Como si la Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) hubiese sufrido graves problemas de comunicación durante su cogobierno con el PSOE desde 2019, el documento que ha suscrito con el PP y CC para censurar, este viernes, al alcalde Marco González aborda con detalle la política de prensa, redes sociales, publicidad e imagen del nuevo pacto. Tanto, que la ubican al principio de un documento de 25 páginas, ocupa un total de cinco (de la 6 a la 10, ambas incluidas) y se antepone a las actuaciones específicas de cada área.
Esas páginas siguen al objetivo principal del acuerdo, concebido como de “emergencia política” para la ciudad, al reparto de áreas, las tenencias de Alcaldía, cómo procederá la mesa del pacto y el modo en que se aprobarán los presupuestos hasta 2027. Pero llama la atención que, inmediatamente después y antes de concretar las actuaciones por concejalías, ya esbozadas en la rueda de prensa del viernes 2 de agosto de presentación de la censura, se detengan en una política de comunicación que, por lo que le consta a este periódico, creó diversas fisuras y diferencias entre el PSOE y ACP en los últimos cinco años.
Eso explica el nivel de detalle en estas cinco páginas, que incluyen un objetivo inicial en pro de una comunicación de la gestión “equilibrada, en igualdad de condiciones” y fundamentada en un reparto del trabajo y la responsabilidad de cada área y concejalía, siempre en busca de la máxima visibilidad de la labor de todos con medios propios o exteriores. Para ello, creen pertinente crear una “comisión de comunicación” integrada por personal eventual de cada uno de los tres partidos y el coordinador de prensa designado por el nuevo alcalde, Leopoldo Afonso (PP), aunque con unas funciones a especificar entre las tres formaciones. En este punto, hacen aún más aclaraciones, pues recalcan que ese coordinador no tendrá una relación jerárquica con los tres responsables de prensa (uno por partido), que llevarán las redes sociales de sus respectivas áreas, y que todas las decisiones en comunicación se tomarán siempre bajo la premisa del consenso.
El pacto también se refiere al acceso y uso de los perfiles oficiales del consistorio y al de Telegram, dejando claro, de nuevo, “que las tres formaciones se comprometen a no interferir en el contenido y protagonismo del socio de gobierno, sus áreas y contenido”.
Por supuesto, acuerdan no usar los medios municipales para cuestiones partidistas o personales, al tiempo que podrán usar las redes propias de los partidos para difundir lo que crean de la gestión local siempre que haya sido difundido antes por los medios del ayuntamiento.
Consensuan también el uso del correo electrónico municipal, la comisión de comunicación se reunirá una vez al mes para evaluar las “métricas o contenidos” por áreas o con más antelación si algún socio lo pide. Además, responderán a los comentarios de los vecinos en redes (con potestad para eliminar los insultantes) y los comunicados de cada concejalía no se modificarán por otras partes del acuerdo, salvo consenso general. En aras del “equilibrio”, acuerdan que, como mínimo, haya un 25% de notas de prensa de cada partido a la semana, y lo mismo en las redes sociales, el sitio web municipal y su sección de noticias, eventos y otras. Además, se creará una línea gráfica específica para que haya unanimidad en el uso y se consensuará toda la publicidad institucional y programa comunicativo que se contrate.
Actuaciones específicas en la ciudad y otros acuerdos de cogestión
A partir del final de esa página 10, el acuerdo se adentra en las acciones de gobierno específicas, que, como ya detallaron hace diez días, insiste en la lucha contra los vertidos fecales en el mar y la necesidad “urgente” de dotar de recursos al área de contratación del ayuntamiento, personal cualificado para el archivo municipal y concluir el proceso de estabilización de personal laboral y funcionario.
Asimismo, y como ya detallaron, apuestan por regularizar las concesiones ya vencidas, asignación de recursos a las actuaciones con proyecto de ejecución, crearán una empresa de integración municipal, se trasladará el archivo, se contratará un servicio jurídico externo que asesore y apoye la gestión administrativa y se sustituirán los concursos de belleza infantiles por galas de la infancia, en lo que ACP presentó como uno de los cambios ideológicos frente al PSOE. Asimismo, cambiarán o ampliarán las líneas de guaguas interurbanas que pasan por el Botánico y La Vera, se impulsarán las infraestructuras verdes, se creará una plaza en la antigua estación de guaguas, abogan por dos bolsas de vivienda social, por reformar el pabellón Miguel Ángel Díaz, el terrero de lucha de Punta Brava y por mejorar los seis polideportivos.
El acuerdo también incluye la actualización anual de los salarios de la corporación en función del IPC y un compromiso de apoyo mutuo entre las iniciativas que presente cada grupo, que deberán estar previamente consensuadas. Además, los oficios de boda por parte de concejales seguirán “criterios de funcionalidad y reparto” y se organizarán cada semana “entre todos”.