El gobierno del Cabildo de Tenerife (CC-PP) lleva un año y cuatro meses intentando lograr lo que el anterior equipo gobernante (PSOE-Cs, con apoyo exterior de Sí Podemos) también criticó antes, anunció que lo conseguiría pero vio cómo se cerró su mandato sin ningún avance real: recuperar el dinero público invertido por el Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER) en bitcoins, cifra luego multiplicada por mucho. Sí, en la célebre, polémica y danzarina criptomoneda que, al igual que sube como la espuma al comprobar que Trump vuelva a “reinar”, hunde también a inversores engañados por supuestos gurús que, en muchos casos, ya han dado con sus huesos en cárceles de diversos países de todo el planeta. Y es que los 10.000 euros invertidos inicialmente por la Administración tinerfeña en 2012 se han convertido ya, al menos, en unos 9 millones de euros que, sin embargo, no ha podido recuperar aún pese a los anuncios, las críticas cruzadas y las supuestas gestiones de gobiernos de distinto signo.
Ahora, el pacto de nacionalistas y conservadores anuncia a Canarias Ahora que ha dado “instrucciones y ya se está en conversaciones con varias entidades financieras para establecer los procedimientos por los que poder convertir esos bitcoins, que pueden estar en una cotización que puede rondar los 9 millones de euros y que se adquirieron en el año 2012 en el marco de un proyecto relacionado con la tecnología blockchain” (la forma más usada para comprar, vender e intercambiar esta moneda). Según el equipo actual, esa inversión “se ha convertido hoy en un activo público que se va a materializar y revertir en la comunidad científica y en el sector de renovables, dentro del plan de inversiones para los próximos años del ITER”.
El gobierno, de hecho, asegura que ya está en conversaciones “con entidades financieras que puedan gestionar la operación de venta de estos activos”, si bien matiza que “no son muchas las que operan en este mercado en España, pero queremos hacerlo con todas las garantías de un operador regulado. Resolveremos lo que el PSOE no fue capaz de hacer”. En este sentido, CC y PP recuerdan que “hubo acuerdos a distintos niveles del anterior grupo de gobierno para deshacerse de esos bitcoins, pero lo cierto es que fueron incapaces -como tantas otras cosas- de llevar a término esos acuerdos”. Eso sí, lo que no se aclara es dónde está exactamente ese dinero y por qué ha costado o sigue costando tanto recuperarlo y, por tanto, reinvertirlo.
Minado, mundo “opaco” y los riesgos de ponerlos a nombre de alguien
Ya en el mandato anterior, el entonces presidente insular, el socialista Pedro Martín, denunció la compra en sí de bitcoins por parte del Cabildo a través del ITER por usarse dinero público en un “mundo opaco”, se comprometió a recuperarlo, pero nunca pudo responderle a CC, ante sus distintas preguntas, que habían logrado recuperar la cantidad existente en cada momento. De hecho, y según se fue publicando entonces por diversos medios, el gobierno del PSOE y Cs estuvo desde 2021 intentando dar con la fórmula para vender esos bitcoins, para cuyo minado (proceso mediante el que se añaden nuevas transacciones a la blockchain de Bitcoin, permitiendo que nuevos bitcoins entren en circulación) se usó el superordenador del ITER.
Es más, el propio expresidente insular de entonces, Carlos Alonso, justificó ese minado de bitcoins “no por la vertiente monetaria, sino por el elemento digital, el blockchain, por su desarrollo tecnológico”. Una inversión, sin embargo, que el PSOE siempre censuró por sus riesgos, porque considera que el dinero público no está para esto (las administraciones fueron vendiendo sus compras en esos años) y porque el ITER tiene como fin el desarrollo de las energías limpias, y no las inversiones monetarias. Ya con el PSOE en la presidencia insular, el entonces vicepresidente, Enrique Arriaga (Cs), dio pistas de las dificultades para la recuperación, ya que indicó que se había explorado la posibilidad de poner los bitcoins a nombre del consejero delegado del ITER, pero podría suponerle problemas por el incremento patrimonial que experimentaría.
De momento, ha pasado ya un año y cuatro meses del cambio de gobierno, esos nueve millones de euros siguen sin recuperarse y los actuales responsables del Cabildo anuncian gestiones con bancos especializados (no especificados) para lograr algo que, hasta ahora, parece imposible o demasiado complejo.