profesionales que en el hospital deberían ser atendidos los agudos, que requieren intervención rápida y urgente, y que, en cambio, los centros están sobrecargados con personas con patologías crónicas susceptibles de ser derivadas a centros de Atención Primaria o a clínicas privadas. “Si te centras en esas patologías crónicas, que los centros concertados rechazan porque no son rentables, y sobrecargas el servicio, eres incapaz de dar solución a la patología breve, aguda, de corta resolución, que es la que se acaba derivando”, explica un trabajador de La Candelaria que remarca además que las direcciones de área no están inspeccionando los conciertos. “No se controla por parte de nadie. A los pacientes muchas veces los tratan masajistas, auxiliares y el fisioterapeuta como mucho lo atiende diez minutos, pero ahí no va nadie a vigilar quién aplica el tratamiento y qué tratamiento se le aplica”, añade otro profesional del Hospital Insular en la misma línea sobre las derivaciones a los centros privados. ¿El resultado? “El paciente sale del sistema del centro concertado y vuelve a la lista de espera del hospital público. Eso está provocando un incremento de la lista de espera que entendemos que pueda ser intencionado para justificar las concertaciones sin aportar los recursos necesarios para que el sistema público de salud lo solucione”, indican desde el Colegio Profesional de Terapia Ocupacional de Canarias.
Material obsoleto y terapias poco eficaces
A esas denuncias sobre la calidad asistencial de los centros concertados y la carencia de medios humanos descrita por los profesionales (señalan que la ratio fisioterapeuta por médico rehabilitador está muy lejos de la recomendada por las autoridades sanitarias, que se eleva a tres; que las plantillas llevan años congeladas y que no se sustituye hasta que son dos los trabajadores de baja), se le suma la obsolescencia de los materiales, que no se renuevan “desde hace décadas” (“desde que se abrió el área de Traumatología y Rehabilitación”, en el caso de La Candelaria), o la infrautilización de unidades parcialmente cerradas. Y todo ello para atender, como señala la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, “a una población cada vez mayor” de personas con discapacidad y dependiente.
Profesionales de La Candelaria apuntan otros factores, como la discordancia detectada entre la actividad asistencial real y la recogida en la aplicación informática, que la reduce “a la mitad”, lo que, a su juicio, repercute en la visibilización de la sobrecarga y, por tanto, de la necesidad de más recursos. En una línea similar, los trabajadores del Insular subrayan la tendencia de la jefatura de servicio a promover tratamientos grupales frente a los individualizados “que requiere el paciente”, incluso a través de terapias, como las denominadas escuelas de espalda, que han demostrado una eficacia leve “en un grupo muy pequeño de pacientes y por muy corto periodo de tiempo”. Todo ello estaría encaminado, según las mismas fuentes, a engrosar el número de personas tratados, aun a costa de la calidad asistencial.
El Colegio de Profesionales de Terapia Ocupacional reclama una reestructuración del proceso rehabilitador desde la Atención Primaria “con la participación e inclusión de todos los profesionales implicados”, la elaboración de protocolos que garanticen la aportación de todos los recursos asistenciales existentes para optimizar las intervenciones, “acortando estancias y gasto sanitario”, el control exhaustivo de los conciertos sanitarios o la descronificación de los hospitales de agudos, entre otras demandas.
