La Policía Nacional ha desmantelado en Las Palmas de Gran Canaria una trama que empadronó en la ciudad de forma fraudulenta a 133 ciudadanos mauritanos y marroquíes, muchos de los cuales siguen residiendo en su país de origen y solo visitan Canarias para utilizar la sanidad pública.
En un comunicado, la Jefatura Superior de Policía de Canarias detalla que se trata de una operación que se ha prolongado durante dos años y que ha culminado con la detención de una persona y la presentación de cargos contra otra más; marroquíes, en ambos casos.
Las indagaciones comenzaron a realizarse por las sospechas que le habían suscitado al Servicio Municipal del Padrón de Las Palmas de Gran Canaria las inscripciones en determinados domicilios.
La Policía averiguó que los datos de esas viviendas “eran gestionados para ciudadanos de origen mauritano y marroquí en situación irregular en España, con la finalidad de obtener los certificados para su posterior presentación a otros organismos públicos, ya que este es requisito imprescindible para la regularización de la situación legal en el territorio nacional y para la obtención de la tarjeta de asistencia sanitaria”.
“Muchos de los beneficiados de tal fraude ni siquiera residen en España. Sus países de residencia son Mauritania y Marruecos. Se desplazaban a la isla de Gran Canaria únicamente para asistir a consultas médicas y así ser asistidos por la Seguridad Social española”, añade el comunicado de la Jefatura.
Los dos sospechosos de estar al frente de esa operativa, detalla, “frecuentaban las distintas dependencias municipales de la capital grancanaria, haciéndose pasar por trabajadores que ofrecían ayuda para la gestión de la documentación” a los vecinos que acudían al Consistorio.
Cuando se ganaban la confianza de las víctimas, les solicitaban todo tipo de documentos, como el DNI, facturas, contratos o escrituras de la propiedad, que luego utilizaban para inscribir en esos domicilios a ciudadanos de Marruecos o Mauritania.
Estos últimos pagaban a cambio “una cantidad sustancial de dinero”, apunta la Policía, porque la inscripción en el padrón municipal les podía ayudar a regularizar su situación legal.
Los investigadores han localizado por ahora a 28 perjudicados por esta trama y a 133 personas que se han beneficiado de ella, aunque la investigación continúa abierta, ya que se están realizando averiguaciones con las autoridades de otros países.