La política canaria afronta su primer test de estrés derivado de las manifestaciones ecologistas del 20 de abril. Y lo hace a su manera, bajo el signo del caos. Por un lado, el presidente canario, Fernando Clavijo, sugirió a primera hora en Canarias Radio una subida fiscal para el sector alojativo como medida correctora, sobre todo si no se produce un incremento en la distribución de la riqueza del turismo vía incremento de los salarios a los trabajadores del sector. Este escenario, la subida del IGIC turístico, no es contemplado por el socio de gobierno de Clavijo, el PP, que hizo campaña en las elecciones de 2023 con la promesa estrella de bajar los impuestos y se ve ahora aprisionado por un contexto que convierte ese compromiso en inviable por un lado y extemporáneo por otro. La oposición socialista, por su parte, quiso hurgar en la sesión de control sobre las posibles contradicciones del pacto y puso sobre la mesa la creación de una tasa turística, justo la que el PSOE no puso en marcha cuando tuvo ocasión de hacerlo, esto es, en la pasada legislatura autonómica.
El éxito de la convocatoria ciudadana del 20 de abril ha reformateado el escenario político en las Islas, al menos respecto al turismo y algunas de sus derivadas reales o supuestas, caso de la gestión de los residuos, las colas en las autopistas, la saturación de los espacios naturales y las dificultades para el acceso a la vivienda. Pero si hilamos un poco más fino este nuevo contexto, con muchos elementos heredados del pasado, sí que plantea algunas preguntas concretas que buscarán respuesta en el ámbito institucional a medio plazo. Pero depende del Gobierno y de las fuerzas de la oposición poner las cartas boca arriba mediante decisiones de gestión o propuestas más concretas.
La ecotasa está presente en los debates como medida icónica que simbolizaría una nueva perspectiva respecto a la fiscalidad del turismo y los usos posibles de la recaudación que traería. El presidente Clavijo dijo hace días ser partidario de estudiar la medida, pero su discurso ha evolucionado hacia una opción más sencilla de implementar, como sería un incremento del IGIC en el que el hecho imponible serían las pernoctaciones. Claro que, en este caso, y esto también lo aclaró el jefe del Ejecutivo, la recaudación iría a la caja común de la Comunidad Autónoma (y, de su mano, a cabildos y ayuntamientos) y no a atender objetivos finalistas de carácter ambiental, tal y como ocurriría de implantarse un impuesto turístico específico. Otra cuestión es la coherencia de la medida atendiendo a lo dicho en el pasado, pues el Gobierno de coalición CC-PP llegó al poder supuestamente para bajar los impuestos, no para subirlos. Y los populares, que van claramente a rebufo de CC en la construcción de discurso del Ejecutivo, rechazan ambos escenarios, tasa turística y subida del IGIC.
El PSOE trató de sembrar un poco de cizaña con las preguntas parlamentarias, dirigidas al presidente Clavijo (a través de Sebastián Franquis) y el vicepresidente Manuel Domínguez (por boca de Nira Fierro). Pero todo era munición de fogueo, porque los socialistas tienen un problema de credibilidad con este asunto, en la medida que tuvieron la oportunidad de avanzar con la ecotasa en la pasada legislatura y no quisieron o pudieron (seguramente ambas cosas, pues influyeron mucho la pandemia y también la negativa de Casimiro Curbelo en este tema) implantar esta medida ni darle forma siquiera. Las preguntas fueron, en este sentido, salvas de aviso previas a lo que será, según fuentes de la dirección socialista, el registro de una proposición de ley que proponga de verdad la creación de un impuesto turístico en las Islas, algo que también podría hacer Nueva Canarias rescatando alguna de sus iniciativas pretéritas. Llegado ese momento, por iniciativa del Gobierno o de la oposición, la sociedad canaria, la que se manifestó el sábado pasado y la que no lo hizo, podrá salir de dudas y conocer el punto de vista de cada cual. Y mientras tanto llega ese momento (o no), todo lo que veremos serán simples escaramuzas.