“En el Cabildo de Tenerife se ha preferido tapar antes que resolver el acoso laboral”, hablan los afectados

Hay trabajadores del Cabildo de Tenerife con distintas categorías, ocupaciones y puestos, pero con el mismo sufrimiento de padecer situaciones de acoso laboral prolongadas en el tiempo y sin respuesta desde la administración, tal y como ha informado este digital en los últimos días. Son funcionarios la mayoría que rompen el silencio para dar testimonio de sus experiencias, bajo la condición de ocultar las identidades: temen que hablar agrave sus casos, pero dicen no aguantar más. Son un botón de muestra de más afectados que callan y de otros que, por el momento, acumulan el valor y las pruebas necesarias.  

“Llevo alrededor de 20 años trabajando en el Cabildo de Tenerife”, afirma uno de los perjudicados de lo que califica como campaña de hostigamiento, destinado a “una labor y en un puesto que me gustan, pero que desde hace algún tiempo se ha convertido en una tarea insufrible por culpa de mi superior, que cuenta con la complicidad de una parte de los compañeros que ven lo que ocurre y les parece hasta gracioso, mientras otros miran para otro lado”. Asegura que “en el Cabildo de Tenerife se ha preferido desde hace tiempo tapar antes que resolver el acoso laboral”.

 Este empleado relata que sufrir “humillaciones y críticas” por parte de su jefe “se ha hecho habitual” por cualquier tarea que realiza, “a solas o delante de otros compañeros”, o “me manda cumplir desempeños inferiores a los propios de mi categoría” y con una “sobreexplotación” horaria y de trabajo. “Las labores más engorrosas o mecánicas y de menor nivel con frecuencia me las encarga a mí, mientras que tareas de mi categoría se asignan a compañeros con menor cualificación”.

El “ninguneo y el abuso de poder” han sido una constante que “he sufrido y sigo sufriendo”, destaca, “hasta sentirme machacado y necesitar somníferos para dormir”. Admite que hubo un momento en el que pensó que estaba loco, porque “así me trataban cuando alguna vez me quejaba” llegando a pensar que “alguna culpa debía tener para que me pasara todo esto”.

Reacción de estrés agudo, con una sintomatología que refuerza la conflictividad y el estrés laboral. Ese fue el diagnóstico médico de la enfermedad de otro de los empleados del Cabildo, dolencia que derivó en una baja laboral durante casi medio año y “tomar medicación para la hipertensión de por vida, entre otros fármacos necesarios desde entonces para poder acudir al trabajo”.

En el relato de los hechos, el trabajador señala la situación de “acoso continuado” durante años por parte de su superior y de un compañero de inferior categoría “que han actuado y continúan haciéndolo en complicidad”, y que por ello acudió al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para denunciar la situación, “como dice el procedimiento”. No hubo resultados, al contrario: poco después de su reincorporación, “constaté que se aprobaba una subida de sueldo al trabajador que me acosaba, a propuesta del jefe que también me acosaba, y que a mí se me excluía”, en línea con la tesis de estas dos personas, sostiene, de que “yo lo hago todo mal”. Y la situación no ha cambiado.

Una de las características de la “persecución que sufro”, continúa este trabajador, es el “menosprecio a mis capacidades”, de tal manera que “los proyectos en mi servicio no salen bien y se han de repetir una y otra vez, pero da igual: no hay otro técnico con experiencia en mi especialidad, pero no me permiten participar en ninguno de esos procesos y, por lo tanto, no puedo aportar mis conocimientos”. Tal así que “gran parte de mi tiempo laboral me tienen realizando trabajos mecánicos y arreglando errores que no existen”, recalca, “y dejándome al margen de los cursos o programas de formación que sí reciben” los acosadores.  

Años después, un nuevo periodo de baja laboral con el mismo diagnóstico marca los últimos episodios hasta ahora del ‘mobbing’ sobre este empleado, quien se pregunta “¿Qué necesitan que suceda para arreglar esto? Porque ya ha habido varios casos de ictus entre compañeros y compañeras de la Corporación”.

Denominadores comunes

Otras experiencias de acoso laboral a trabajadores del Cabildo han sido recogidas por este diario a través de familiares, personas allegadas o abogados conocedores de primera mano de varios de estos casos, que han dado voz a empleados que o no se atreven a hablar, a los que recordar algunos hechos les reaviva la angustia o, incluso, su tratamiento médico se lo impide. El anonimato vuelve a ser la regla para estos portavoces; relaciones profesionales o parentescos pueden destapar al afectado y generarle más problemas.

En cuanto a los escenarios de persecución o acoso laboral detectados en el Cabildo de Tenerife, los trabajadores y abogados entrevistados coinciden en una serie de denominadores comunes que permiten acercarse mejor a las causas de un fenómeno prolongado durante décadas y que tienen que ver con la “mala gestión de los recursos humanos”. En el detalle de ese ineficaz proceder, con efecto en los casos de ‘mobbing’, estaría la desidia de algunos cargos políticos, fallos en el protocolo vigente, el papel de ciertos jefes de Servicio, el abandono del área de Formación y la dejadez del Servicio de Prevención de Riesgos, por apuntar las más señaladas.

Por lo que se refiere a ese supuesto desentendimiento por parte de algún alto cargo (consejero o director insular), que “descuida” –en palabras de uno de los abogados entrevistados- la supervisión o el seguimiento del clima y las condiciones laborales de sus áreas de responsabilidad, tiene que ver que actúan “como aves de paso en sus cargos y apuestan habitualmente por dejar hacer, no complicarse la vida, ni tocar el automatismo del trabajo cotidiano”, con sus jerarquías y categorías, que corresponde de manera directa a las distintas jefaturas –de Unidad, Sección o Servicio. Apuntar, no obstante, que corresponde al Consejo de Gobierno Insular la aprobación y actualización de la Declaración de Principios del protocolo de prevención PO-38 (“Actuación frente a la Violencia de Origen Interno en el Trabajo”) contra el acoso laboral, y que como pieza superior de la jerarquía de mando en cada Consejería, tienen potestad para actuar.

En lo tocante al protocolo vigente, tiene fallos. Lo dicen desde el ámbito sindical en el comité de empresa del Cabildo, lo reiteran trabajadores afectados y también abogados laboralistas conocedores del mismo y de su aplicación. El protocolo de la Corporación asume un “firme compromiso con la prevención de la violencia en el ámbito laboral” y califica la misma de “atentado contra el derecho fundamental de las personas” que considera “absolutamente inadmisible y no será permitida ni tolerada”. Por ello establece que el Cabildo “adoptará las medidas necesarias para erradicar y prevenir cualquier conducta agresiva o degradante hacia el personal”, así como para “dar la cobertura y el apoyo necesario a aquellos/as empleados/as que puedan sufrir cualquiera de dichas formas de agresión”.  

Ese mismo protocolo determina la realización de “actuaciones preventivas” que eviten potenciales situaciones de acoso laboral, con “periódicas” evaluaciones de riesgos psicosociales y diagnósticos de satisfacción laboral para “detectar y corregir” las condiciones que pudieran favorecer los casos de violencia en el ámbito laboral. Añade además que todo el personal será informado sobre el contenido del protocolo y que se promoverá la formación y capacitación de los mandos en la gestión de este tipo de conflictos. Estas instrucciones, en puridad, no se están cumpliendo.  

Por contra, el protocolo “no contempla mecanismos de conciliación bien definidos o de revisión de conductas”, señala uno de los abogados que ha podido examinar situaciones de acoso en la mayor administración de las islas, y sí propicia, a cambio, que los jefes de Servicio tengan presencia directa en prácticamente todos los trámites previos de conciliación y mediación de los empleados bajo su responsabilidad, siendo con mucha frecuencia el mismo sujeto sobre el que se dirige la denuncia. “La totalidad de los empleados y empleadas de la Corporación Insular es responsable de mantener un clima laboral adecuado y de denunciar las situaciones de agresión o violencia en el trabajo, tanto si son víctimas como testigos de la misma, en este último caso recabando el consentimiento de la víctima”, remarca el protocolo, con un procedimiento que, por lo general, no se cumple, y cuando sí deriva muchas veces en la indefensión de la víctima, que queda ‘marcada’.

El papel de los jefes de Servicio es otro aspecto motivo de controversia. Estos mandos intermedios, de libre designación, son básicos en el organigrama del Cabildo tinerfeño para garantizar el funcionamiento de la maquinaria administrativa, con un peso específico muy superior al que representa su número (en la actualidad son 59 de los 2.020 miembros de la plantilla). Su número se duplicó prácticamente a finales de los años 90 –al igual que creció el resto del personal- con la transferencia de competencias a los cabildos desde la administración autonómica; eran los tiempos de Víctor Pérez Borrego como consejero responsable de Personal y Hacienda con Ricardo Melchior, ahora en su puesto de Jefe de Servicio Técnico de Planificación y Proyectos Forestales de la misma Corporación.

Hay sintonía en las fuentes consultadas a la hora de señalar la falta de formación de los jefes de Servicio en lo tocante a la dirección y gestión de equipos de trabajo, un apartado clave que el Cabildo tradicionalmente ha desatendido. Incidir, además, que entre el personal público –también en el Consistorio insular- la movilidad o el cambio en el puesto de trabajo es escasa lo que propicia que conflictos laborales se enconen y desemboquen con el tiempo en casos de ‘mobbing’.  “Jefes con un sentido de la autoridad centrado tan solo en la jerarquía, limitados en el momento de explicar o razonar con sus subordinados, dan lugar a situaciones de desconfianza con alguno de ellos que propicia, muchas veces, mecanismos autoritarios y la angustia del trabajador al que le tocó ser la diana”, sintetiza un conocedor de los entresijos del Cabildo lo que sería ‘grosso modo’ el origen de no pocos casos de persecución laboral.  

Estas deficiencias en la gestión de los recursos humanos se relacionan, como antes se citaba, con el escaso músculo administrativo del capítulo de Formación en el Cabildo, uno de los aspectos en los que hay mayor coincidencia y en donde supuestamente debería apuntar con celo el Plan de Modernización plurianual (2020-2023) esbozado recientemente por el nuevo equipo de la Corporación al cumplir el primer año de mandato. La Formación no alcanza en la actualidad la talla de Jefatura de Servicio, quedando solo como como Jefatura de Unidad. La discrecionalidad y falta de control o un criterio medible sobre la asignación de los cursos y designación de los formadores es, igualmente, motivo de controversia.

A estas alturas de la película en el seno del Cabildo es ‘vox populi’ que hay áreas, servicios o jefaturas, claramente detectadas, que resultan más conflictivas que otras en términos de ‘fuga’ de trabajadores (sustituciones, cambio de puesto o renuncias de empleados), un indicador que arroja bastante luz sobre la mayor o menor incidencia de un negativo clima laboral y de la presencia de casos de persecución. Todo esto, y así consta en el mismo protocolo de actuación, está en manos del Servicio Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, una de las áreas que más quejas provoca entre las diversas fuentes entrevistadas para este reportaje.

Las críticas menos afiladas hablan de un Servicio en el que “hay muy poco interés real en intervenir ante las situaciones de supuesto acoso laboral, más allá de que supuestamente cumpla el procedimiento establecido”, señala uno de los abogados que comparte información sobre varios casos de trabajadores afectados por ‘mobbing’. “Los órganos de prevención del Cabildo saben de la situación, incluso se dan como los primeros pasos para formalizar la mediación (responsabilidad a partes iguales del Servicio de Prevención y de la Jefatura de Servicio implicada) pero después no es real porque no hacen nada por resolver los casos de acoso”, subraya más tajante uno de los trabajadores entrevistados.

Incluso hay quien señala “complicidad y amiguismo entre jefes de Servicio y técnicos de Prevención”. “Lo habitual es que Prevención le quite importancia a las quejas y denuncias sobre ‘mobbing’ y emita informes en los que parece que no ha ocurrido nada”, comentan otras dos fuentes.  

De hecho, este medio tiene constancia de procedimientos de denuncia iniciados, que no llegan a la fase de mediación –menos a la Comisión Arbitral-, que son archivados sin conocimiento del afectado por parte del Servicio de Prevención, y considerados incluso como resueltos satisfactoriamente a efectos estadísticos, realidad apuntada hace unos días por el mismo presidente del comité de empresa del Cabildo, Alberto Negrín.  

Un trabajador comentaba, con cierta sorna, que “el teletrabajo puede hacer más para reducir las situaciones de acoso laboral que el Servicio de Prevención o el protocolo. Un desastre”.  

Acudir a la vía penal o al contencioso-administrativo, asumiendo los costes y la dificultad probatoria que ello conlleva, está en la mente, y así lo expresa, alguno de los entrevistados. 

Este diario intentó recabar algún comentario o valoración sobre el contenido de la información por parte del equipo de gobierno del Cabildo, sin éxito.