Un total de 36 decretos firmados por Fernando Clavijo se acaban de incorporar a la investigación que se sigue sobre la ampliación indiscriminada de contratos vencidos en el Ayuntamiento de La Laguna en contra del criterio de la Intervención durante el mandato de los exalcaldes de La Laguna Fernando Clavijo y José Alberto Díaz, ambos de Coalición Canaria, durante los años 2012 a 2019. El concejal de Urbanismo de la ciudad, Santiago Pérez, acaba de denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife la existencia de otros 36 contratos prorrogados que se sumarían a los que ya investiga el Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, que mantiene como investigados no solo a estos dos exalcaldes, sino también a varios exconcejales y funcionarios de la Corporación por haberse saltado las normas de contratación públicas y las reiteradas advertencias del interventor municipal.
Es lo que se ha dado en llamar el caso Reparos, que vive una suerte de reactivación estos últimos meses después de que la jueza instructora, Ana Serrano-Jover, se tomara en serio la denuncia que en 2018 interpuso el concejal Santiago Pérez, por entonces en la oposición, a partir de que la Fiscalía Anticorrupción se hiciera cargo de las pesquisas al apreciar la posible comisión de varios delitos, como la prevaricación y la malversación de fondos públicos.
Tras la primera denuncia, varias ampliaciones y algunas solicitudes de impulso procesal en respuesta a la inacción de la jueza, y después de que la defensa de Fernando Clavijo solicitara el archivo de las actuaciones precisamente por agotarse los plazos para la investigación, el denunciante de la trama sorprende ahora con otros 36 decretos firmados por el expresidente del Gobierno de Canarias y hoy senador por la Comunidad Autónoma en los que levantó en su día los reparos impuestos por el interventor municipal en los años 2011 y 2012. Además, según la denuncia interpuesta la semana pasada ante la Fiscalía, el exalcalde nacionalista habría desoído también al jefe del Servicio de Fiscalización y a la jefa de la Sección de Control y Fiscalización del Ayuntamiento, que también emitieron informes contrarios a la ampliación de esos contratos ahora judicializados.
Los decretos bajo sospecha autorizaban a determinadas empresas a continuar gestionando los servicios municipales que prestaban después de que vencieran sus contratos, o se les concedieron prórrogas presuntamente ilegales, algunas con efectos retroactivos, de contratos ya extinguidos, o se soslayaran los controles de legalidad sobre la falta de justificación de los gastos comprometidos por medio de dichos Decretos, según recoge la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público.
La intervención municipal, según esta denuncia, reiteró a Clavijo y a su sucesor que “la adopción de acuerdos de continuidad de la prestación del servicio no puede ser utilizada para eludir la tramitación del correspondiente expediente de contratación, tal y como exige la Ley de contratos del Sector Público. Preceptos cuya razón de ser descansan en el respeto a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia, no discriminación e igualdad de trato, pilares básicos de la contratación administrativa, cuya conculcación a través de esta práctica conduce a la prestación del servicio sin ajustarse a la legalidad, al no resultar admisible la prórroga de un contrato ya vencido y al no haber concluido el procedimiento licitatorio que garantice el cumplimiento de dichos principios en la selección del adjudicatario”, señala reiteradamente la Intervención municipal en sus informes y recoge reiteradamente la denuncia ante la Fiscalía.
Y añade que “con la adopción de estos acuerdos autorizando la continuidad de la prestación del servicio podemos entender que lo se persigue es la prórroga de dicho contrato, una prórroga contraria al ordenamiento jurídico, al no ajustarse a la legislación de contratos…”. En consecuencia, “estas autorizaciones deberían derivar en una declaración de nulidad del acto” y en todo caso “debería haberse tramitado el correspondiente expediente de contratación”.
La denuncia de Pérez subraya cómo la Intervención del Ayuntamiento puso siempre énfasis en la expresión “esta Intervención ha informado en reiteradas ocasiones…”, lo que a su entender evidencia “la continuada utilización de estas prácticas y el constante apercibimiento” del órgano fiscalizador sobre la ilegalidad de las mismas, determinante de su nulidad de pleno Derecho.
Además de la prórroga indebida de contratos, la denuncia resalta otra de las prácticas ilegales, consistente, según el denunciante, en el “fraccionamiento del objeto del contrato, recurriendo sucesivamente a realizar contratos menores para prestar servicios o entregar suministros que la Administración necesita con carácter diario, mensual o anual, eludiendo así el procedimiento de licitación legalmente preceptivo”.
La Intervención del Ayuntamiento de La Laguna señala además que no se justifican los precios a abonar a las empresas a las que se han concedido prórrogas o autorizaciones de continuidad, contra lo dispuesto en la Ley de Contratos.
Sostiene el órgano fiscalizador que la única forma de comprobar que corresponden a las condiciones generales de mercado y, por tanto, son los más ventajosos para la Administración y los intereses públicos es la de tramitar los preceptivos procedimientos de licitación, basados en la libertad de concurrencia y selección de la mejor oferta.
En su denuncia Santiago Pérez asegura que “el constante fraude a la legislación de contratos que revelan las prácticas descritas implica una administración desleal del dinero de los contribuyentes y un potencial perjuicio patrimonial para el erario público, determinado por la diferencia entre el precio no justificado que se continúa abonando a las empresas beneficiarias y el que podría obtener la Administración a través del concurso público”.
La denuncia concluye señalando que “el levantamiento de los reparos de forma sistemática [por parte del exalcalde Fernando Clavijo] demuestra la intencionada y reiterada voluntad de incumplimiento de los principios básicos de la contratación pública. Se burla de forma consciente el ordenamiento jurídico, poniendo la voluntad del alcalde por encima de la Ley”.
Los perjuicios económicos “son evidentes y cuantificables. En primer lugar, si otros licitadores hubieran conocido que la duración del contrato iba a ser tan dilatada, posiblemente hubieran mejorado su oferta. En segundo lugar, con una nueva contratación entrarían en escena otras empresas, siendo posible que las ofertas que presentaran fueran más competitivas. En tercer lugar, es posible que el servicio se viera mejorado con una nueva contratación, por no hablar de que se priva a las demás empresas del derecho participar en los contratos públicos”.
El denunciante ha puesto en conocimiento de la Fiscalía esta nueva tanda de decretos ilegales, en cumplimiento del artículo 262 de la Ley de enjuiciamiento Criminal, porque considera que constituyen una conducta de prevaricación más que continuada que, además, ocasionó importantes daños económicos al erario público lagunero.
Según Santiago Pérez, en el ámbito de la gestión de servicios públicos a través de empresas privadas, Clavijo consolidó un auténtico sistema de ilegalidad cuyos orígenes en La Laguna se remontan en algunos casos a la etapa inmediatamente anterior a que accediera a la Alcaldía, la de Ana Oramas, hoy diputada nacional, tal y como desvelan algunos de los informes de Intervención aportados a la denuncia que ya tiene en su poder la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife.
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