El pleno del Cabildo de Tenerife desiste de comprar a dedo el edificio de Plasencia pero CC y PP aún dejan una puerta abierta

El pleno del Cabildo de Tenerife celebrado este viernes ha permitido constatar que las relaciones entre CC y PSOE, los dos socios de gobierno, están al borde de la ruptura y ya solo es cuestión de tiempo que el divorcio se consume.

El principal desencuentro en esta sesión fue sobre el intento de compra a dedo de un edificio de 13 plantas en Cabo Llanos por 23 millones de euros a una empresa de la familia de Antonio Plasencia, Carlacand, para usarlo como geriátrico, operación que ya solo defendía CC y de la que el Cabildo ha desistido a raíz de una enmienda del PP, apoyada por los nacionalistas, a sendas mociones de PSOE y Podemos, pero que, según se desprende del tenor literal de lo aprobado, no cierra la puerta a que en el nuevo proceso de búsqueda de un inmueble el conocido constructor, doblemente condenado en el caso Las Teresitas y el caso Áridos, pueda hacer una nueva oferta y esta logre ser la elegida.

Mientras que el PSOE (que ha reculado en este asunto pues inicialmente apoyó esa compraventa) y Podemos defendieron cerrar toda opción a Plasencia descartando la compra de un edificio privado con su apuesta por construir un centro sociosanitario nuevo en suelo público mediante concurso, lo acordado entre CC y PP implica desistir de “la oferta actual” de Carlacand para a continuación “iniciar un proceso de búsqueda y adquisición de un edificio en el área metropolitana dentro del marco de la Ley de Patrimonio de la Administración del Estado”, lo que puede ser la opción de oferta pública ya anunciada por el presidente insular Carlos Alonso, de CC, tras dar marcha atrás con la compra a dedo.

El texto del acuerdo, por tanto, no especifica si se hace por concurso público o no, pues esa ley es precisamente la que usó CC en el Instituto de Atención Social y Sociosanitario (IASS) para intentar comprar a dedo a Plasencia, al permitir la compra directa de un bien, justificándola en determinados supuestos, o por pública concurrencia.

Es cierto que el PP, durante la intervención de su portavoz, Sebastián Ledesma, en el pleno, con vehemencia quiso “dejar claro” y “sin margen de duda” que su grupo está “rotundamente” en contra de que se adquiera ese inmueble por cuestionar el expediente y por “la alarma social” que ha generado, así como “porque no es el adecuado” para residencia de ancianos. Sin embargo, la redacción del acuerdo aprobado, según interpretan PSOE y Podemos, es ambigua y deja la puerta abierta a que Plasencia pueda volver a presentar su oferta dentro de la convocatoria pública. Además, ni siquiera se hace constar que tenga que ser por concurso público.

Para encontrar este matiz, hay que acudir a lo que no está en el acuerdo, al compromiso anunciado días pasados por el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, quien, tras perder apoyos para esa compra, anunció una convocatoria pública de ofertas -en la que, por ley, no se puede vetar a Carlacand-. Además en nota de prensa tras este pleno, el portavoz insular de CC, Alberto Bernabé, alude a que la alternativa planteada por el PP “permite insistir en la búsqueda de un inmueble que pueda ser utilizado con fines sociosanitarios a través de un proceso público”.

La hoja de ruta aprobada, en todo caso, incluye entablar conversaciones con la Seguridad Social (no se menciona ningún otro organismo público) para ver si tiene inmuebles que puedan ser cedidos para uso sociosanitario y también habilitar un concurso dirigido a centros sociosanitarios privados para contar con plazas provisionales en el área metropolitana donde reubicar temporalmente a los pacientes del hospital Febles Campos y la residencia de ancianos de Ofra, que serán demolidos y reconstruidos.

Solo si todas esas medidas no funcionan, según han aprobado CC y PP, dentro de seis meses se usaría la vía de construir un edificio nuevo, por concurso y en suelo público, que es la opción que defendieron Podemos y el PSOE para que de ningún modo el IASS pudiera hacer la compra a Plasencia.

Podemos advierte de la “extraña” votación repetida

La única consejera que puso objeciones desde el principio a esta compra, Mila Hormiga, de Podemos, no se anduvo con ambages y dijo que esta operación iba dirigida a “financiar la corrupción”. Destacó que de momento se ha “frenado” gracias a su grupo y la prensa que ha aireado las “chapuzas” del expediente administrativo, lo que ha generado “una alarma social” al tratarse del mismo empresario “corrupto” condenado por el caso Las Teresitas “que financia a los tres partidos”, la misma tasadora que en esa causa quedó desacreditada y el mismo partido, CC.

La consejera felicitó a PP y PSOE por haber rectificado su apoyo inicial a este trámite “turbio” y se preguntó “cuántas cosas se habrán aprobado así, sin que se lean los expedientes”. No obstante, tras el pleno, Hormiga apuntó que la marcha atrás del Cabildo en este asunto se ha aprobado “de forma edulcorada”, por una enmienda a la totalidad presentada por el PP a las mociones de PSOE y Podemos, apoyada por CC y que salió adelante “tras una extraña doble votación”.

Alude así Hormiga a que en un primer momento esta enmienda había sido rechazada por 13 votos a 12, pero un consejero de CC, Antonio García Marichal, advirtió de que su voto no se había registrado correctamente, así que se repitió la votación y en esta ocasión las tornas cambiaron y resultó aprobada.

La consejera de Podemos se preguntó por qué se intentó comprar el edificio sin concurso público, por qué con un uso urbanístico en el aire por la posible anulación del Plan General de Ordenación de Santa Cruz y con dudas sobre si cumple con las condiciones estructurales y técnicas para prestar servicios sociosanitario. También cuestionó el “arbitrario” precio para esa compra de casi 30 millones de euros (6,1 para adecuarlo al nuevo uso, con obra que ejecutaría el propio Plasencia) y las “anomalías e irregularidades” en su tramitación.

Reyes se escuda en los ancianos para defenderse

Pero no hubo respuestas a las grandes preguntas sobre los raros entresijos del expediente que ha ido publicando Tenerife Ahora. La directora del IASS, Juana María Reyes (CC), visiblemente nerviosa, se limitó a explicar que “desde el momento cero” en que se encargó el proyecto para el Febles Campos se buscó un edificio para realojar a los pacientes, porque construir un nuevo edificio en suelo público demoraría el proceso años. Admitió que el expediente fue rápido para no perder la financiación en 2019 y aprovechar la oferta, que era por tres meses.

En lugar de despejar las dudas sobre el expediente (no ha aclarado aún cómo es que la oferta de Carlacand tiene registro de entrada en el IASS dos meses después de que se trabajara ya en su consecución), Reyes defendió su actuación, e intentó derivar la atención hacia la situación de los usuarios en el Febles Campos, por lo que dijo lamentar que “esa necesidad de los pacientes [de un nuevo centro] no se atienda”.“Se puede esperar 3, 4 o 6 años en tener nuevas plazas, pero a lo mejor sería bueno que se lo explicaran también ustedes a las más de 3.000 familias que están en lista de espera”, le espetó a quienes le critican su gestión en este asunto. Aludió además al “coste de oportunidad” de la operación, lo que haría que “en 15 meses se amortizara” esa inversión.

La responsable del IASS dijo que lo único que ha aprobado este organismo es “el inicio del expediente de compra”, en el cual, apostilló, “no teníamos nada que ocultar” puesto que constaba el nombre de la empresa ofertante, por lo que apuntó que a día de la fecha “no hay obligación con ningún propietario”. Contrasta este planteamiento con que al día siguiente de que se adoptara el acuerdo en el consejo rector del IASS, Alonso anunciara la compra y la diera por hecha, elogiando además sus ventajas.

Bernabé: “Con Hortensia y sin Plasencia no habría polémica”

El portavoz de Coalición secundó la estrategia de Reyes, quien, obviando las preguntas aún sin respuesta sobre las anomalías en el expediente, lanzó una frase sarcástica que dejó boquiabiertos a algunos consejeros del PSOE y de Podemos: “¿Alguno cree que si no fuera Plasencia sino Hortensia hoy no estaríamos debatiendo esto?”.  Con tales mimbres trató de zafarse de las críticas de Podemos al considerar que es “falsa” su acusación de que se trata de corrupción, y también de las del PSOE, al entender que los socialistas “no están de acuerdo con la compra solo porque el nombre del propietario no les gusta”. En una especie de “y tú más que yo”, el portavoz de CC contratacó con una noticia publicada este viernes en El Día titulada “El PSOE de La Laguna estuvo unos 25 años en un local de Plasencia, presuntamente sin coste económico”.

Solo fue indulgente con el PP, porque “su enmienda tiende algunos puentes” para resolver el problema. Y el quid, para Bernabé, en absoluto es Plasencia: “Tenemos que poner en el centro del debate a los mayores, no a la propiedad”, y en este sentido apuntó que la alternativa aprobada “es peor porque es más lenta” para los ancianos que adquirir el edificio.

Para CC no hay sombra de corrupción en este expediente del IASS, pues “es legal”. ¿Por qué entonces se da marcha atrás a la operación? “Porque hay alarma social, al punto de que el presidente del Cabildo plantea una oferta pública”, concluyó.

Los socialistas ven injustificada la compra a dedo

Desde el PSOE, Miguel Ángel Pérez trató en vano de buscar respuestas técnicas a las dudas que tiene sobre el expediente. Así, el consejero socialista, además de apuntar quién es el vendedor, consideró que el inmueble de Plasencia surge “de buenas a primeras por una necesidad imperiosa no justificada” porque “no aparece en el modelo sociosanitario” de la isla aprobado en 2018 ni existe un motivo urgente para desalojar el Febles Campos, donde hace unos años se invirtieron 600.000 euros en medidas de seguridad. No obstante, admitió que es necesario una nuevo centro, que a su juicio se puede construir en suelo anexo y para ello se pueden utilizar procedimientos urbanísticos excepcionales como los aplicados con Las Chumberas. 

Además, para Pérez, “el expediente adolece de falta de justificación clara sobre por qué una compra directa y no por concurso abierto; y tampoco hay un solo informe que diga que se puede autorizar la compra, pero CC lanzó las campanas al vuelto”. De igual manera, subrayó, ningún funcionario público hizo una tasación alternativa a la de Tinsa.

Esta argumentación la remató la también consejera del PSOE Josefa Mesa, quien, en alusión a que es una empresa de la familia Plasencia, advirtió de que el Cabildo, con dinero público, “no puede solucionarle problemas a ninguna persona ni dejar puertas abiertas a nada que no queramos”, en clara alusión a que Plasencia afronta por el caso Las Teresitas y el caso Áridos de Güímar responsabilidades económicas que sobrepasan los 100 millones de euros. Añadió que “un pacto”, el que tiene el PSOE con CC, “no tiene que ser un mero intercambio de cromos”, y remachó su discurso con unas palabras del propio presidente del Gobierno canario y líder de CC, Fernando Clavijo, según el cual “por mucho que al final pueda ser legal esta compra no es moralmente correcta”.

El PP cree “accesoria” la polémica sobre Plaencia

Sebastián Ledesma, portavoz popular, afeó a Podemos que pese a sus críticas se abstuviera en el acuerdo inicial sobre este expediente, “pues abstención no es oponerse, sino dar un visto bueno, e incluso en procesos penales están investigados los que se abstienen”. En el caso del PP, que votó a favor en aquel consejo rector del IASS del 28 de diciembre, el cambio de opinión lo justifica con que “hubo una quiebra de confianza” en CC tras conocer los detalles de la documentación y la “alarma social” creada.

“Hay que reconocer que nos hemos equivocado y se debe desistir de esta compra”, remarcó, e insistió en que el edificio de Cabo Llanos “no es el adecuado porque no fue configurado para albergar un proyecto sociosanitario” y además el cambio de uso plantea “dudas  urbanísticas” si se anula el Plan General.

En todo caso, el PP se abonó también a la tesis de CC sobre que “lo accesorio” es la polémica sobre Plasencia y que lo importante es “no desviarse” de que el objetivo es solucionar el problema de la falta de plazas sociosanitarias.

En un comunicado posterior, el grupo Popular presume de que “ha logrado finalmente” que el Cabildo desista de la compra del edificio de Cabo Llanos “debido a los problemas de todo tipo que han surgido en relación tanto con la idoneidad de la compra, dadas las circunstancias en torno a la propiedad del bloque, como a la situación del propio inmueble y su morfología, que implican una alta complejidad para su adaptación al uso sociosanitario”.

Tras asistir al enfrentamiento entre CC y PSOE, Ledesma bromeó con que los socialistas parecen ya “más oposición que nosotros” y observó que en este pleno “se ha escenificado el distanciamiento claro y evidente”. Por su parte, PSOE y Podemos lo que han observado es un acercamiento entre CC y PP.