Canarias sigue encabezando con un 40% la lista de espera más alta del país en dependencia. Según los datos oficiales de octubre, 11.712 personas tienen derecho a recibir una prestación y siguen esperándola. A pesar de las nuevas altas que se han incorporado este año (hay 1.700 personas más que reciben una prestación), la Asociación Estatal de Gerentes y Directores Sociales ha detectado un nuevo limbo no sólo entre aquellas personas que tienen derecho a estar acogidas al sistema y no reciben ayuda alguna, sino entre aquellas que siguen esperando a que se estudie su caso y se emita un dictamen del grado de su dependencia.
En el último año se ha ralentizado la valoración de solicitudes. De hecho, según los últimos datos que publica el IMSERSO (correspondientes a octubre), de las 46.536 solicitudes que hay ahora mismo registradas en Canarias, se han resuelto 35.450. Hay por tanto 11.086 personas que siguen esperando por el reconocimiento.
En en el mismo período del año pasado, había 43.086 solicitudes, 36.268 dictámenes resueltos y, por tanto, 6.818 personas esperando a que su caso sea valorado.
El presidente de la Asociación Estatal de Gerentes y Directores Sociales, José Manuel Ramírez, recuerda que en el conjunto de España han sido valorados un 90% de los solicitantes mientras que en Canarias un 65%. Subraya que, además de acortar los tiempos para que las personas que han sido valoradas reciban una prestación, también hay que sacar de la situación de limbo a aquellas cuyo grado aún no ha sido reconocido.
Un modelo integrador para dependencia
La pasada semana el Gobierno de Canarias celebró un encuentro con profesionales para abordar los retos de la dependencia. Una iniciativa que, aunque en palabras de Ramírez, llega “once años tarde”, “fue una sorpresa que llegara este debate sin cortapisas”.
A juicio del presidente de esta asociación, este debate es “oportuno” en este momento ya que se está perfilando la Ley de Servicios Sociales en el Parlamento de Canarias.
En este espacio, la consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido (CC), defendió un modelo “integrador” en el que se impliquen cabildos y ayuntamientos. El objetivo es agilizar el procedimiento y “ser más rápidos a la hora de atender a las personas dependientes”, subrayó. Para Ramírez, si se añadieran las personas que están en el sistema de los cabildos al de la Comunidad Autónoma se aumentaría la financiación y se muestra partidario de este modelo participado.
Más financiación
A las partidas que ha dejado el Estado de destinar a Canarias para la Ley de Dependencia se suma una financiación insuficiente por parte del Ejecutivo regional. La Asociación Estatal de Gerentes y Directores Sociales insta a Coalición Canaria a que aproveche su papel decisivo en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 para conseguir esas partidas necesarias que impulsen la dependencia en las Islas después de once años de que entrara en vigor la ley.
Ramírez tiene poca esperanza en que esto suceda porque ve a CC “prisionera” de los acuerdos del PP. Señala que tiene más esperanza en el diputado de Nueva Canarias en el Congreso, Pedro Quevedo, pues se reunió con la asociación que preside y luchó hasta último momento para que se incorporaran más partidas para dependencia en el ejercicio pasado.
Precisamente sobre este asunto se ha generado polémica en las últimas semanas entre los dos partidos nacionalistas canarios. Coalición Canaria ha hecho propios parte de los logros de Nueva Canarias para combatir la pobreza e impulsar los servicios sociales en las islas. El presidente de NC asegura que 15 de los 16 millones de euros que el Estado va a inyectar en Canarias pertenecen a enmiendas y denuncia que esto se produce a costa de “congelar” las partidas para dependencia.
Precisamente sobre este asunto se ha generado polémica en las últimas semanas entre los dos partidos nacionalistas canarios. Coalición Canaria ha hecho propios parte de los logros de Nueva Canarias para combatir la pobreza e impulsar los servicios sociales en las islas. El presidente de NC, Román Rodríguez, asegura que 15 de los 16 millones de euros que el Estado va a inyectar en Canarias pertenecen a enmiendas y denuncia que esto se produce a costa de “congelar” las partidas para dependencia.
Este mismo jueves, la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias ha reclamado en un comunicado que la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia se incluya en el futuro modelo de financiación autonómica. De hecho, uno de los grandes problemas para mantener la Ley de dependencia es que la participación del Estado en dependencia ha ido mermando. Según los cálculos del Ejecutivo, el porcentaje de participación del Estado en el sistema de Atención a la Dependencia en Canarias en 2016 fue de un 13,86% frente al 64,92% de la Comunidad autónoma y el 21,22% de los Cabildos.
Por este motivo, el director de la Asociación de Gerentes y Directores Sociales insiste en subrayar el papel que tiene Coalición Canaria en Madrid para que el sistema de dependencia despegue en Canarias. “Tienen la llave, pero ahora depende de sus acuerdos con el PP”.
Maquillaje de datos
En los últimos meses se han producido contradicciones entre los datos aportados por la consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias y los publicados por el IMSERSO en cuanto a altas en dependencia. El Gobierno regional ha asegurado en todo este tiempo que se debe a que contabilizan el cierre de datos en fechas diferentes. Tras estas confusiones, el Ejecutivo canario ha comunicado en una nota de prensa acompañada de documentación que este año se han resuelto más de 3.000 solicitudes y 1.700 nuevas personas beneficiarias este año.
No obstante, no es la primera vez que se acusa al Gobierno de Canarias de maquillar los datos de dependencia. Ramírez recuerda que en la época de Inés Rojas (CC) se falsearon datos para que las malas cifras de su gestión no le salpicaran en la campaña electoral. “Fueron tan crueles que no les importó manipular”, subraya. De hecho, esta cuestión fue denunciada por el Diputado del Común e investigada por el Gobierno de Canarias.
Desde 2014, a causa de este hecho, no existen datos 100% oficiales sobre dependencia ya que el Consejo Territorial, que es quien tiene que aprobar la evaluación de datos, no ha podido hacerlo desde ese año. A ello se le suma que en 2015 cambiaron de color político muchas comunidades antes gobernadas por el PP y no ha habido entendimiento con el Gobierno central.