La jueza del conocido como caso Monkey, por el que se investiga a 13 personas vinculadas con las obras de ampliación de un local de ocio situado en primera línea de la playa de Troya, en Adeje (Tenerife), ha dictado un auto por el que prorroga 12 meses más la instrucción de la causa penal.
La resolución de la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 4 de Arona, a la que ha tenido acceso Mírame Televisión, se produce a raíz de una petición formulada por la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife. El auto acuerda conceder una prórroga de 12 meses del plazo de instrucción “en atención a la complejidad” del procedimiento.
En el caso Monkey se investiga un presunto delito contra la ordenación del territorio, en su vertiente de prevaricación urbanística, por el que se encuentran imputados el actual alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga; el resto de concejales de la Junta de Gobierno Local que concedió la licencia de las obras, donde figura la actual directora insular de Desarrollo Socioeconómico del Cabildo de Tenerife, Ermitas Moreira; el exviceconsejero regional de Política Territorial Jesús Romero; la exjefa de la Demarcación Provincial de Costas, Teresa Sánchez; así como técnicos de las administraciones implicadas en la concesión de los permisos que permitieron la ampliación de las instalaciones.
El auto de la jueza Sofía Elena Valdivia fue dictado el pasado 8 de febrero, solo unos días después de haber emitido una providencia donde la magistrada vuelve a pedir una prueba pericial que ya fue encargada en los primeros meses de la instrucción y que no se ha llevado a cabo ante las dificultades que ha tenido el perito para acceder a documentación relacionada con la ampliación del Monkey Beach.
La magistrada ordena que se proceda a “entregar la documentación solicitada a fin de que se presente la pericia acordada”. En la misma providencia, la jueza requiere al técnico para que recoja en su informe “si ha existido aumento de la volumetría en las obras de ampliación” y exponga “las resoluciones dictadas a lo largo del tiempo” en relación con los trabajos acometidos en el local de ocio, propiedad de la familia Cabrera.
La providencia judicial también requiere al perito para que manifieste cuáles de las resoluciones dictadas “van en contra de la legislación”, además de “qué órgano o autoridad ha vulnerado con la emisión de un informe o autorización la normativa aplicable”. La providencia ha sido recurrida por la defensa de Jesús Romero, que considera que la jueza “excede los límites de la prueba pericial” al solicitar un pronunciamiento jurídico en lugar de una aclaración de los hechos.
El establecimiento del Monkey Beach Club, cuya construcción original data de 1977, ocupa la servidumbre de protección y de tránsito del dominio público marítimo-terrestre, donde la Ley de Costas de 1988 impide las obras que supongan un aumento del volumen de las edificaciones levantadas antes de la entrada en vigor de la norma estatal. Pese a las restricciones urbanísticas que afectan al local de ocio, la Consejería de Política Territorial del Gobierno canario y el Ayuntamiento de Adeje concedieron los permisos necesarios para autorizar el primer proyecto de ampliación y un modificado presentado durante el desarrollo de los trabajos.
Son varios los incumplimientos detectados durante la instrucción de la causa penal, que se abrió a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife. La Ley de Costas establece que “se deberá evitar la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes” en la zona de influencia del dominio público marítimo-terrestre, lo que incluye la servidumbre de protección, sobre la que se ubica la nueva instalación del Monkey Beach Club.
La Ley de Costas también incorpora una disposición transitoria, la cuarta, que es clave para entender las sospechas que pesan sobre la ampliación del local de ocio al regular las limitaciones que afectan a las construcciones anteriores a la entrada en vigor de la normativa estatal. En referencia a las edificaciones en zona de servidumbre de protección, establece que “podrán realizarse obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie”. La reforma del Monkey Beach Club ha permitido al establecimiento incrementar sus dimensiones en 440 metros cuadrados y crecer en dos plantas.
La principal duda que tendrá que resolver el perito es si la ampliación llevada a cabo por el establecimiento se produjo sobre la misma unidad edificatoria, uno de los aspectos técnicos que más controversia genera y que vendría a demostrar que la reforma realizada se llevó a cabo sobre la antigua construcción, lo que complicaría su compatibilidad con la Ley de Costas.
Los incumplimientos de la normativa urbanística llevaron al Ayuntamiento a precintar el local, acostumbrado a organizar fiestas en primera línea de playa, y ahora solo cuenta con permiso para desarrollar actividad de restauración.
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