El Tribunal Superior de Justicia de Canarias volverá a dictar sentencia sobre el asesinato de Isabel Canino, la conductora de guaguas de Titsa, que apareció sepultada en una fosa común de una propiedad de su amante, Salvador Morales, condenado en mayo pasado a 19 años de cárcel por este crimen.
La sección V de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el nuevo abogado de Morales, Plácido Peña, para que se examine una muestra de ADN hallada en una uña del cadáver, que corresponde a un varón que no es del condenado, con lo que ahora, el juzgado de Violencia Uno sobre la Mujer que instruyó el caso deberá remitir toda la documentación al TSJC para que éste amplíe la investigación y dicte una nueva sentencia, afirma este letrado.
Salvador Morales fue considerado culpable de la muerte de Isabel Canino en un juicio con jurado con mucha repercusión pública. Isabel desapareció el 21 de marzo de 2009, tras verse con el condenado en una cafetería cercana a la casa de éste en la Laguna, y su cuerpo fue hallado 72 días más tarde en una fosa séptica de un piso que Morales remodelaba para su alquiler.
El cadáver todavía llevaba puestas dos bridas, una en el cuello y otra que lo maniataba. Isabel murió estrangulada. Además, Salvador incurrió en múltiples contradicciones durante sus declaraciones previas en comisaria como durante el juicio, aunque sostuvo que una tercera persona fue quien mató a la conductora de guaguas, sin aportar más pruebas que su palabra y esa huella de ADN nunca identificada.
Para Plácido Peña, “la muerte de Isabel no está en absoluto aclarada. Puede que lo nuestro sea locura, pero hemos pedido que se investigue esa huella de ADN y la petición ha sido estimada. Ahora le toca al Tribunal Superior de Justicia resolver y habrá nueva vista oral, pero en Las Palmas de Gran Canaria”.
No opina lo mismo el abogado de la familia de Isabel Canino, José Manuel Niederleytner, quien niega la posibilidad de que se examine el misterioso rastro de ADN no identificado porque “Peña no ha pedido la nulidad de las actuaciones”. Al contrario, sostiene, “se trata de una revisión de las cuantías de indemnización”.
Indemnizaciones
En efecto, las indemnizaciones a las que ha sido condenado Salvador Morales son otro de los motivos del recurso instado por Plácido Peña y también por el propio Niederleytner, el primero, porque las considera excesivas y el segundo, demasiado bajas.
Según la sentencia que se hizo pública el 2 de junio, Morales deberá indemnizar a los padres de la asesinada con 110.000 euros y a su hermana Eladia, que contribuyó en su búsqueda, con otros 70.000, por daños morales.
Peña entiende que estas cuantías son excesivas y que según el baremo de accidentes de tráfico admitido por el Tribunal Supremo para indemnizaciones por fallecimientos, “la hermana no tiene derecho a indemnización alguna y a los padres les corresponden 90.000 o, a lo sumo, 100.000 euros”.
El abogado de la acusación particular, por el contrario, ha recurrido para que los padres de la víctima sean indemnizados con 500.000 euros “por todo el sufrimiento padecido” y a Eladia Canino, con otros 100.000.