“A mí un concejal de Telde me ofreció 120.000 euros para cerrar este tema”

José Manuel González lleva casi 10 años luchando contra una gasolinera construida ilegalmente frente a su vivienda, en Las Remudas (Telde, Gran Canaria). Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias anulaba las licencias de obras y de apertura de la estación de servicio.

El Ayuntamiento de Telde ha tratado de buscar alternativa a la demolición, pero este mes de abril, y tras recibir un informe técnico desfavorable, el concejal de Urbanismo Pablo Rodríguez ha concluido que “no es legalizable”, por lo que “ya se ha abierto expediente de derribo”.

José Manuel González quiere ir más allá y acudirá a la Fiscalía Anticorrupción. Está dispuesto a arrojar luz sobre la gestión de los terrenos, primero calificados como rústicos sin especial protección en el PGO 1994 y luego de interés agrícola en el PGO 2002.

Entre un plan general de ordenación y otro, la parcela había sido adquirida por Estaser Canarias, S.L., entidad que solicitó la construcción del surtidor de combustible donde tendrían que haberse edificado viviendas sociales.

Resulta curioso el dato de que el administrador único de la compañía fuera el padre del consejero de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Sánchez, cuando José Manuel Soria era presidente, y que la solicitud de la licencia de obra se paralizara hasta 2003.

Ese año, el Partido Popular llega a la alcaldía de Telde con Francisco Valido y, además, Luis Soria (hermano del expresidente insular) ostenta el cargo de consejero de Industria del Gobierno de Canarias.

El denunciante asegura que el permiso de construcción era para 250 metros cuadrados y que, actualmente, la extensión ocupa 498. Además, en el proceso judicial se echó en falta un informe jurídico municipal sobre la compatibilidad de la gasolinera con la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística, por lo que, según la sentencia del TSJC, “no se podía dar la licencia de apertura”.

Y, a pesar de ello, se siguió adelante, aunque José Manuel González asegura que hubo un acuerdo de la Junta de Gobierno para conceder dicha licencia, pero no llegó a ser efectiva. Este apartado cobraría importancia en el caso de que la parte empresarial solicitara una indemnización al consistorio por lucro cesante.

Durante esta década, González considera que la salud de su familia ha quedado dañada de tal manera que “mi hijo se va de mi casa y mi hija estuvo en tratamiento psiquiátrico cuatro años”. A su esposa le sigue resultando casi imposible conciliar el sueño. En 2004, decide presentar una demanda por exceso de ruido procedente del tren de lavado y de la cafetería contigua.

Es normal que sus acciones no gustasen a la clase política y, según afirma, “a mí un concejal de Telde me ofreció 120.000 euros para cerrar este tema”. Pide que se ejecute la sentencia y que se restituya el suelo a su estado original: “un muro de fondo y, lo demás, tierra”.

Desde Repsol, se apoyan en que la titularidad de los terrenos no pertenece a la compañía y que ésta tampoco participa en el proceso judicial, por lo que prefiere mantenerse al margen de la polémica.