La Delegación del Gobierno en Canarias ha registrado unas 2.600 alegaciones contra el estudio de impacto ambiental de los sondeos petrolíferos que Repsol pretende realizar en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura, tras concluir los 45 días concedidos para su presentación.
Según han informado a Efe fuentes de la Delegación, estos son los datos provisionales que maneja la representante del Gobierno central en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, quien ha ordenado seguir recogiendo a lo largo de este miércoles las alegaciones que se pudieran presentar, aunque el plazo general venció el martes.
No obstante, las instituciones y colectivos que se han personado en la fase previa del estudio -medio centenar- aún pueden presentar sus alegaciones porque los 45 días hábiles para alegar se cuentan a partir del momento en que cada uno recibió el documento de impacto ambiental, han indicado las fuentes.
Entre esas instituciones figura el Gobierno de Canarias, que dispone de plazo hasta el día 10 de octubre, según ha informado a Efe el comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales de la comunidad autónoma, Fernando Ríos, quien ha subrayado la “masiva participación” que ha tenido este procedimiento en relación a otros de evaluación de impacto.
Según los datos provisionales que maneja la Delegación del Gobierno en Canarias, de las 2.600 alegaciones presentadas, unas mil responden a las “objeciones tipo” distribuidas por la organización Ben Magec-Ecologistas en Acción y los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, contrarias a las prospecciones y futuras extracciones.
Sobre el contenido de las alegaciones que presentará el Gobierno canario, que teme que un hipotético derrame arruine sus espacios naturales y la principal industria de la región, en turismo, el comisionado ha adelantado que “tocará todos los palos”.
El Gobierno autonómico abordará desde las deficiencias que entiende que se han producido en la tramitación del expediente, a las cuestiones relativas a los daños que se pueden producir en el agua y el ecosistema, así como aspectos relativos a los movimientos sísmicos, la ingeniería, la economía o la zona económica exclusiva de las islas, ha indicado Ríos.
Los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura presentarán a lo largo de este miércoles sus alegaciones, según han indicado a Efe ambas corporaciones. En las alegaciones tipo que han distribuido a través de sus portales institucionales en internet, ambas sostienen que no puede exponerse a Canarias a una catástrofe como la que ocasionó una plataforma de BP el Golfo de México en 2010.
En particular, subrayan que el estudio de Repsol no valora el alto grado de sensibilidad a la contaminación de hidrocarburos del sistema de abastecimiento de aguas de ambas islas (dependiente de desaladoras marinas), el turismo del que dependen sus economías, la pesca o unos ecosistemas marinos con numerosos endemismos y una importancia ambiental reconocida a nivel internacional.
El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera (CC), ha señalado a Efe que, por ello, del plazo que concluye hoy depende “el futuro de Canarias” y de la representatividad democrática del pueblo, porque, a su juicio, es la sociedad canaria la que asume el riesgo, mientras que Repsol recibe los beneficios de una “apropiación privada” de los recursos comunes.
Ben Magec-Ecologistas en Acción también presentará a lo largo de este miércoles sus alegaciones, según ha indicado a Efe un portavoz, que ha insistido en lamentar el corto plazo que se ha fijado y en el hecho de que se eligiera el mes de agosto, pues el estudio de impacto ambiental de Repsol es “extenso” y contiene numerosos análisis y supone un expediente de “gran importancia” para el futuro de las islas.
Ben Magec opina que este estudio de impacto es “muy confuso” y “lleno de imprecisiones y contradicciones”.
En sus alegaciones, los ecologistas advierten de que un derrame puede provocar una catástrofe con consecuencias dramáticas para la biodiversidad, los recursos pesqueros, el consumo de agua en Lanzarote y Fuerteventura, en la fauna y la flora y especialmente en los nutrientes marinos, por tratarse de una zona importante mundialmente por su alto contenido de plancton.
Por su parte, la organización ecologista WWF ha denunciado hoy que el estudio de impacto ambiental “carece de rigor y está plagado de omisiones, vaguedades e indefiniciones” y el Comité Español del programa Hombre y Biosfera de la Unesco ha emitido un informe en el que advierte de los graves daños ambientales que ocasionarían en la islas orientales de Canarias.
Repsol alega en defensa de su proyecto que va a tomar las cautelas ambientales precisas para minimizar los riesgos, que en la zona existen otros sondeos petrolíferos autorizados por Marruecos y que sus planes comportarían una inversión en la zona de unos 300 millones de euros en la fase de investigación y de otros 200 millones anuales si se encontrara un yacimiento importante.
El Ministerio de Industria ha señalado, por su parte, que los yacimientos que de esa zona del Atlántico podrían generar hasta 10.000 barriles de crudo diarios, suficientes para cubrir el 10% del consumo de petróleo de España.