Sanidad hará ajustes en el capítulo de personal tras saltar las alarmas de la desviación presupuestaria
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha pedido a las gerencias de las diferentes áreas de salud del Archipiélago un “esfuerzo extra de ajuste máximo posible al gasto reflejado en los presupuestos” de la comunidad autónoma para 2016. A falta de cuatro meses para que finalice el ejercicio, en el Ejecutivo han saltado las alarmas sobre la desviación en las cuentas del área dirigida por Jesús Morera (PSOE), una situación que compromete el cumplimiento de los objetivos de déficit y control de gasto impuestos por el Gobierno central.
El presidente regional, Fernando Clavijo, ya advirtió este lunes en una entrevista en la cadena Ser que, de continuar la proyección de los primeros ocho meses del año en Sanidad, el desajuste en las arcas públicas isleñas ascendería a 150 millones de euros, con lo que triplicaría el déficit que el Ejecutivo es capaz de encajar y lo situaría en una posición “absolutamente insostenible”. “Más dinero no hay”, ha reiterado el presidente canario, que ha descargado toda la responsabilidad del desvío en los gerentes de las áreas de salud y ha recordado que el Gobierno incrementó este año en 25 millones de euros el presupuesto en Sanidad y consignó un crédito extraordinario de otros 10 millones en junio .
Desde la Consejería evitan hablar de recortes, puesto que “no se detrae un euro” de las cuentas, y abogan por llamarlo “adecuación del gasto para acompasar la ejecución presupuestaria a la dotación”. Lo cierto es que el capítulo de personal se verá afectado por el ajuste. Según han informado a este periódico fuentes sanitarias extraoficiales, las gerencias de los hospitales canarios están trasladando a los diferentes servicios que los contratos que expiren antes de finalizar el año no serán renovados y que se limitarán las sustituciones.
Sanidad defiende que la partida destinada al personal, de 1,3 millones de euros, representa el 49,2% del presupuesto del Servicio Canario de Salud, por encima de la media nacional, que se sitúa en el 46%, y anuncia que los ajustes en materia de personal se realizarán “donde no sea imprescindible la cobertura de los puestos de trabajo”, por lo que no incidirá en el servicio de Urgencias o en aquellas especialidades donde el número de profesionales sea reducido.
La Consejería sostiene que todos los años se produce un déficit en el capítulo de personal y que las medidas que prevé adoptar de forma inmediata para controlar el gasto tienen como objetivo “que ningún centro se vea sin fondos para ejecutar su trabajo en condiciones óptimas de calidad, de tal manera que los fondos disponibles para todo este año no se agoten antes de tiempo y se cumplan las previsiones para los que se destinaron”.
Según los datos aportados por Sanidad, en 2015 el crédito inicial destinado a la plantilla del Servicio Canario de Salud (SCS) fue de 1,27 millones de euros y el definitivo, de 1,32 millones.
Además del ajuste en personal. la Consejería ha propuesto revisar la contratación de suministros y servicios para rebajar su coste en un 5%, acelerar la puesta en marcha de la compra de suministros y contratación de servicios centralizados y “aumentar el rigor de facturación a terceros de servicios prestados por el SCS”.
“El objetivo no es reducir ni el número de puestos de trabajo ni la calidad de ninguna prestación. se trata de racionalizar el gasto y ser más eficiente en el uso de los escasos recursos públicos. Esto conlleva que ningún proyecto va a verse paralizado, al igual que las infraestructuras y el equipamiento, que seguirán funcionando con normalidad”, añade la Consejería, que recalca que las medidas se planifican para que la atención sanitaria programada y urgente no se vean afectadas, “teniendo en cuenta las peculiaridades del final del año”, cuando se produce un incremento de la demanda asistencial en urgencias por el tiempo.
Sanidad atribuye el desajuste presupuestario de este año al incremento de las sustituciones de personal debido al “aumento de los días libres asignados a todos los empleados públicos”, al aumento de las incapacidades temporales y a la “inclusión de nuevas tecnologías y fármacos de forma sobrevenida, como el de la hepatitis C”. La Consejería no ha especificado a cuanto asciende el ajuste previsto.
Indignación de los sindicatos
Aunque Sanidad no ha informado aún a los representantes de los trabajadores de las medidas que prevé adoptar para contener el gasto ni ha convocado la mesa sectorial, los sindicatos han expresado su indignación ante las noticias y los rumores que les han empezado a llegar.
“Estos recortes repercuten en los trabajadores de base, en nuestra salud, en nuestro trabajo, en la relación con los usuarios. No se cuenta con nosotros”, lamenta Carmen Nuez, presidenta del Sindicato de Médicos de Las Palmas, que confiesa que los profesionales sanitarios están sumidos en la incertidumbre en relación a la renovación de los contratos o la continuidad de los programas de tarde para atajar las listas de espera. “Más no se puede recortar ni en personal, ni en material. Se está trabajando con material caducado, obsoleto. El sistema informático se cae constantemente, es lento, farragoso. Todo esto lo soportan los trabajadores de base”.
Nuez considera “indignante” que, por las necesidades del servicio, se les haya negado las vacaciones a algunos trabajadores y denuncia que los cinco millones de euros extra consignados en junio para las sustituciones no han tenido reflejo en la actividad diaria. “No hemos notado nada. El verano estaba planificado desde marzo y no ha habido ningún otro planning. No se sustituye a nadie, ni a médicos ni a enfermeros, y los trabajadores están al límite”, afirma.
Maribel Ramírez, de la sección sindical de CCOO en el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil (CHUIMI), augura un nuevo retroceso en las listas de espera por la suspensión de los planes de contingencia que permitieron contratar a personal para adelantar las intervenciones quirúrgicas. “Las pruebas funcionales de tarde se van a paralizar, excepto las del código ICTUS, y los trabajadores serán reubicados en otros servicios, habrá menos recursos y muchas bajas no se van a cubrir”, asegura la representante sindical.
Para Francisco Bautista, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, el ajuste va a mermar la calidad asistencial en la Sanidad pública canaria durante, por lo menos, cuatro meses. “Todavía no sabemos en qué grado afectará, no podemos hacer un desglose, pero se está hablando de más de siete millones de euros. No se puede jugar con los pacientes, con las vidas humanas”, ha lamentado.
