La presidenta del Cabildo de Tenerife y el vicepresidente, Rosa Dávila y Lope Afonso, respectivamente, se han mostrado partidarios este miércoles de explorar la vía de la negociación para resolver las deficiencias estructurales que presenta el Auditorio Adán Martín, que costó 74 millones de euros, el triple de lo inicialmente presupuestado.
En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, Dávila ha reconocido que la infraestructura cultural “se cae a cachos” y ha explicado que la concesión de un año más al arquitecto Santiago Calatrava en el plazo para definir la rehabilitación del edificio partió de una propuesta de la jueza que instruye el caso. El PSOE había pedido esta semana explicaciones por esa ampliación del plazo que debía haber expirado en enero de este año, con los costes añadidos que ello supone.
La presidenta ha lamentado que este proceso quedó “paralizado” en el anterior mandato, al contrario de lo que explicó esta semana el PSOE, y no entiende que los socialistas ahora “se rasguen las vestiduras después de no haber hecho nada durante los anteriores cuatro años”. Sin embargo, el PSOE recordó esta semana que no solo adoptó medidas para evitar la caída de mosaicos de la fachada, sino que dio un plazo al arquitecto para presentar un plan de reparaciones. Dicho plazo expiró el pasado enero, pero fue ampliado un año por el nuevo gobierno insular, presidido por Dávila.
Pese a ello, la presidenta ha insistido en que en la pasada legislatura no se le requirió a Calatrava “con la suficiente energía” que presentase su propuesta de rehabilitación, algo que sí se ha hecho ahora, según ella, y por requerimiento de la magistrada. “La verdad que tiene guasa la cosa”, ha apostillado.
En parecidos términos se ha expresado Lope Afonso, quien ha enmarcado el problema del Auditorio en una “lista ciertamente extensa” de asuntos que no dejó bien “encauzados” el equipo de gobierno anterior y entiende que una salida negociada puede ser una “buena solución” al litigio que mantienen abierto el Cabildo, el estudio de Calatrava y la empresa que se encargó de las obras.
Los técnicos del Cabildo cifraron en 2022 la reparación de los desperfectos en unos 24 millones de euros, trabajos que además obligarían al cierre de las instalaciones durante un año.
El PSOE exigió responsabilidades a Calatrava
El PSOE ha explicado que durante el mandato de Pedro Martín al frente de la corporación se acordó la exigencia de responsabilidades e, incluso, se estableció un cronograma a Calatrava para realizar el trabajo.
Sin embargo, apunta que con la llegada de Rosa Dávila a la presidencia, el nuevo grupo de gobierno amplió el plazo dado al arquitecto en doce meses y “no ha dado explicaciones” acerca de qué medidas adicionales ha llevado a cabo para mejorar la situación en el edificio.
El PSOE también recordó que bajo el mandato de Martín se adoptaron medidas al encontrar un Auditorio en un estado “lamentable”, por lo que hubo que colocar sensores para evitar la caída del mosaico de la fachada, mediar entre las partes para que procedieran a la reparación y, una vez visto que era imposible, iniciar la reclamación correspondiente, tanto al arquitecto, como a la dirección facultativa y a las empresas constructoras.