“Los funcionarios públicos y de empresas subvencionadas por el Estado, la provincia o el municipio podrán ser corregidos, suspendidos y destituidos de los cargos que desempeñen cuando aconsejen tales medidas sus actuaciones antipatrióticas o contrarias al movimiento nacional”. Es lo que dictaba el decreto 108, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España el 16 de septiembre de 1936, dos meses después del golpe de Estado franquista. Con ese documento en mano al menos 57 trabajadores y 10 trabajadoras del Cabildo de Gran Canaria fueron sometidos a una investigación por motivos políticos. Algunas de estas personas fueron asesinadas, otras ‘depuradas’ y no pudieron volver nunca a sus puestos de trabajo, aunque también hubo casos sobreseídos. Entre ellos sí se conoce que “hay al menos 30 hombres y cinco mujeres a quienes nunca se les devolvió sus puestos de trabajo”, asegura Sara Ramírez, consejera de Igualdad, Diversidad y Transparencia de la Corporación Insular y una de las integrantes de la comisión de memoria democrática que se ha constituido en la institución para reparar la memoria de estas personas represaliadas. El objetivo es iniciar un expediente de reparación y llevarlo al Ministerio de Justicia como ejemplo de que las administraciones públicas también pueden luchar por la verdad, justicia y reparación de estas personas.
Entre esas personas represaliadas al menos 16 eran auxiliares de enfermería, cinco eran médicos y otros cinco, oficiales de vías y obras. También había entre ellas un portero jardinero y el secretario del pleno del Cabildo. La consejera subraya que los centros de trabajo del personal sanitario eran el Hospital San Roque, el Hospital Psiquiátrico Insular, San Martín, San Lázaro y la Leprosería. “Entonces, se puede intuir que hay una cierta correlación entre ese proceso de cambio hacia una política más sociosanitaria y no tan asistencialista que estaba llevando el Cabildo de Gran Canaria durante la primera parte del siglo XX con la República con este proceso de depuración del personal que en varios casos eran las propias religiosas que llevaban esos hospitales las que pues denunciaban al personal”, explica.
La tesis El Cabildo y la Institucionalización del Régimen Franquista en Gran Canaria: poder político y relaciones sociales entre 1936 y 1960 de José Alcaraz Abellán dedica un capítulo precisamente a la depuración del funcionariado y la política disciplinaria y aporta multitud de datos fundamentados en los documentos de los archivos de la institución. En ella se incluye un listado de personas depuradas que ha servido de base a la Corporación Insular, que se encuentra en fase de recabación de datos, de estudio de los expedientes y de contactar con las familias, por lo que ha decidido respetar el nombre de estas personas represaliadas. Si tienen descendientes de hasta segundo grado son esos familiares quienes deben iniciar si lo desean el expediente de reparación, “si no tuvieran descendientes seremos nosotros los que lo iniciaremos”, destaca Ramírez.
Obligados a adherirse al levantamiento
La investigación apunta que en agosto de 1936 se obligó a la plantilla del Cabildo a firmar un documento personal de adhesión al levantamiento armado. Entonces, hubo personas que fueron cesadas y a las que después se les incoó un expediente de depuración. Entre julio de ese año hasta abril de 1938 se prolongó en la Corporación Insular la depuración interna de su personal, es decir, “los procesos sancionadores a sus empleados por motivos políticos”. Los afectados eran principalmente dirigentes, afiliados, simpatizantes y colaboradores de los partidos que componían el espectro del Frente Popular en Las Palmas. Alcaraz señala la vinculación entre el amplio número de auxiliares de enfermería destituidos que eran cabeza del sindicalismo de la Federación Obrera en el sector.
“Las sanciones y los expedientes del personal constituirán, gran parte de la etapa estudiada, un instrumento de afirmación de poder y consecución de los objetivos propuestos”, destaca la tesis. Sara Ramírez añade que a las personas a las que después de ese expediente se les restituyó al tiempo en su puesto, recuperaron su trabajo y su sueldo pero ese proceso fue una forma de “amedrentar y atemorizar al propio personal”. Por ello, la consejera explica que la comisión (de la que también forman parte Inés Miranda, por Nueva Canarias, Olaia Morán, del PSOE; así como Pino Sánchez y Míchel Jorge Millares) ha separado los expedientes entre las personas a las que sí se les devolvió su puesto de trabajo y las que no. Todo ello gracias previamente a esa investigación de Alcaraz y a todo el trabajo exhaustivo realizado por el personal del servicio de archivo general del Cabildo de Gran Canaria.
Arrojados a la Marfea
Ramírez cuenta que al adentrarse en esos expedientes hay momentos en los que se “eriza la piel”. Por ejemplo, cuando en esas historias se menciona la Marfea, uno de los puntos claves desde donde se arrojaban a personas contrarias al Régimen; un acantilado situado entre la playa de La Laja y la central térmica de Jinámar. “Te metes en los expedientes y te pierdes con tantas historias, tanto sufrimiento, tantos casos que emocionalmente también tocan”, apunta. Hay casos que define como más peculiares, como un episodio en el que alguien puso unos petardos en el Hospital de San Martín y en unos diez expedientes a varios funcionarios del Cabildo se les acusa de haberlos colocado. La consejera también señala el caso del secretario general del pleno “cómo van a por el máximo”.
En esos expedientes, asegura que es muy dolorosa la parte en las que se alude a las parejas de las personas represaliadas. En uno de esos documentos, por ejemplo, explica que una mujer a finales de los 70 cuando llegó la Amnistía solicitó la pensión de viudedad. Entonces, declaró que su marido había sido arrojado a la Marfea cuando era empleado público y que, por tanto, tenía derecho a esa pensión. En esos documentos, añade, se aprecia “esa lucha de años y años que hay expedientes que son larguísimos de toda la lucha que tuvieron para poder repararse”. Hay otras ocasiones en las que se constata que son personas desaparecidas porque cuando la comisión gestora del Cabildo de Gran Canaria las llama durante ese proceso de depuración no se presentan.
Ramírez recuerda que esta investigación se inició después de que en mayo de este año todos los grupos, con la abstención del PP, aprobaron una moción que instaba a la “reparación y reconocimiento al personal público del Cabildo de Gran Canaria sancionado de forma ilegítima y depurado por motivos políticos”. Uno de los objetivos principales de la reparación es que en los expedientes de estas personas conste que fue una persona que sufrió un proceso de depuración. La Comisión además ha creado el correo electrónico memoriademocratica@grancanaria.com para que aquellas personas que quieran formular consultas o que deseen obtener datos o facilitar información sobre otros casos que no se hayan tenido en cuenta.