Santa Cruz de La Palma, el ayuntamiento que saneó de herencia franquista sus calles en plena Transición y que desafió a la Justicia

Si hay un ejemplo en Canarias de que es posible sacudirse la herencia franquista por convicción democrática y sin necesidad de que lo dicte una ley es Santa Cruz de La Palma. El Ayuntamiento saneó sus calles de huellas de la dictadura mucho antes de que existieran las normas de memoria democrática y es un caso que rescatan los investigadores e investigadoras de la segunda fase del Catálogo de Vestigios de Canarias, que se entregó en 2023 con los elementos franquistas de todas las capitales de cada isla al completo, pero que el Gobierno de CC-PP guarda en un cajón y no lo ha publicado en el boletín oficial. Esta decisión permite a Santa Cruz de Tenerife seguir alegando que la ciudad es la única “señalada” y que se ha cometido un perjuicio. 

Sobre Santa Cruz de La Palma, el catálogo coordinado por la investigadora María Isabel Navarro, señala que “la experiencia de este municipio merece recordarse como ejemplo de una actuación institucional conducente a la revocación de acuerdos contrarios a la legalidad de la Segunda República y a la adopción de acuerdos representativos del orden democrático alcanzado por el país”. Los trabajos de la Comisión de Gobierno y Personal se habían iniciado dos meses antes de la fecha en la que se volvió a reunir, el 22 de octubre de 1979, con la finalidad de adoptar acuerdos relativos al punto 7 del Orden del día: “Cambio de nombres en plazas, calles y barriadas”.

La investigación destaca que esos trabajos iniciados en plena transición habían abordado una revisión completa de las denominaciones de los espacios públicos del municipio. La conclusión de este proceso permitió abordar “la retirada íntegra de las denominaciones que habían sido impuestas desde el inicio de la Sublevación militar”. Actualmente, solo se conservan tres elementos y los honores y distinciones cuya retirada corresponde a instancias del Estado. Por ello, se proponen la eliminación de una denominación del callejero que se somete ahora a identificación y retirada en el catálogo que se presenta, la calle José López; la placa en recuerdo de Blas y Esteban Pérez González existente en la casa familiar y la denominación del Centro cultural Pérez Andreu.

Los elementos retirados en 1979 fueron numerosos y abarcaron desde una plaza al generalísimo, la avenida José Antonio, calles, barriadas y placas que se encontraban en plazas, espacios públicos y edificios públicos. El catálogo de vestigios de esa ciudad recoge que en esa época, como en otras corporaciones, algunas denominaciones dieron lugar a debate por los efectos que ciertas figuras han transmitido durante décadas. Además, algunas intervenciones de los miembros de la Corporación fueron entonces apelaciones al miedo “dada la situación actual española” invocando la “concordia entre los españoles”. 

A pesar de la insistencia de algunos miembros de la Corporación en dilatar los acuerdos propuestos que reclamaban al alcalde (Antonio Sanjuán, del PCE, y años más tarde diputado por CC) una justificación de la necesidad y urgencia de estos cambios, se produjo la votación y aprobación de los acuerdos con resultado muy reñido. Hubo ocho votos a favor, dos en contra y cinco abstenciones. El procedimiento de votación fue objeto de un amplio debate acompañado de matizaciones. Además, de acuerdo con la legislación vigente, las abstenciones no se admitían y fueron considerados votos negativos. No constante, la propuesta de eliminar los vestigios franquistas finalmente prosperó. 

Durante ese pleno de votación hubo una intervención de un concejal de CD (Coalición Democrática) que expuso excusas para no adoptar tales acuerdos e introdujo “una reivindicación de la obra de la dictadura franquista, al tiempo que se pregunta por los gastos que ocasionarían las eliminaciones de placas y se alega que hay otras necesidades como las vinculadas a la mejora de los centros educativos”. También incorporada al acta la manifestación de los promotores de la iniciativa con una serie de precisiones respecto al espíritu con el que se ha trabajado para llegar a la propuesta, invocando también “a la concordia y a la aceptación de las ideas políticas”, pero destacando “de manera concluyente” que “con actitudes timoratas y complejos de miedo no se consolida la democracia”. 

La investigación expone que la prensa recogió regularmente informaciones amplias acerca de esta iniciativa que se reconocía como un verdadero acontecimiento. El proceso de normalización democrática se completó mediante la moción presentada por Antonio Sanjuán relativa a la denominación de la Plazoleta del Muelle como Plaza de la Constitución. 

La polémica retirada de placas

Cuenta el Catálogo de Vestigios de Santa Cruz de La Palma que la retirada de las placas conmemorativas de la ciudad en virtud del acuerdo adoptado en 1979 dio lugar a una denuncia que fue cubierta por la prensa nacional al finalizar el año 1985. Informaciones diversas a lo largo del año habían mostrado las controversias que el tema había suscitado y la participación directa del partido Falange Española, que contaba entonces con representantes en la isla. 

Desde enero de 1985 comenzaron a publicarse en las noticias, los argumentos esgrimidos por el alcalde y las opiniones de Falange Española con relación a la sentencia del Tribunal Supremo que ratificaba una sentencia de la Sala de lo Contencioso administrativo de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Ese fallo había considerado nulo el acuerdo de la retirada de las placas conmemorativas de la Guerra Civil y la consiguiente retirada de dos ejemplares y ahora ordenaba restituirlas a sus respectivos lugares originales. Se trataba de un tema de forma, pues el acuerdo de retirada de ambas placas se consideraba nulo por “no haber figurado en el orden del día, junto con el punto relativo a las denominaciones del callejero que fueron objeto también del mismo acuerdo”. 

Las manifestaciones del Alcalde muestran la intensa discrepancia con respecto “a las actuaciones contrarias a los valores democráticos”. El Ayuntamiento cumplió la sentencia colocando las placas y media hora más tarde fueron de nuevo retiradas. Por ello, un juicio por desacato amenazaba a Antonio Sanjuán que interpretaba, una vez cumplida la orden judicial, que su administración era soberana para cumplir el acuerdo aprobado. El periódico El País recoge esta noticia en su web con el titular: “Un alcalde canario, acusado de desacato por no reponer dos placas alusivas al franquismo”.

En concreto, se trataba de dos placas que contenían las leyendas: “José Antonio Primo de Rivera, presente. 20-11-1936”. Y “caídos por Dios y España y su revolución nacional/sindicalista”. 

“No es objeto de este catálogo el estudio sistemático de todas las actuaciones institucionales, sin embargo, este caso merece mencionarse por la significación de esta resistencia que ilustra la voluntad política de normalización durante el periodo de la Transición política”, concluye este capítulo de la investigación de los vestigios que perviven en Canarias y que ensalza el ejemplo de Santa Cruz de La Palma y el empeño de su exalcalde Antonio Sanjuán.